Fue aprobada la adhesión provincial, que será implementada en enero de 2020.

Tucumán adhirió a la Ley 26.052, que determina la provincialización de la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737, que permitirá que la justicia tucumana tome intervención en casos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.

Instrumento legal

El secretario de Lucha Contra el Narcotráfico, Carlos Driollet, explicó que se trata de un instrumento muy útil que servirá para luchar contra el flagelo de la droga. “Es una muy buena herramienta que brinda más celeridad al proceso policial y al judicial”, señaló.

Adhesión provincial

En este sentido, el funcionario manifestó que fue aprobada la adhesión provincial y que el próximo paso será su implementación, desde enero del 2020. “La Ley hace alusión al artículo 34 donde las provincias se adhieren a provincializar la ley de narcotráfico y pueden ser llevados adelante por la justicia provincial”.

Desbordados

“En nuestra provincia no son suficientes los juzgados federales existentes para hacer frente a los delitos de narcotráfico que hay, por lo que esta será una herramienta muy buena pero que tiene su complejidad para su aplicación actualmente”, agregó y dio detalles de las dificultades que se afrontan.

“Desde que esta Ley se puso en vigencia en diferentes provincias del país, ninguna recibió la financiación del Gobierno Nacional que es requerida, y el caso de Tucumán no es diferente. Hay que comprender la complejidad que tiene implementar una ley de esta envergadura: será necesario armar toda una estructura judicial y adecuarla para hacer frente a este delito”, detalló.

Procesos más eficaces

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, explicó que a partir de esta Ley los procesos se podrán realizar de manera más eficaz y dinámica. “El gran beneficio será que ahora los procesos serán expeditivos, con un tratamiento in situ de inmediato y se podrá diferenciar la problemática de la comercialización de la del consumo”, destacó y aclaró que el presupuesto requerido abarca diversas tareas.

“Poner en práctica esto necesita de los fondos pertinentes que serán destinados a la creación de laboratorios especializados, con recursos humanos capacitados y profesionales tanto en lo técnico como en la investigación y lo sanitario, centros de análisis, equipos forenses y la prevención de adicciones”, explicó.

Implementación

Carlos Driollet explicó que la implementación implicará la creación de tres nuevas Fiscalías y dos nuevos Juzgados, que estarán distribuidos en los Centros Judiciales de Capital y de Concepción y que tomarán intervención en casos de microtráfico de estupefacientes o narcomenudeo, mientras que las causas que impliquen a grandes organizaciones o cargamento seguirán estando a cargo de la Justicia Federal.

“Se tratará de un trabajo conjunto en el que permanentemente habrá colaboración para poder dar soluciones ante este problema que se vive en la provincia”, señaló.

“Es una norma altamente positiva. Todo lo que se haga a favor de mejorar y fortalecer esta lucha contra el narcotráfico es positiva. Como toda ley, puede tener falencias pero una vez aplicada se analizarán las variables y se irá buscando alternativas beneficiosas”, afirmó.

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