La justicia federal podría consolidar sus pruebas en la causa por la manipulación de los datos del Indec con las recientes afirmaciones de la vicepresidente Cristina Kirchner sobre la inflación durante su segundo mandato.
También, sus frases sobre la inflación del viernes pasado, cuando afirmó que la inflación de los últimos dos años de su mandato habían sido bastante superiores a la informada en aquel momento en forma oficial, podrían ser tomadas como prueba por los bonistas que quieren condenar al Gobierno en los tribunales de Nueva York y Londres por la manipulación de los datos del PBI, al igual que el contraataque de Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner cuando comenzó esta maniobra en 2007.
Fuentes relacionadas con el expediente local, que ya fue elevado a juicio oral, indicaron que los dichos de Cristina Kirchner sobre la inflación del 2014 y 2015, que difieren de las cifras informadas en su momento por el Indec intervenido, podrían tomarse como parte de la prueba que incorpore la fiscalía en este proceso oral y público.
Si bien la causa se circunscribe a los hechos del 2006 y 2007, por decisión de la etapa de instrucción, si la fiscalía observara que hay un patrón o surgieran hechos nuevos durante el proceso que van más allá de esos dos años, podría incorporarlos al debate oral y público, indicaron calificadas fuentes judiciales.
El tribunal Oral Fiscal Número 2 es el que llevará adelante este caso, que en la etapa de instrucción estuvo a cargo, con pocos resultados, del ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, a partir de una denuncia del entonces fiscal de investigaciones Manuel Garrido, por falsedad ideológica, violación del secreto estadístico y abuso de autoridad. El fiscal del futuro juicio oral, Diego Luciani, agregó el delito de destrucción de documentos públicos a los otros tres.
Aunque Canicoba Corral sobreseyó al secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, y al resto de los acusados (responsables del Indec durante esos años de ocultamiento de las cifras), la Cámara Federal revisó ese fallo en 2018 por decisión de los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah y quedó en firme la elevación al juicio oral, a partir de la investigación que desarrolló el fiscal Carlos Stornelli.
Así, también irán a juicio Beatriz Paglieri, Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia. Por el caso también había sido acusada Ana Edwin, quien falleció en 2019.
Canicoba Corral siempre pensó que era muy difícil de probar los delitos que se les imputaban a estos funcionarios, pese a la abundante prueba ofrecida por Garrido y Stornelli, que no fue acompañada por más evidencia cuando se terminó la manipulación de los datos en 2016, ya que el gobierno de Mauricio Macri consideró que el costo fiscal de admitir este delito podía ser demasiado alto en los casos ligados a los bonos atados a la inflación.
Ahora, la fiscalía considera que hay prueba abundante -aportada en buena medida por los trabajadores del Indec que fueron desplazados por orden de Guillermo Moreno- y pidió algunos elementos suplementarios en el sector público y privado; cuando considere que esta etapa se cumplió, se fijará la fecha del juicio, para el segundo semestre de este año o principios del 2023. Entre estas pruebas, los funcionarios judiciales quieren ver qué elementos aporta la flamante causa por la denuncia contra la presunta manipulación de datos del Censo 2010.
Aunque a priori no está en la lista de testigos, una fuente con acceso al expediente consideró que “la pueden llamar tranquilamente a Cristina como testigo para que ratifique o no sus dichos”.
“Su frase fue selectiva, ya que habló del 2014 y 2015 cuando la manipulación comenzó y se mantuvo cuando ella asumió como presidente a fines del 2007, pero puede servirle al fiscal, claro”, agregó un abogado.
fuente: infobae