La decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares volvió a poner en debate la continuidad de los beneficios que hoy tienen las empresas que producen electrónicos en la isla.
La decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares -en dos etapas- volvió a instalar el debate acerca de la conveniencia de sostener el régimen de beneficios impositivos que tiene, desde hace más de 50 años, Tierra del Fuego. Es que tiene un costo fiscal anual sumamente elevado, bajo incidencia en la creación de valor agregado y empleo y un impacto en los precios de los productos electrónicos y celulares, que en momentos de alta protección a las importaciones no fue positivo para los consumidores.
En las últimas horas, importantes integrantes del gabinete de Javier Milei se mostraron contrarios al esquema de la isla patagónica. “Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”, dijo esta mañana el jefe de gabinete, Guillermo Francos. “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, expresó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
“El régimen fueguino es un régimen mal diseñado que cada vez es más costoso porque en vez de generar actividad sustentable, cada vez le cuesta más competir con la actividad electrónica mundial y se han tenido que ir sumando actividades al esquema en los últimos años. El último fueron los celulares en 2009″, afirmó en diálogo con Infobae el investigador del Conicet y coautor del informe realizado por la Fundación Fundar acerca del régimen, Juan Carlos Hallak.
Según repasó el analista, mantener los beneficios del subrégimen de Tierra del Fuego le cuesta al Estado USD 1.070 millones anuales que podría utilizarse para apoyar actividades más sustentables y eficientes, consideró Hallak. La isla tiene un régimen general que otorga exenciones impositivas a los habitantes fueguinos -se impulsó para fomentar que el sur comience a poblarse- y a la vez un subrégimen para las empresas, especialmente de electrónica, que es el que genera el mayor costo. Al tener poca población, las exenciones impositivas generales no tienen tanta incidencia.
Según Fallak, “lo que cuesta plata es el subrégimen industrial, que regula que las empresas puedan importar insumos para la producción, que en electrónica son los kits, y que luego vendan el producto terminado en el continente”.
Esa transformación tiene asociados dos grandes beneficios:
- Exención de IVA.
- Eximición de los aranceles a la importación
En términos de créditos fiscales, el estudio de Fundar estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones por año.
El esquema también contempla un diferencial de Impuestos Internos por USD 20 millones, ya que aplica una tasa menor a los productos fabricados en la isla en comparación con los importados. Además, las empresas radicadas en Tierra del Fuego gozan de exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.
A la vez que anunció una quita de aranceles a la importación de celulares, que generó la reacción de la industria y los trabajadores, el Gobierno mantuvo el diferencial de impuestos internos que tienen hoy los productos fabricados en la isla versus los que ingresan del exterior. Mientras que los tributos bajarán de 19% a 9,5% a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, a esos mismos productos elaborados en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5% al 0%.
Esta medida fue festejada por la industria, que venía insistiendo en la necesidad de reducir los costos, pero la baja de aranceles a la importación de los celulares los deja en situación de desventaja de todos modos, por lo que las empresas avanzarán en una evaluación sobre lo que les conviene hacer a partir de ahora. Como la quita será gradual, se tomarán su tiempo.
Un costo alto en medio de la motosierra
“El objetivo geopolítico que le dio origen al régimen por medio de la Ley 19.640 en 1972 ha sido alcanzado con creces. Constituyó una herramienta efectiva para impulsar el crecimiento de la población y de la actividad económica sobre la base de la expansión del empleo industrial. La ley fue un elemento crítico en este proceso que operó en un territorio “casi vacío” y, hasta entonces, menos dinámico que otras regiones del país, y logró nivelar la cancha de forma considerable”, sostiene Fundar en su detallado estudio.
Pero hoy “el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de 1070 millones de dólares, equivalente al 0,22% del PBI nacional, más del doble del presupuesto del Conicet para 2021 o el 39,3% del gasto público anual en AUH y AUE”. “Como está diseñado, premia la facturación y no el agregado de valor local, no promueve las exportaciones y no ha logrado generar la autonomía económica que Tierra del Fuego merece para dejar de depender de los vaivenes de los gobiernos nacionales”, agrega.
La pérdida de empleos netos, según el Gobierno
Sturzenegger también dio cifras y se refirió al enorme potencial que tiene Tierra del Fuego para desarrollar otras actividades, como el turismo o la pesca, por ejemplo. “Construir galpones industriales en este paraíso es como hacer galpones industriales en Yellowstone o en el centro de París”, planteó en sus redes sociales.
Previamente, el mismo día del anuncio de las medidas, había remarcado que si bien la reducción del régimen fiscal especial podría derivar en una disminución del empleo en la isla, el efecto neto sobre el trabajo nacional sería positivo. Según sus estimaciones, el régimen provocaba una pérdida neta de 60 mil empleos en el conjunto del país, ya que se trataba de una actividad con bajo requerimiento de mano de obra, especialmente en comparación con los servicios. “El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, expresó el funcionario.
En diálogo con este medio, Hallak sumó: “Es un chupadero de plata terrible. Es mucho costo sin mucho beneficio. Es poca gente, son 10.000 personas para mantener un sistema ineficiente que no tiene sentido estar ahí. Por eso, planteamos la reformulación del régimen, que apunte a premiar el valor agregado”, precisó el investigador del Conicet.
Los productos electrónicos que se producen en la isla son celulares, televisores, aires acondicionados y microondas. En el primer caso, el valor agregado es prácticamente nulo porque directamente es un trabajo de ensamble del kit importado el que se realiza. En el caso de los TV, además del ensamble se realizan las placas electrónicas -se le insertan los chips importados- y en los aires es donde más valor agregado hay de los tres productos, ya que tiene detrás algo de actividad metalúrgica.
¿Bajan los precios por los beneficios del régimen?
Aunque en la teoría los beneficios impositivos que tienen las empresas de electrónica de la isla deberían traducirse en menores precios para los consumidores, ello no se dio siempre así. En momentos en que las importaciones estaban cerradas y había mucho control por parte del Gobierno –durante el kirchnerismo, por ejemplo–, los precios de los productos electrónicos no fueron bajos. La falta de competencia generó, para este y para todos los sectores, una protección que hizo que pudieran aumentar los precios más fácilmente.
Ahora, con la liberación de los aranceles de importación y la baja del impuesto interno, sí habrá una tendencia a la baja de los precios, por menores costos, pero principalmente porque deberán resignar márgenes y negociar mejor con los retails a los fines de no perder tanto share frente a los importados. Por otra parte, los productos que ingresen directamente del exterior llegarán a precios más competitivos.