La Cámara Federal ordenó hoy que la ex presidente Cristina Kirchner declare en indagatoria en la causa por la ruta del dinero K. Se trata del expediente por el que enfrentará un juicio oral el empresario Lázaro Báez y sus hijos, entre otros, por haber lavado 60 millones de dólares. En ese expediente, la ex jefa de Estado está imputada pero nunca fue llamada a declarar.
En una decisión dividida, los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens le dijeron al juez Casanello que indague a Cristina Kirchner a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia por entender que la apelación del organismo no era admisible.
Casanello, hasta el momento, consideraba que faltaban pruebas, más allá de los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y los querellantes.
Esta es la cuarta vez que la Cámara Federal insta a Casanello a avanzar sobre Cristina Kirchner. La hipótesis de los acusadores es que el dinero que lavó Lázaro Báez, gracias a la obra pública que recibió para sus empresas, pertenecía –de manera oculta- al matrimonio Kirchner, a la luz de otras causas que se analizan en Comodoro Py.
En su voto, el juez Irurzun fue durísimo. Al hacer un repaso de la causa de asociación ilícita de la obra pública por la que Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, y repasar las pruebas de Los Sauces y Hotesur, advirtió: “De manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”.
De acuerdo a las pruebas recogidas en la opinión de Irurzun, “a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades una porción de ese dinero atravesó el camino inverso desde las cuentas de Austral Construcciones S.A. en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Y añadió que “esa modalidad de traspaso no permitió incluir una cantidad mayor sin llamar la atención porque la condición de funcionaria de Cristina Fernández obligaba a hacer declaraciones juradas públicas sobre sus bienes”.
fuente. infobae