La bioquímica Lilia Moyano declaró hoy, en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, que no tiene ninguna causa penal en trámite en su contra, pese a que en 2019 un tribunal había ordenado investigarla por el presunto encubrimiento del homicidio. Según confirmó Tendencia de Noticias, el expediente fue archivado en 2024, aunque se desconocen los motivos.
“Miente”
La afirmación generó la reacción inmediata del padre de la joven asesinada, Alberto Lebbos, quien durante un cuarto intermedio aseguró ante la prensa que la investigación existía. Incluso mencionó el número de expediente: “30657 del 2019, Moyano, Lilia Amelia sobre encubrimiento”. “Miente”, sostuvo.
Durante su testimonio, Moyano reiteró declaraciones previas sobre su intervención en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Paulina, a la vera de la ruta 341 en Tapia, el 11 de marzo de 2006. Indicó que su tarea fue recolectar y preservar pruebas, y aseguró que levantó toda la evidencia disponible. Sin embargo, un mes después, personal de Gendarmería Nacional inspeccionó nuevamente el sitio y encontró objetos que no habían sido resguardados.
Refutada por su par
También afirmó que el análisis toxicológico determinó que la víctima tenía 1,56 gramos de alcohol en sangre. Esa conclusión fue cuestionada minutos después por la bioquímica forense Sara Cristina Daives, quien sostuvo que ese tipo de estudio carece de valor en un cadáver en estado de putrefacción, ya que bacterias y hongos pueden generar alcohol tras la muerte.
Tras declarar como testigo, Moyano expresó ante la prensa que el caso Lebbos representó para ella “una gran decepción” y lamentó no haber podido hacer más por la investigación. Además, señaló que las pericias que no se realizaron sobre la evidencia recolectada fueron responsabilidad de los primeros fiscales de la causa, Alejandro Noguera y Carlos Albaca.
Ordenó eliminación de pruebas
La bioquímica había sido señalada para ser investigada por la destrucción de larvas recolectadas del cuerpo de la víctima, que permanecieron siete años sin analizar, y por ordenar su eliminación sin autorización fiscal. También fue cuestionada por el estado de conservación de cabellos hallados en el cuerpo, que se degradaron tras años sin estudios de ADN.
Sobre ese punto, Moyano sostuvo que recomendó realizar el cotejo genético de los pelos, pero que el entonces fiscal Albaca no lo ordenó.