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La iniciativa no logró una mayoría absoluta (37) por un voto. La norma impactaba de lleno en la estrategia electoral de Cristina Kirchner.
En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó esta noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.
La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedaban comprendidos en el frustrado mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
Este punto fue uno de los criticados en la previa e incluso en el recinto, en cuanto a la falta de delitos que tendría que incorporar una norma de este tipo. Tras un inicio de debate con poco vuelo, con las intervenciones a favor de la peronista disidente Alejandra Vigo -miembro informante como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales-; y en contra, de la cristinista Silvia Sapag -más ocupada en criticar al Poder Judicial-, la radical Mariana Juri bajó el tema tierra.
Por caso, la mendocina aseguró: “Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Y, peor aún, que una agrupación los proponga para sus listas. Qué raro que una sociedad necesite decirles a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados”.
A lado de Juri se encontraba su comprovinciano y ex gobernador Rodolfo Suarez, quien impulsó una norma de Ficha Limpia en Mendoza “mucho más estricta, con delitos informáticos, trata de personas, violencia contra las mujeres, prostitución y crímenes lesa humanidad”. Por eso mismo es que la legisladora reclamó, posterior a la sesión que se desarrollaba, avanzar con proyectos ya presentados en ese sentido, ya que la ley en cuestión, “si bien es parcial, es un gran avance y en base a consensos que se han conseguido”.
Las críticas de la opositora Sapag -ratificada como vicepresidenta de la Cámara alta- por la supuesta “proscripción” de Cristina Kirchner fueron desactivadas por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). “Esta ley no prohíbe por cuestiones ideológicas y políticas, sino legales y objetivas, como delitos dolosos graves contra el Estado, con una sentencia confirmada en doble instancia. Se está respetando el principio del doble conforme, tal como reconoce la Corte Suprema y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
El acompañamiento del Gobierno libertario quedó reflejado poco después por el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien dijo que el proyecto “es necesario para la salud de la democracia”. Y agregó que el mismo “chocó con los obstáculos de la política y con maniobras para tratar de frenarla”, y que “lo que debería haber sido una norma sencilla, fue una lucha cuesta arriba”.
Por su parte, y para bajarle el precio a la penosa puja entra la Casa Rosada y el macrismo por la autoría de la ley, la larretista y candidata a legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri sentenció: “Esto no es de una diputada, un diputado, senador o senadora. No es de ningún gobierno, sino un reclamo que ha hecho la sociedad civil, que lo ha cabalgado y que ha esperado pacientemente”.
“No da lo mismo ser corrupto que no serlo. No da lo mismo estafar la esperanza de los ciudadanos que no hacerlo. No da lo mismo que haya leyes para unos y leyes para otros, y la política debe dar el ejemplo”, señaló Tagliaferri, y añadió que “la política va a dar cuenta de un límite ético que nos viene reclamando la ciudadanía, que es lo que representa Ficha Limpia”.
Desde el Frente de Todos, la peronista Florencia López (La Rioja) denostó la segunda instancia que plantea la flamante normativa. En ese sentido, defendió la posibilidad de agotar todo el trayecto judicial -es decir, hasta que decida la Corte Suprema-, al enfatizar que “el artículo 33 de la ley de partidos políticos establece que no pueden ser candidatos los que sean condenados”.
López también lanzó: “Esta justicia tiene su balanza inclinada y es una justicia pirata. En vez de tener una banda en los ojos, tiene el parche en uno solo para perseguir, condenar y proscribir no a una mujer -en clara referencia a Cristina Kirchner-, sino al movimiento nacional justicialista”. E insinuó que todo esto representa “la frutilla del postre” del denominado “lawfare”.
Uno de los votos anticipados a favor -pese a que siempre juegan al límite con eso- fue el del silvestre santacruceño José María Carambia, quien subrayó: “Si queremos debatir cómo ayudamos a que haya menos corrupción, no es sólo Ficha Limpia, sino aumentar penas. Hoy, casi todos los delitos de corrupción son excarcelables”.
“Es una locura que haya chorros y corruptos candidatos”, precisó Carambia, que además advirtió que “la justicia tarda de 10 a 12, 13, 14 y hasta 15 años en tener un doble conforme”. Y finalizó: “Si a un vecino le pedimos antecedentes para un laburo, es una locura no pedir requisitos para ser candidato”.
Cómo fue el cierre del debate
“No es la herramienta idónea para alcanzar los objetivos que se describieron. Si este proyecto logra todo eso, es más o menos un milagro. Se ve que esta onda mística nos permite resolver todos los problemas con Ficha Limpia”, alertó el titular de Convicción Federal -que forma parte del interbloque del Frente de Todos-, Fernando Salino (San Luis). “A mí me piden empleo, resolver salarios, eso me piden las personas que me rodean”, sumó.
El peronista disidente Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas, sugirió “respetar el derecho de los ciudadanos a peticionar”, en medio de una discusión “que demoró ocho años”. Fue más allá el jefe del Pro, Alfredo De Ángeli: “Tenemos que ir más a fondo con esto, lamentablemente. La sociedad pidió esta ley y nos quedamos cortos”.
“Hay 10 provincias y varios otros países que lo aplican. No lo hicieron en contra de una persona y no es un traje a medida, como acá se quiere decir”, indició el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), que resaltó que el centenario partido “tiene proyectos presentados desde 2006″ relacionados con esta materia.
“Piensan una cosa, dicen otra acá y después votan otra cosa”, puntualizó la cristinista Juliana di Tullio (Frente de Todos-Buenos Aires), que aprovechó el uso de la palabra para cuestionar a la peronista disidente Vigo. “Me duele que la miembro informante haya sido una compañera a la que le tengo respeto. Hoy es un respeto que está bastante sentido en mi estima”, conjeturó.
De cara a un eventual futuro, la bonaerense envió un cariño al oficialismo y la oposición dialoguista que acompañaron la ley: “Yo también creo que es un día histórico. Los que de algún poder del Estado proscriben al peronismo, créanme que es un día histórico y se va a acordar de cada uno y de cada una de los y las que proscriban al peronismo. En este caso, a la jefa del peronismo, que fue dos veces electa presidenta y una vicepresidenta, y es la principal opositora al Gobierno de –Javier– Milei”.
Más curiosa fue la intervención del jefe del Frente de Todos, el experimentado José Mayans. “¿Ustedes creen que la gente cree que se acaba la corrupción con esto?“, consultó el formoseño, casi al punto de confirmar la idea de una parte no menor de la sociedad sobre irregularidades por doquier en los últimos largos años y que aún siguen vigentes pese a que, post 2001, la mayoría de los gobiernos fueron kirchneristas. ”Sin justicia no hay democracia”, juzgó.
Desde La Libertad Avanza, el presidente de la bancada, Ezequiel Atauche (Jujuy), abogó: “Es un refuerzo al principio de idoneidad en al artículo 16 de la Constitución. Un corrupto no tiene idoneidad para un cargo público. Es muy triste que tengamos que estar reforzando la Constitución para poder tener gente apta e idónea dentro de los cargos públicos”.
“No queremos que los fueros se utilicen para esconder la corrupción, el robo y algo que viene indignando a los argentinos hace mucho tiempo. El argentino está cansado de hacer un esfuerzo grande y que se convierta en dinero para los bolsillos de los políticos”, cerró Atauche, que calificó de “indignante” tener “que escuchar al kirchnerismo hablar de robo”.
Detalles de la ley rechazada
Durante las últimas sesiones extraordinarias, en Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general, que ocurrió a fines del mes pasado.
Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.
Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrían designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase. Con lo ocurrido esta noche, todo volvió a punto cero.