Con el avance de la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la nómina de personas bajo sospecha se amplió. Algunas ya fueron identificadas y otras permanecen bajo investigación por orden del fiscal Pedro Gallo, quien definirá sus situaciones procesales tras reunir los elementos probatorios.
Hasta el momento, el único imputado formalmente es Felipe “El Militar” Sosa (51), quien se encuentra detenido en el penal de Benjamín Paz. Hace dos semanas fue acusado de homicidio simple. Según la acusación del fiscal Carlos Picón, Sosa habría asesinado a la joven a golpes, valiéndose de su formación como ex integrante del Ejército.
La pareja de “El Militar”
En las últimas horas fue detenida Justina Gordillo (48), empleada judicial con funciones en la Corte Suprema de Justicia, quien fue aprehendida el domingo en un country de Yerba Buena. La mujer es pareja de Sosa.
De acuerdo a la investigación realizada por la División Homicidios —encabezada por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal—, Gordillo habría participado de un encuentro sexual grupal en una vivienda ubicada en Santo Domingo al 1.100. En ese lugar habrían estado Sosa, la víctima y uno o dos hombres que aún no fueron identificados.
Por el momento, los investigadores consideran poco probable que Gordillo haya participado directamente del homicidio. Argumentan que fue una de las primeras personas en retirarse del domicilio y que su contextura física no sería compatible con el ataque que terminó con la vida de Érika, quien la superaba en tamaño. No obstante, se investiga si pudo haber tenido algún grado de participación en el encubrimiento del crimen.
Amenazas por las redes
Las hermanas de la víctima indicaron además que Gordillo habría insultado a Érika a través de una red social. Su situación procesal se definirá en la audiencia prevista para hoy, en la que se conocerá de qué delito será acusada.
Un tercer implicado
La investigación también apunta a un tercer sospechoso, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales. Se trataría de una persona con un vínculo estrecho con Sosa, ya que sería el propietario del departamento que este último alquilaba.
Según consta en el expediente, el hombre podría haber estado presente en el domicilio durante y después del crimen. La Policía solicitó su detención, pero la medida aún no fue avalada por el Ministerio Público Fiscal. “Sabe más de lo que dice”, deslizó un investigador.
Además, hay otras tres personas que aún no fueron identificadas: uno de ellos habría participado del encuentro sexual previo al crimen y otros dos estarían vinculados al traslado del cuerpo de la víctima.
No se descarta que algunos de estos sospechosos sean empleados del Grupo Sosa, la empresa de seguridad de la que el imputado era socio gerente.