Los referentes de la organización piquetera son los principales apuntados por el fiscal Gerardo Pollicita. “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, ¿y encima les tenemos que dar más cosas?”, la confesión de un dirigente a cargo de uno de los comedores.
La Justicia sigue avanzando en la causa por los presuntos casos de extorsión que realizaba un grupo de piquetero sobre los beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo. Estudian la documentación que secuestraron en los allanamientos. La causa es reveladora. Hay conversaciones entre los dirigentes sociales del Polo Obrero que dicen luchar por los que menos tienen que indignan. “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto”. La conversación fue entre Gustavo Vásquez, referente de un comedor y la delegada Cinthya Delgado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita utiliza términos muy fuertes sobre los 28 imputados, la mayoría, 17 de ellos, pertenecen al Polo Obrero. Describe hechos prácticamente de sometimiento sobre las víctimas.
En el pedido de detención y allanamientos que le realizó al juez Sebastián Casanello, describe un sistema de “castigos” sobre los beneficiarios de planes sociales que no asistían a las marchas y protestas organizadas por la Unidad Piquetera. En el escrito, el fiscal federal detalla los roles de los integrantes de la “Asociación Civil Polo Obrero” y la “administración” sobre tres comedores comunitarios cuyos responsables fueron denunciados a la línea 134 habilitada para tal fin por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
Se reconocen “aprietes”, “extorsiones” “sanciones”, “multas” y “cobro de cápita”. Son los comedores sociales Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra.
