La investigación recobró vida tras dos años de letargo. Se trata de la que apunta al ex juez de ejecución de sentencias Roberto Guyot y a 18 integrantes del servicio penitenciario, un expediente histórico y casi sin antecedentes similares en el país. Un caso en el que se apunta a una organización, que estaría conformada por el magistrado y varios guardiacárceles, que se cree estaba abocada a a la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza.
En noviembre de 2017, el reo Sebastián Medina fue asesinado en la cárcel. No era un preso más, sino uno de los pocos que se había animado a denunciar que en el penal existía una red de venta de drogas que era manejada por funcionarios. Esa muerte aceleró la investigación que realizaba el fiscal Pablo Camuña.
La primera causa se abrió en 2015, pero después fueron iniciadas otras cinco, del mismo tenor, por lo que terminaron unificadas. La hipótesis de Camuña, alimentada por los testimonios recopilados en todos los expedientes, daban cuenta de la existencia de una actividad ilícita de comercialización de drogas (marihuana y cocaína) y psicofármacos (rivotril, alprazolam y clonazepam, entre otros) en el penal de Villa Urquiza.
“Sería regenteada por una misma estructura criminal conformada por distintos agentes del Servicio Penitenciario, que bajo la utilización de violencia física e incluso psicológica, lograban que las personas detenidas bajo su cuidado, accedieran a distribuir y comercializar dichas sustancias”, planteó el funcionario judicial..
En la investigación, el fiscal dividió la participación de los sospechosos en tres niveles. Al primer grupo, integrado por el ex titular del Servicio Penitenciario Guillermo Snaider, José Cisterna, Víctor Cassasola, Juan Carlos Argañaraz, Favio Peñalva, Pablo Brito, Enrique Núñez y Claudio González lo sindicó “como responsables jerárquicos de los negocios ilícitos dentro del penal. En algunos casos se habían asociado a otros internos (entre ellos han sido mencionados los miembros del clan Acevedo) para realizar esos negocios con facilidad, infundiendo miedo en aquellos internos que se negaran a hacer lo que ellos mandaran y logrando la impunidad para ellos y su grupo criminal”.
Sostuvo además que la participación en diferentes roles a lo largo de los “fue esencial para el andamiaje creado, ya que sin la misma los otros miembros del grupo delictivo (segundo eslabón), difícilmente podrían haberse organizado y cometido estas múltiples acciones criminales”, se puede leer en el pedido que realizó.
En tanto que Martín Lucena, Mario Valdez, Facundo Albornoz, Fausto Ponce, Gastón Torres, Ramón Mareño, Roberto Chazarreta, Carlos Núñez y Cristian Medina, fueron señalados por Camuña como integrantes del denominado “grupo de subordinados”.
De acuerdo con la investigación, “estas personas cumplían roles fundamentales para la organización, como por ejemplo falsear el contenido de actas de requisas, fraguar procedimientos de secuestros de boleos, hacer ingresar estupefacientes a la cárcel o a través de terceros, contacto directo para entregar o distribuir los estupefacientes, cobrar el producido de su venta, amenazar y golpear a los internos”.
Guyot, durante la gestión de José Jorge Alperovich fue varios años director del Servicio Penitenciario. Pese a los cuestionamientos, fue nombrado juez de Ejecución. Fue destituido en 2020 a través de un juicio político impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el abogado Gustavo Morales. El jury dio por probada que no había cumplido sus funciones.
Mientras se concretaba su destitución, Camuña recolectaba más indicios en su contra. “Realizó un aporte posterior a estas conductas, orientado a garantizar la impunidad de los perpetradores, mediante la omisión de las funciones de su cargo, la omisión de realizar actos de persecución penal a los que estaba obligado y asimismo, de forma directa, la emisión de amenazas en contra de algunos de los internos que denunciaban los casos”, indicó el fiscal.
“Este aporte se hizo en función de una promesa anterior, la de prestar y asegurar la impunidad de los ejecutores, con el objeto de permitirles el desarrollo de su actividad ilícita principal, esto es, el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos dentro del penal, y asimismo las actividades más graves como lo son la aplicación de torturas a los internos”, añadió.
Después de haber dado por finalizada la investigación, Camuña solicitó en noviembre de 2020 que los 19 mencionados sean detenidos y citados a indagatoria. Un año después, después de que el expediente se traspapelara, el ex juez federal Fernando Poviña rechazó el planteo por considerar que no había prueba suficientes para hacerlo.
El Ministerio Público apeló la resolución en abril de 2022. “Los hechos que se ventilan en el legajo y el ámbito en el que habrían ocurrido, denotan una gravedad institucional intolerable en un estado derecho pues estamos ante el presunto obrar organizado que involucró a un ex juez de ejecución y a funcionarios del Servicio Penitenciario (desde el rango de jefe a agente)”, sostuvo el fiscal Gustavo Gómez. En su planteo, insistió en el pedido realizado por Camuña y que el juicio por el crimen del reo Medina sea desarrollado en la justicia federal.
Semanas atrás, con la firma de los jueces Marina Cossio, Federico Bothamley y Ricardo Sanjuan, le dieron la razón a Gómez. Ordenaron que los acusados sean citados a indagatoria, pero no aprobaron que sean detenidos. Sobre la cuestión Medina no resolvieron.
Por la sentencia, el juez José Manuel Díaz Vélez ya llamó a declarar a Sneider, pero este se abstuvo. Guyot también debería haber hecho lo mismo, pero el acto procesal se suspendió y se espera que lo haga en breve. A continuación será el turno de la totalidad de los mencionados en el proceso, y luego de eso el magistrado deberá resolver la condición procesal de cada uno.