Uno de los detenidos que se beneficia con la medida es Leandro Nicolás Gómez, quien por entonces, integraba la ex Brigada de Investigaciones; y es -además-, hijo de Miguel Gómez, quien era funcionario del área de Seguridad, y por cuyo caso debió renunciar.
La Justicia Federal resolvió cerrar una causa sensible al dictar el sobreseimiento de tres personas acusadas de transportar un kilo de marihuana, tras declarar inválido el procedimiento policial que dio origen a la investigación. El caso no pasó inadvertido: entre los detenidos se encontraba el hijo de un funcionario del área de Seguridad provincial, quien presentó su renuncia horas después del operativo, en medio de fuertes cuestionamientos internos dentro de la fuerza.
El episodio se remonta al 20 de agosto, cuando efectivos de la comisaría de Yerba Buena interceptaron un vehículo al que le atribuyeron una maniobra brusca en la vía pública. Según el acta policial, al intentar identificar a los ocupantes, los agentes habrían percibido un intenso olor a marihuana, lo que derivó en una requisa del automóvil. En ese contexto, afirmaron haber hallado un kilo de flores de cannabis en el interior del rodado.
Como consecuencia del hallazgo, fueron detenidos y luego imputados Alexis Nahuel Cisneros, Nicolás Avellaneda y Leandro Nicolás Gómez. Este último integraba por entonces la ex Brigada de Investigaciones. La repercusión fue inmediata: su padre, Miguel Gómez, funcionario del área de Seguridad, presentó esa misma noche su renuncia indeclinable ante el ministro Eugenio Agüero Gamboa.
Lejos de tratarse de un procedimiento rutinario, el caso generó un clima de sospechas dentro de la Policía. Circularon versiones sobre presuntas irregularidades en el operativo y hasta se insinuó que podría haber funcionado como un mensaje interno en medio de investigaciones sensibles que alcanzaban a jefes de la Unidad Regional Norte.
Con el avance del expediente, la defensa de Cisneros, a cargo del abogado Daniel Aníbal González, solicitó la nulidad del procedimiento por considerar que se habían vulnerado garantías constitucionales básicas. El planteo fue analizado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien finalmente dio lugar al pedido.
En su resolución, el magistrado fue contundente al señalar que los motivos invocados por los policías para detener el vehículo no resultaban suficientes desde el punto de vista legal. Indicó que la supuesta actitud nerviosa de uno de los ocupantes y una maniobra en “U” no constituyen razones objetivas ni generan un estado de sospecha que habilite una intervención de ese tipo. En consecuencia, declaró nulo el procedimiento, ordenó el sobreseimiento de los tres acusados y dispuso su inmediata liberación.
Pero la decisión judicial no se agotó allí. Díaz Vélez también ordenó que se investigue la actuación de los efectivos que participaron del operativo, al considerar que podrían haber incurrido en un accionar irregular que afectó derechos fundamentales.
El fallo se conoció en un contexto especialmente delicado para la fuerza, atravesada por otros escándalos recientes que pusieron en discusión prácticas internas y mecanismos de control. La resolución federal vuelve a colocar bajo la lupa el accionar policial en procedimientos antidrogas y refuerza el debate sobre los límites legales de los controles preventivos.