El derrotero judicial que comenzó a transitar allá por febrero, y que lo obligó a abandonar el gremio tras un reinado de 27 años, empieza a llegar a su fin. Procesado por la obstrucción de vías navegables y por extorsión a empresarios navieros, investigado por administración fraudulenta en el sindicato e imputado como presunto jefe de asociación ilícita, Omar Suárez, conocido como “Caballo”, recibió en las últimas semanas más pruebas en su contra y podrían llegarle muy malas noticias desde los tribunales de Comodoro Py en estos días.
El ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sumaría esta semana un nuevo procesamiento: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral estaría por firmar la resolución contra Suárez por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del gremio. El procesamiento podría incluir la prisión preventiva del sindicalista. Así lo admitieron fuentes judiciales, sindicales y hasta del entorno del imputado. Una noticia de alto impacto que es esperada desde hace meses hasta por el propio presidente, Mauricio Macri.
En las últimas semanas, la intervención del sindicato, a cargo de la diputada Gladys González -designada personalmente por el Presidente-, presentó ante Canicoba Corral nueva documentación vinculada a movimientos de dinero entre San Jorge Marítima S.A. y todo el holding de empresas relacionadas con el “Caballo”, como Patagonia Rural SRL, Elite Viajes y Mercantes S.A.
San Jorge Marítima la encabezaba en los papeles Juan Manuel Medina, ex tesorero del gremio -del riñón de Suárez-, secundado por el propio gremialista. La documentación aportada -en la que también pidieron allanamientos en varios inmuebles vinculados al ex mandamás sindical y sus familiares y allegados- infiere que se montó un grupo de firmas destinadas a sacar dinero del sindicato a través de San Jorge, y que esa maniobra escondería maniobras de lavado de activos. Este medio había adelantado en julio que la interventora había empezado a indagar en esos sospechosos movimientos financieros.
A mediados de julio, en un duro revés al sindicalista, la Sala I de la Cámara Federal porteña había avalado la intervención del SOMU por parte del juez.
El martes, en una resolución dirigida a González, el magistrado dio un plazo de 180 días para finalizar la intervención, lo que abre la puerta a un proceso electoral que desembocará en una nueva conducción sindical al frente del gremio.
Suárez se convirtió en los últimos meses en una obsesión para Macri. Cerca del sindicalista y en los pasillos de los tribunales federales se corrió desde un principio la versión de que el seguimiento presidencial se debía a que el “Caballo” habría chocado con los intereses de un empresario naviero de peso conocido del jefe de Estado. En Casa Rosada respondieron que no se metió con uno, sino con muchos. De hecho, Suárez hasta montó una sucursal del sindicato en Paraguay para competirle a uno de los pesos pesados del sector. Desde el Gobierno explicaron que la obsesión del mandatario se debe solo a que el gremialista es un ícono del modelo sindical de la última década: trabó una controversial relación con el ministro Julio De Vido. Lo cierto es que el Presidente monitoreó en persona los pormenores de la intervención, en línea directa con la diputada González.
“Lo quieren adentro por asociación ilícita, cuando en la causa no hay nada esa es la única forma de ‘encanarte'”, se defendieron. Las malas novedades judiciales que esperan a Suárez para estos días se dan en medio de la reunificación de las centrales obreras y de un clima social mucho más áspero que en el primer semestre. En esa línea, la reacción de la nueva CGT es una incógnita y un desafío para Macri. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del flamante triunvirato sindical, planteó sus reparos a la intervención. “Nunca un sindicato estuvo intervenido en democracia”, había deslizado Schmid entre sus colaboradores.