Comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército en la investigación del asesinato del fiscal. Se apunta además a ex funcionarios judiciales y políticos por supuestos intentos de desvío del caso, para que parezca un suicidio.
A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia refuerza su avance sobre una de las líneas más sensibles del expediente a la hora de intentar esclarecer quiénes asesinaron al fiscal. Ya se considera probado que se trató de un crimen vinculado de manera directa a su función como investigador del atentado a la AMIA y denunciante de Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.
Los agentes de inteligencia
Se busca esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia del Ejército que, según se logró determinar, estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes del hallazgo del cuerpo del fiscal con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en las torres Le Parc, en Puerto Madero.
A Nisman le faltaban horas para presentarse en el Congreso de la Nación y revelar detalles de su denuncia contra la entonces Presidenta, funcionarios de su gobierno y otros implicados por supuesto encubrimiento del ataque que dejó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, sede de la mutual judía en el barrio de Once, con la firma del Memorándum.
Las líneas de la investigación
En los últimos meses, comenzaron a declarar como testigos integrantes del área de inteligencia militar operativa en 2015. Ya prestaron testimonio al menos 15 agentes —cuya identidad se mantiene bajo reserva— aunque el universo bajo análisis es mucho más amplio. Los investigadores reconocen que el tiempo pasa y esto marca el inicio de un largo camino que esperan que los lleve -al final- a un pequeño grupo cuyos teléfonos fueron ubicados en la zona de Puerto Madero ese fin de semana. Pero también remarcan los obstáculos que enfrentaron durante años para el avance del caso, los intentos por desviar la investigación para que parezca un suicidio y el accionar al respecto de funcionarios de entonces para que el caso no avance.
Esto es parte de una segunda línea de investigación sobre responsabilidades políticas en la que esperan novedades durante la primera mitad de 2026. Hubo un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” y para ello resultó “esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.
El papel de la política
Ahora se intentará avanzar con nombre y apellido en más imputaciones concretas hacia quienes, para los investigadores, fueron parte de este presunto plan. El punto de partida será la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, primera investigadora del caso, programada para fin de febrero.
Inteligencia ilegal
Hasta ahora, los agentes de inteligencia del Ejército aportaron información sobre la estructura interna, el funcionamiento operativo y la cadena de mandos vigente en ese período, cuando la fuerza estuvo comandada por César Milani. La atención de los investigadores se concentra en dilucidar si esos agentes descubiertos merodeando por Puerto Madero durante el fin de semana de la muerte del fiscal cumplieron órdenes que no se les tendrían que haber dado.
Según fuentes judiciales, se sospecha que “cuanto menos” estaban haciendo inteligencia interna prohibida por ley. Ninguno fue convocado aún a declarar, aunque sus datos ya están incorporados al expediente. Surgieron a partir de informes de geolocalización de teléfonos celulares.
La hipótesis central apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal (cuatro días antes de morir) contra la entonces presidenta, funcionarios de su gobierno y otros acusados por supuesto encubrimiento del atentado. Tras un largo derrotero judicial, la denuncia de Nisman finalmente se convirtió en una causa penal que irá a juicio oral sin fecha todavía de inicio en los tribunales de Comodoro Py 2002.
AMIA, Memorándum y muerte de Nisman
La causa por la muerte del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman. Encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas. Hay pedidos de más personal todavía pendientes.
Para los investigadores, el atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA —que dejó 85 muertos—, la firma del Memorándum con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner y el crimen de Alberto Nisman forman parte de una misma matriz. En ese marco, sostienen que desde ciertos sectores se trabajó activamente para que no se conociera qué ocurrió realmente con el fiscal y que parte de esas maniobras tuvieron como objetivo ocultar movimientos, borrar huellas y desviar la investigación. “Está plenamente probado que hubo acciones destinadas a impedir que se investigara”, aseguran a Infobae fuentes con acceso al expediente.
La causa avanza sin querella particular
Gran parte de los 11 años transcurridos desde la muerte de Nisman estuvieron marcados por obstrucciones, negativas a entregar información y falta de cooperación institucional. La causa avanza sin querella particular a instancias de la fiscalía y a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación. Para obtener cierta prueba fue necesario allanar años atrás la Casa Rosada y la sede central de la ex SIDE, recuerdan.
En este contexto, está prevista para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal ya jubilada Fein, quien tuvo a su cargo la investigación inicial del caso en el fuero criminal ordinario. En paralelo, los investigadores consideran probada la existencia de una supuesta orden expresa desde la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia —que en ese momento conducía Oscar Parrilli— para realizar tareas de inteligencia ilegal sobre la propia fiscalía que investigaba la muerte de Nisman.
Así lo confirmaron numerosos agentes de la AFI que declararon en los últimos años ante el Ministerio Público Fiscal. También se detectaron llamadas a funcionarios políticos por parte de la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Esto se sumó a las 31 comunicaciones que hizo el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni a Cristina Kirchner, algunas de ellas desde el departamento de Nisman. La prueba surgió de decenas de pedidos de informes a compañías telefónicas cursados en los últimos años.
La muerte del fiscal
Nisman fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc, en Puerto Madero, a las 22.32 de la noche del domingo 18 de enero de 2015.
En 2018, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires avaló la hipótesis del asesinato y descartó el suicidio, en coincidencia con las conclusiones del juez Ercolini y el fiscal Taiano, quienes se basaron en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Nacional, entre otras evidencias. Nisman murió entre las 20 del sábado 17 y las 10 de la mañana del domingo 18 en su departamento del piso 13 del complejo.
A 11 años, aún se ignora “la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”. Ese fin de semana, durante casi 13 horas, Nisman no contestó mensajes ni realizó llamadas, no levantó el diario de su puerta.
El año pasado, en la víspera del simbólico décimo aniversario, el presidente Javier Milei ordenó desclasificar una nueva tanda de archivos de inteligencia. La mira estuvo puesta en el escenario que se vivía a finales de 2014 y principios de 2015, con los cambios dispuestos en la AFI por el kirchnerismo. Desde antes de su muerte, el por entonces titular de la UFI AMIA era víctima de seguimientos ilegales físicos y virtuales: en un correo electrónico le enviaron un virus “troyano” que no llegó a activar.
Hasta ahora, un solo procesado
En el expediente central, hasta ahora, el único procesado en relación directa a lo ocurrido es el técnico informático Diego Lagomarsino, como supuesto partícipe en su rol de dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo. Dijo que Nisman lo llamó y se la pidió prestada. En el expediente surge que el primer llamado provino de Lagomarsino.
El foco también estuvo puesto en los cuatro custodios asignados a Nisman por incumplimiento de deberes porque ese fin de semana -cuando todas las miradas se posaban en el fiscal- se alejaron de la zona de custodia en reiteradas ocasiones, sin explicaciones convincentes y durante horas no supieron nada de él, no respondía los mensajes y no advirtieron a sus superiores lo que ocurría.
Por el descontrol y falta de preservación de prueba en la escena del crimen están imputados Fein, Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.
Hay una pregunta que siempre desvelará a los investigadores: ¿por qué no se dio aviso esa noche al fuero federal? Nisman era fiscal, investigaba un atentado terrorista y había denunciado al gobierno de entonces. Pero los agentes de las fuerzas de seguridad en el lugar llamaron a quienes estaban de turno en el fuero en lo criminal ordinario. Durante casi dos años posteriores al deceso, el caso se llevó allí. Finalmente la Corte Suprema de Justicia resolvió el 20 de septiembre de 2016 la competencia definitiva del fuero de excepción, la justicia federal.