Se trata del programa Argentina Sonríe. Detectaron irregularidades en el manejo de fondos millonarios. Rocío García en la mira y ante una posible denuncia penal.
Argentina Sonríe es el programa que Cristina Kirchner lanzó en diciembre de 2014, la cara visible del plan bucal a 3.000 kilómetros de la Capital Federal fue nada más ni nada menos que Rocío García: su nuera a quien por decreto le creó una coordinación en Santa Cruz. La actual gestión del ministerio de Salud nacional finalizó la semana pasada, una auditoría que deja al borde de una denuncia penal a la pareja de Máximo Kirchner por diversas irregularidades detectadas en el plan que demandó $ 223 millones: “desvíos en la ejecución de metas, incumplimientos en los convenios con universidades y rendición de fondos”, indica el documento oficial al que accedió Clarín.
La ex Presidenta que benefició a su nuera con un cargo de Coordinadora regional del Centro Articulador de Políticas Sanitarias, la puso al frente del organigrama político de Argentina Sonríe, un programa bucal que volcó en convenios con universidades que “no dictaban la carrera de odontología” -como señala la auditoría- $ 150.500.000, cifra sospechada de “irregulares manejos”. Se trata de la universidad Nacional de Chaco, la de Entre Ríos, San Martín y la UTN de Río Gallegos.
El programa se puso en marcha, con una prueba piloto en Río Gallegos a cargo de Rocío García y según la auditoría “nunca contó con la habilitación sanitaria” que otorga el ministerio de Salud nacional. La pareja de Máximo es definida en el documento oficial como “el pilar del programa Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no”. La justicia la investiga por esto.
En Santa Cruz donde fue la cara visible del plan bucal, se detectaron las principales irregularidades que analiza el área jurídica del ministerio de Salud de la Nación y que derivará en una denuncia penal. La UTN de Río Gallegos recibió $ 43 millones pero sólo rindió de esta suma de $ 2.724.431, existe otro expediente por $ 10 millones que no fue puesto a disposición de los auditores. Así, la universidad aún debe rendir más de $ 29 millones. “No hay constancia de la prestación de los servicios facturados”, indica el documento oficial.
Los pagos se hicieron a través de dos expedientes, los últimos en octubre del año pasado. Esto es investigado por posible “perjuicio fiscal al erario público”.
Otro aspecto resaltado en el documento del ministerio que dirige Jorge Lemus, es que no se ajustaba a la normativa los viáticos que se abonaban al personal que viajaba al sur: mientras que en Gualeguaychú el importe diario era de $ 643, en Río Gallegos se cotizó en $ 1.260. “Quienes viajaban un par de semanas al sur podían volver con más de $ 30.000 en guardias”, señaló un alto funcionario de la cartera de Salud a Clarín, “hubo un gran desmanejo de fondos millonarios”, añadió.
Hay gastos que generaron sorpresa, entre las facturas presentadas se encontró una por $ 2.194.865 para 15 mil remeras y mil gorros para una “Campaña en Santa Cruz”. También incluyó la “promoción de eventos” en tres localidades santacruceñas (Río Gallegos, Pico Truncado, Caleta Olivia) por $ 2.827.000, pero “no se verificó la presetación del servicios, ni los días en que se realizó el evento” que incluía a Resistencia (Chaco) y Salta capital.
Fuente: Clarín