Una denuncia por extorsión contra integrantes del clan Caro abrió una investigación que podría extenderse a las condiciones en las que permanecían alojados algunos internos en el penal de Villa Urquiza. Según consta en el expediente, a Marcos Nacif, procesado por transportar 470 kilos de cocaína, le habrían exigido U$S 25.000 o una camioneta Renault Oroch a cambio de garantizarle protección dentro de la cárcel.
La presentación realizada por los hijos de Nacif derivó en allanamientos en las celdas de los denunciados, donde fueron secuestrados al menos dos teléfonos celulares. Según trascendió, durante el procedimiento también se constató que los hermanos Caro ocupaban las mejores celdas de la unidad y disponían de un televisor.
Extorsión y amenazas
El fiscal Diego López Ávila les informó que son investigados por extorsión y amenazas, entre otros delitos. Además, no se descarta que avance con una pesquisa sobre los supuestos privilegios que los hermanos tenían dentro del establecimiento penitenciario.
La Justicia también dispuso medidas de protección para Nacif y sus hijos. El procesado fue trasladado de unidad y permanece con custodia permanente.
Los policías elaboran las actas después de haber allanado el penal de Villa Urquiza.
La denuncia de los hijos de Nacif
Marcos Nacif fue detenido el 5 de junio en el sur de Tucumán cuando transportaba 470 kilos de cocaína. Es tío de Jorge “Pelaín” Nacif, investigado por tráfico de drogas.
Luego de ser indagado, el juez federal José Manuel Díaz Vélez le dictó la prisión preventiva y ordenó su traslado a Villa Urquiza, al igual que a Enrique Santos Catulo. Los otros procesados, Pablo Abraham Pérez, Rodrigo “Icha” Chávez, Matías Díaz y Fernando Catulo Chamas, fueron alojados en el penal de Benjamín Paz. En principio, todos los imputados debían ser trasladados a esa unidad.
Nacif y Santos Catulo quedaron alojados en la Unidad 10 de Villa Urquiza, donde también cumplen sus penas los hermanos Walter, Francisco y Emanuel Caro.
Antes de que Nacif cumpliera un mes en prisión, sus hijos, por recomendación de los abogados Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h), denunciaron que estaba siendo extorsionado.
25.000 dólares
Según consta en el expediente, los Caro habrían exigido U$S 25.000 o la entrega de una Renault Oroch. A cambio, supuestamente garantizarían que Nacif continuara alojado en ese sector de la cárcel y bajo su protección.
Los denunciantes sostuvieron que, si no cumplían con el pedido, los acusados amenazaban con enviar a Nacif a un pabellón habitado por personas con problemas de adicciones y donde quedaría sin protección.
Uno de los hijos declaró que su padre le había dicho que, si entregaban la camioneta, permanecería resguardado hasta que terminara el proceso judicial en su contra. También señaló que otros internos le acercaban agua y la medicación que debía tomar.
El otro denunciante relató que, durante una visita, su padre le presentó a los hermanos Caro y luego lo llevó hasta su celda. Allí, según su testimonio, le contó que lo amenazaban con una punta carcelaria y con hacerle daño o impedirle dormir si no entregaba lo que le exigían.
Las llamadas que quedaron registradas
La investigación también cuenta con conversaciones telefónicas entre Nacif y sus familiares. Los investigadores sospechan que las comunicaciones se realizaban con celulares que estaban en poder de los Caro.
“No quiero salir con los pies para adelante de esta cárcel. Por eso, la camioneta no me la voy a llevar a la tumba”, dijo Nacif en una de las conversaciones registradas por sus hijos.
En otro tramo, sostuvo que podían sacarlo del sector en el que estaba alojado y pidió a sus familiares que no acudieran a la Policía, abogados o jueces.
También les indicó que debían llevar los papeles de la camioneta durante una visita para realizar la transferencia del vehículo mediante una escribanía.
Los familiares denunciaron, además, que recibieron mensajes de WhatsApp configurados para ser escuchados una sola vez. Sin embargo, lograron registrar esos audios y aportarlos a la causa.
Allanamientos y sospechas dentro del penal
Tras recibir la denuncia, el fiscal López Ávila impulsó dos medidas.
Por un lado, obtuvo autorización judicial para allanar las celdas de los denunciados. Durante esos procedimientos fueron secuestrados al menos dos celulares.
También se detectó que los Caro estaban alojados en las mejores celdas de la unidad y contaban con un televisor. Abogados penalistas señalaron que no es habitual que un interno disponga de una TV dentro de una celda y que, para tenerla, debería existir una autorización especial.
También indicaron que la entrega de medicamentos corresponde al personal del Servicio Penitenciario y no a otros detenidos.
Durante la pandemia, los internos estuvieron autorizados a utilizar celulares para comunicarse con sus familiares, aunque el uso debía realizarse bajo control penitenciario y en determinados horarios. En este caso, la sospecha es que los denunciados tenían los dispositivos dentro de sus propias celdas.
La investigación podría determinar ahora si esas circunstancias respondían a beneficios concedidos de manera irregular.
Un operativo que no pudo concretarse
La segunda medida solicitada por la fiscalía consistió en vigilar a la mujer que supuestamente debía recibir la transferencia de la camioneta en una escribanía del centro.
La sospechosa, que sería pareja de uno de los denunciados y pariente de Walter “Petiso David” Lobos, no se presentó. Los investigadores sospechan que podría haber sido advertida sobre el operativo.
Los abogados Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón (h) calificaron el episodio como un hecho grave y destacaron la rapidez con la que intervino la fiscalía.
La Justicia dispuso posteriormente medidas de protección para Nacif y sus hijos. El procesado fue cambiado de unidad y quedó bajo custodia permanente.
Los antecedentes del clan Caro
Los Caro son oriundos del barrio Victoria y fueron condenados en la causa conocida como “La industria del escruche”, en la que se investigó a una organización dedicada al robo de viviendas y liderada por Miguel “La Gata” Lizárraga.
En esa investigación, encabezada por López Ávila, se determinó que integrantes de la familia habían experimentado un importante crecimiento económico. Pasaron de trabajar como vendedores ambulantes a exhibir una vida de lujo en las redes sociales.
También organizaban festivales para fechas especiales y distribuían alimentos y bebidas entre vecinos del barrio durante las fiestas de fin de año. Los investigadores consideraban que esas acciones podían estar destinadas a conseguir el silencio de personas de la zona.
En esa misma pesquisa se analizaron posibles contactos con policías y empleados judiciales que podrían haberles proporcionado información o protección. El análisis de teléfonos celulares permitió detectar comunicaciones con personas que presuntamente les facilitaban datos o cobertura.
Walter Caro subió a Instagram una foto tomada desde la cárcel.
Tiempo después, Marcos y Francisco Caro fueron condenados por el homicidio de un adolescente ocurrido en 2018. Sus nombres también aparecieron vinculados a investigaciones por narcotráfico, aunque no fueron procesados por esos hechos.
Marcos Caro en las redes sociales para denunciar que lo estaban investigando.
Tras la nueva denuncia, existe la posibilidad de que sean trasladados al penal de Benjamín Paz.