En esa provincia, tuvo contratos por $ 586,4 millones. Hubo tramos de ruta con sobreprecio de 100%sin terminar.
Sobreprecios, redeterminación de costos, plazos vencidos, obras inconclusas. Ese es el “modus operandi” que Lázaro Báez, preso hace nueve meses, trasladó de Santa Cruz a la provincia de Chaco, gobernada hasta hace poco por Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Las irregularidades en la obra pública que Vialidad Nacional denunció y que tuvo como “favorito” al empresario K, se replicaron en territorio chaqueño donde el Grupo Austral adquirió la firma Sucesión Adelmo Biancalani, investigada y embargada por la Justicia. Al igual que Austral Construcciones, la empresa despidió a gran parte de sus trabajadores y abandonó las obras otorgadas, que como un espejo del Sur, cobró con creces.
Todo confluye en la investigación sobre la “matriz de corrupción en la obra pública” en la que el empresario K y Cristina Kirchner -al igual que diez ex funcionarios- fueron procesados y embargados, acusados de asociación ilícita. En esta causa figura la empresa con la que el dueño de Austral ganó obras millonarias en el Chaco y que en su mayoría no terminó.
En el Sur, donde Báez adquirió 224 propiedades, su holding fue destinatario, según la denuncia judicial, de 52 contratos viales por más de $ 46.000 millones. Los valores en el Norte no fueron tan elevados. En Chaco, el dueño del Grupo Austral fue favorecido con contratos por $ 586,4 millones, pero el punto de contacto fueron las metodologías implementadas. “Hubo un mismo modus operandi por eso también rescindimos esos contratos y colaboramos con la Justicia para que avance en la investigación”, señalaron desde Vialidad Nacional.
¿Cómo se instaló el empresario K a 3.332 kilómetros de su tierra por adopción? Cuando falleció el empresario Adelmo Biancalani se abrió la sucesión (Expediente Nº 18609/96). Fue entonces cuando Austral Construcciones adquirió los derechos gananciales y hereditarios por parte de dos de los herederos, quedándose con el paquete mayoritario. A la vez, se hizo cargo del concurso de acreedores de la constructora. La firma declaró como domicilio fiscal unas oficinas en la ruta nacional Nº 16 , Km. 19,3, donde la Justicia realizó allanamientos en busca de documentación.
Con esta empresa, Báez adquirió importantes licitaciones viales por más de $ 580 millones, algunos fueron caminos nacionales y otros provinciales, financiados por intermedio de convenios con Vialidad Nacional, algo que también se utilizó en Santa Cruz. El resultado fue el mismo: obras con redeterminaciones de precio, como tramos de la Ruta 7 que terminaron con costos de 101% más caro que lo licitado y no se realizaron.
“En Chaco, Báez hizo grandes negocios, importantes obras que no se terminaron, fue una corrupción estructural que también llegó al Chaco ”, dijo el diputado provincial (UCR) Livio Gutiérrez, quien denunció ante el juzgado de Julián Ercolini estas irregularidades: plazos vencidos, sobreprecios por encima del 65% y abandono de obras.
Además, añadió que la empresa Biancalani “tenía protección en todos los ámbitos, la documentación acredita cómo desde el Banco Nación, aún sin capacidad técnica, le habilitaban descubiertos en la sucursal Resistencia. Tenía, además, decenas de cheques rechazados y la cuenta no se la cerraban. Esto es demostrativo de que existían complicidades absolutas desde el Banco y Vialidad para favorecer a Báez”.
Existe una causa en la que el empresario K es investigado por los beneficios que el organismo financiero le entregó, con un fideicomiso de $ 350 millones y giros en descubierto. La deuda a la fecha es de $ 160 millones por un crédito que nunca pagó y más de $ 36 millones por 594 cheques emitidos sin fondos.
Un caso testigo
La ruta que la oposición chaqueña define como un “emblema de la corrupción” queda cerca de Presidencia de la Plaza, una pequeña localidad ubicada a 107 kilómetros de la capital provincial. En vez del asfalto licitado y pagado por más de $ 200 millones, sólo hay tierra, puentes sin terminar y un camino que se convierte en una travesía. Este segundo tramo de 42 kilómetros conecta localidades ubicadas en el corazón de la provincia.
“Está todo parado desde 2015, Biancalani echó gente, vació el obrador y se llevaron las máquinas. Esperamos que se retome la obra porque el terreno se deteriora cada vez más”, relató el concejal radical de Presidencia de la Plaza, Roly Trepo.
Las autoridades de Vialidad Nacional señalaron que “el sobreprecio fue tan evidente que la empresa de Lázaro siquiera disimuló intentando hacer la obra sino que subcontrató a otra empresa y se quedaba con el 30% sin hacer nada”. Todo está en la Justicia.
Un caso similar fue la concesión de la Cantera “Las Piedritas” que comenzó con un costo de $ 4 millones “y su valor superó con los años los $ 30 millones”, indicó el diputado Gutiérrez.