Por Prof. Mg. José Luis Ruiz para Diario Cuarto Poder- Nuestros Maestros y Profesores necesitan sentirse respaldados en sus decisiones dentro del aula, por los Directivos del Establecimiento y también por la autoridad política de turno.

Tucumán necesita definir con más claridad sus estrategias de desarrollo, tanto en lo económico como en lo humano, lo que conduce inmediatamente a la discusión acerca del modelo de desarrollo sostenido y sustentable con inclusión social que la Provincia imagine para sí misma. Si se acepta la hipótesis que la base de sustentación de cualquier proceso de crecimiento está determinado, en otros factores importantes, por la calidad del Sistema Educativo implementado, entonces adquiere particular relevancia el debate en torno al Modelo Educativo que debería acompañar este proceso de desarrollo. Se tiene por probado que el Nivel Educativo de la población es una de las muy pocas variables capaces de incidir en una transformación estable y estructural de la distribución del ingreso y la riqueza de un territorio.

Es aquí cuando podrían trazarse diferentes esquemas orientados a definir, consenso social de por medio, una reforma educativa superadora de los límites que el servicio educativo pareciera no ser capaz de perforar, lo que queda en evidencia por los preocupantes resultados en diferentes evaluaciones en áreas primordiales del conocimiento como Matemática, Lengua o Ciencias. Sin embargo, estoy convencido que cualquiera de estos caminos de mejora de la calidad educativa transita por un coordenada común vinculada a la urgente necesidad de revalorizar el trabajo docente en todos sus niveles. Esta asignación de un nuevo valor a la tarea docente involucra un conjunto de medidas concretas entre las que este artículo aspira a rescatar la necesidad de devolver autoridad a nuestros docentes en las aulas. ¿Es ingenuo pensar en la posibilidad de reconstruir el status social dentro y fuera de los establecimientos educativos que la docencia supo otorgar a sus protagonistas en épocas que parecen hoy lejanas en el tiempo? ¿Sería posible reconstituir ese lugar de privilegio en los vínculos sociales que la comunidad le atribuía a los docentes, expuesto en el respeto por una tarea hecha por vocación, el reconocimiento a quienes les confiaban la formación de sus niños y adolescentes y eran percibidos como modelos de vida dignos de imitar? Las respuestas a estas preguntas dependen del grado de claridad que se tenga de la importancia decisiva que la función docente cumple en la construcción de ciudadanía y en la utopía de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, así como del nivel de convicción política que avale esta perspectiva.

No se trata de un planteo corporativo sino de la condición de posibilidad para lograr esa transformación profunda del Sistema Educativo que adeuda la clase dirigente, si verdaderamente converge en la necesidad de dar paso a una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Restituir la autoridad perdida a nuestros docentes puede constituir el punto de partida de un camino que luce complejo pero necesario y urgente. Tampoco se trata del regreso a visiones autoritarias, alienantes de la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico de la realidad, condición indispensable para recorrer el camino de la transformación de habitante a ciudadano de nuestros compatriotas. El ejercicio de la autoridad, en términos de Hannah Arendt, conlleva implícito un concepto de obediencia que no se sustenta sobre la imposición, la coerción o la violencia sino sobre otros factores como el reconocimiento y los vínculos emocionales entre los actores involucrados.

Nuestros Maestros y Profesores necesitan sentirse respaldados en sus decisiones dentro del aula, por los Directivos del Establecimiento y también por la autoridad política de turno. Requieren disponer de la certeza que, a manera de ejemplo, si decidieron el resultado de una evaluación, no llegará una voz que

los desautorice, exigiéndoles revisar su postura u otorgar otras oportunidades más allá de las previstas para estas instancias. Necesitan la seguridad que no se permitirán desbordes en el comportamiento de alumnos o de sus padres, que atenten contra su integridad física y/o psicológica. Evaluar un estudiante no debería desencadenar consecuencias impensables como amenazas de acciones judiciales o de represalias inimaginables.

Pero si se coincide en la necesidad de reconstruir la autoridad docente, no serán suficientes los discursos bien intencionados y políticamente correctos, sino medidas concretas que pongan en evidencia la decisión política de optar por estos caminos. En este sentido, sostengo que se hace necesaria una Ley que otorgue a nuestros docentes el status de Personal Jerárquico del Estado (o alguna denominación equivalente) que muestre, sin lugar a dudas, el rol protagónico que se asigna a la función docente. Es evidente que este reconocimiento debiera tener un correlato en sus salarios a través de un adicional que explicite un apoyo decidido a esta política educativa.

Más aún, la palabra del docente como Personal Jerárquico del Estado debería gozar de “presunción de veracidad” mientras no se demuestre lo contrario, como una forma de revalorizar su figura otorgándole un peso específico diferencial cuando la situación lo amerite.

Esta renovada perspectiva no exime a los/las docentes de sus obligaciones y responsabilidades. De hecho toda delegación de autoridad conlleva mayores responsabilidades, de manera que sea ejercida a conciencia, con ecuanimidad y un sentido claro de justicia.

Demás está decir que una Reforma Educativa involucra la consideración una enorme cantidad de otros elementos para su análisis en profundidad como lo son la especificación de tales obligaciones y responsabilidades, el debate sobre la Política Educativa que quisiéramos asumir, el sentido y la necesidad de las evaluaciones, etc. que se propondrán como temas de debates en futuras entregas.

 

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