El municipio de Yerba Buena adjudicó a un sujeto que no cumplía con los requisitos la realización de obras en los barrios San Expedito y Ampliación San Expedito. Se le confiaron las tareas sin tener inscripción y sin que se realizaran los informes de rigor de las áreas correspondientes. Una sesión caliente.
La adjudicación directa de una obra, mediante un decreto de necesidad y urgencia, firmado por el actual intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, por un monto de 4,5 millones de pesos, es el nuevo escándalo que sacude y deja sin hojas a la “Ciudad Jardín”.
La situación se planteó de tal manera en el Concejo Deliberante, que los ediles de la oposición, encabezados por Benjamín Zelaya, avanzaron en el pedido de explicaciones sobre lo que a todas luces se presentaba como un nuevo hecho de corrupción. Temerosos de que la cuestión desembocara en una interpelación, tanto al intendente como a alguno de sus funcionarios directos, los concejales oficialistas decidieron levantarse de sus bancas y retirarse para hacer caer la sesión, que ya llevaban mal emparejada.
La cuestión fue dada a conocer en detalle por el portal El Diario en Tucumán, que consideró en su informe que cada vez que se utiliza la excusa de la “necesidad y urgencia” para justificar hechos que -mediante una vil la maniobra- invocan supuestos beneficios para los sectores más vulnerables y necesitados, ocultando beneficios propios, el periodismo y la sociedad se alerta; este caso no fue la excepción. En ese sentido, se refirieron a lo que calificaron como una pequeña porción de los 57 millones de pesos que remitió la Nación para dos barrios que por muy poco se “caen” de los límites del mapa del municipio de Yerba Buena. Estos son, los barrios “San Expedito” y el “Ampliación San Expedito“.
Desde ese medio señalaron que una parte importante del proyecto de urbanización de estos barrios, se está llevando a cabo de una manera tal, que ni la “necesidad” ni la “urgencia” plasmada en un decreto, parecen condecirse con la demora real con que la obra se ejecuta, incumpliendo los plazos previstos por el acuerdo homologado entre la Nación y el Municipio que conduce Mariano Campero.
En dónde comenzó todo
La historia comienza con un convenio para el mejoramiento de ambos barrios, firmado por la municipalidad de Yerba Buena y la Secretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación, a cargo del ex intendente capitalino, Domingo Amaya, quien en su momento le había manifestado a Campero su malestar por la demora con la que se encaraba el mejoramiento del hábitat de los vecinos de las mencionadas barriadas.
Tal cual como señala el portal en cuestión, no hay ninguna urgencia en solucionar las necesidades de los habitantes de ambos barrios, pero sí en la adjudicación directa a un tal Juan Valdez, de quien no se especifica DNI o inscripción alguna que lo habilite para ser contratado por el Estado, según las normativas vigentes. La adjudicación de la obra se hace en base a un informe realizado por la secretaria de Políticas Sociales, Soledad Gettas, lo que no es competencia de esa funcionaria municipal. Más bien podría haberse canalizado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lo que no ocurrió. Las irregularidades saltan a la vista, pero los concejales oficialistas prefirieron mantener el perfil del intendente y no dar explicaciones.