En Tucumán, el renovado pacto se suscribirá por seis meses.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anticipó que, para el primer semestre, su gestión pondrá en marcha el denominado “Acuerdo Fiscal Municipal”, una vuelta de tuerca al viejo Pacto Social que ha cumplido 24 años.

En el nuevo contexto financiero nacional, el Poder Ejecutivo dispondrá de una partida de casi $ 6.700 millones mensuales. En ese sentido, el mandatario estima que la mayoría de los municipios del interior serán parte del nuevo esquema.

“Queremos llevar tranquilidad a los intendentes porque el Gobierno provincial va a estar a la par de ellos en esta situación que estamos atravesando por eso estamos dialogando para hacerles conocer los pormenores del Acuerdo Fiscal Municipal (AFM)”, dijo el ministro del Interior, Darío Monteros que esta semana dispondrá de los acuerdos que serán individuales.

El Acuerdo Fiscal Municipal tiene similitudes con los que han sido los convenios del Consenso Fiscal que la Nación habilitó para las provincias. Además de una reducción de entre un 12% y un 20% del gasto en las intendencias, la Provincia pone a disposición de esas administraciones toda la información tributaria que requieran para incrementar la recaudación propia. Si logran esa meta, esos recursos les servirá a los intendentes para financiar obras. Como en los otros pactos, el Ejecutivo retendrá fondos de coparticipación (nacional y provincial) y el Fondo para el Desarrollo del Interior (FDI), con los que se reintegrarán en el largo plazo los recursos que la Provincia dispondrá para abonar los sueldos a los obreros del interior.

“Ante la coyuntura que vivimos y en el contexto nacional que limita a todos crecer en materia de infraestructura este nuevo Acuerdo Fiscal con los Municipios habla del trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial a través del Ministerio del Interior y los Municipios pero sobre todo agradecer la sensibilidad del Gobernador de asegurar el sueldo de los trabajadores municipales y brindar los servicios básicos”, afirmó el intendente de Monteros, Francisco Serra. “Esto proporciona tranquilidad a la planta permanente del municipio y a los proveedores, permitiendo mantener los servicios para los residentes y visitantes en un municipio turístico”, dijo por su parte Francisco Caliva, jefe municipal de Tafí del Valle.

En un contacto con el diario La Gaceta, Paula Quiles, intendenta de Bella Vista, señaló: “estamos acostumbrados a administrar los recursos con austeridad. De todos modos somos conscientes de la situación del país y hemos disminuido la planta de funcionarios. Además estamos ejecutando un plan para la optimización de los gastos e ir en la misma sintonía que el Gobierno nacional y provincial; siempre en busca del equilibrio fiscal”. La jefa municipal aguarda interiorizarse acerca de los detalles del nuevo acuerdo que trata de preservar la paz social en el interior. Quiles tildó como “positivo” el convenio que se firmará con Rentas para “ser más eficientes en la recaudación de las tasas municipales”.

Finalmente, se refirió al “auxilio financiero”, aclarando que este “deviene del déficit, causado por el obsoleto sistema de coparticipación que rige hace más de 30 años y es utilizado de manera discrecional durante los mandatos y acrecentada en períodos electorales”. “El mecanismo de coparticipación está agotado y urge que, durante el período legislativo 2024, se sancione una nueva ley que contemple la descentralización de servicios y la distribución equitativa de los recursos”, abogó.

En tanto, Pablo Macchiarola, intendente de Yerba Buena, afirmó que el nuevo pacto fiscal es similar al anterior, ya que consiste en “ceder la coparticipación para asegurar la paz social y otro tipo de gastos”. Lejos de mostrar disconformidad, calificó a los nuevos lineamientos como “adecuados para regir durante los próximos seis meses”. Sin embargo, dejó en claro que, desde la oposición, seguirán luchando para concretar la reforma de la ley de coparticipación, la cual es considerada por los intendentes radicales como “la solución de fondo” para el problema de la “inequidad y discrecionalidad”.

En lo pertinente a la reducción de gastos, el radical remarcó que su municipio viene llevando adelante una política mesurada donde solo se gasta lo necesario. “Nuestra planta permanente decreció. Ya venimos disminuyendo el gasto y optimizando los recursos; aun así vamos a buscar ajustar un tanto más por la situación, pero siempre dentro de nuestras posibilidades”, resaltó.

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