El Gobierno de Tucumán dejó habilitada la posibilidad de tomar un préstamo de hasta $100.000 millones con el Banco Macro para financiar 16 obras de infraestructura, entre ellas la finalización de 572 viviendas del Procrear II. La operación todavía no fue ejecutada y su utilización dependerá, según fuentes oficiales, de la evolución de la recaudación y de las necesidades financieras de la Provincia.
El Poder Ejecutivo aprobó los términos y condiciones ofrecidos por la entidad bancaria mediante el decreto 1.612/3 (MEyP), fechado el 20 de julio y conocido esta semana a partir de su publicación. El instrumento lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.
Autorización oficial
La medida constituye un paso previo para disponer de la herramienta financiera. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quedó autorizado a efectuar las gestiones y suscribir la documentación necesaria para obtener la correspondiente autorización de endeudamiento ante el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El esquema contempla un crédito de hasta $100.000 millones, con un plazo de 36 meses contado desde cada desembolso y seis meses de gracia para el capital. La tasa prevista será TAMAR corregida más 700 puntos básicos.
Como garantía del cumplimiento de las obligaciones, la Provincia podrá ceder al Banco Macro derechos de cobro sobre una parte de los recursos que recibe mediante el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El decreto faculta a Abad a firmar el correspondiente contrato de cesión.
Tasa de interés
La Dirección de Crédito Público consideró que las condiciones financieras, particularmente la tasa de interés y el período de gracia, resultan “razonables y convenientes” para Tucumán y se encuentran alineadas con los parámetros vigentes en el mercado, según quedó consignado en los fundamentos del decreto.
Si finalmente el Gobierno utiliza el financiamiento, los recursos deberán destinarse exclusivamente a los proyectos establecidos en el contrato. La Provincia asumió el compromiso de acreditar ante el banco la aplicación de los fondos, en cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre las 16 intervenciones contempladas se encuentra la finalización de 572 viviendas del Procrear II y la construcción del Comando Región IV de Gendarmería Nacional. También figuran obras sobre las rutas provinciales 357, 311 y 323; la rotonda de Juan Bautista Alberdi y el puente de Estación Aráoz.
Trabajo en escuelas
En infraestructura educativa aparecen la reparación integral de la Escuela Roca, trabajos en la Escuela de la Patria, la nueva Escuela Secundaria de San Pedro de Colalao, la Escuela de Manantial Sur y la reparación de la Escuela French y Berrutti de Aguilares.
El financiamiento también podrá aplicarse al pozo de agua de La Ramada y La Cruz, la finalización del pozo de agua del barrio Presidente Perón, en Banda del Río Salí, y la terminación de la planta de tratamiento y red colectora de Burruyacu. El listado se completa con la finalización de Centros de Desarrollo Infantil (CDI). El anexo no individualiza cuánto dinero correspondería a cada proyecto.
La operación no necesita una nueva autorización de la Legislatura, debido a que el Ejecutivo la encuadró en la Ley 9.942 de Presupuesto General de Tucumán para 2026. Su artículo 17 establece un límite de endeudamiento equivalente al 10% del total anual de gastos, fijados originalmente en $4,91 billones, aunque está prevista una ampliación presupuestaria.
Fuentes de la Casa de Gobierno señalaron que hasta el momento se avanzó con las autorizaciones necesarias para disponer eventualmente del préstamo. La decisión de utilizarlo estará vinculada al comportamiento de los ingresos provinciales: si continúa la caída de la recaudación, el financiamiento bancario aparece como una de las alternativas disponibles.
Con el banco Macro
De concretarse, sería la segunda operación de este tipo durante la gestión de Jaldo con el Banco Macro. El antecedente corresponde al contrato firmado el 11 de junio de 2025 por un préstamo de $ 80.000 millones, destinado a obras públicas y a la adquisición de maquinaria y equipamiento.
Jaldo confirmó que su administración analiza diferentes alternativas para obtener recursos con el objetivo de mantener la capacidad financiera del Estado. El mandatario sostuvo que la Provincia busca fuentes de financiamiento que permitan garantizar “la gobernabilidad, la previsibilidad” y la “paz social”.
El gobernador descartó como estrategia prioritaria el endeudamiento en moneda extranjera. Argumentó que, a diferencia de jurisdicciones con producción minera o energética, el Estado tucumano no genera directamente dólares y que las divisas de la economía provincial provienen principalmente de exportaciones vinculadas a actividades regionales como el citrus, la caña de azúcar y los arándanos.
Por ese motivo, planteó la necesidad de buscar financiamiento nacional, provincial o bancario denominado en pesos, e incluso mencionó la posibilidad de instrumentos que puedan cotizar dentro de la provincia.
Bajo nivel de endeudamiento
Según Jaldo, Tucumán mantiene margen para asumir compromisos financieros porque no presenta un elevado nivel de endeudamiento y cuenta con entre un 97% y un 98% de desafectación de sus recursos de coparticipación.
El mandatario vinculó, sin embargo, la eventual necesidad de recurrir al crédito con la evolución de la economía nacional. Señaló que una recuperación del consumo y del IVA permitiría incrementar los recursos coparticipables y reclamó además fondos nacionales vinculados al impuesto a los combustibles, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incentivo docente y compensaciones al transporte.
Jaldo sostuvo que, con esos ingresos, Tucumán cuenta con capacidad para autofinanciarse. Frente a un escenario de menores transferencias y recaudación, afirmó que la Provincia debe mantener disponibles distintas alternativas de financiamiento para sostener el funcionamiento del Estado y asegurar la gobernabilidad.