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“No hay ninguna norma que obligue a Walmart a pagar lo que pide Moyano”, aseguró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien agregó que no existe ley que valide el avance de Camioneros con pedidos de indemnizaciones a compañías que cambian de dueño. Así, le puso un freno a la embestida de Hugo Moyano sobre empresas que cambiaron de accionistas, entre ellas Walmart y Garbarino.

Exigencias fuera de lugar

El secretario general de Camioneros exige que la cadena de supermercados despida a sus empleados, les pague doble indemnización, los vuelva a contratar y les reconozca derechos adquiridos, como por ejemplo la antigüedad. En el caso de la tienda de electrodomésticos, hizo un pedido similar que luego devino en una protesta por un bono de 100 mil pesos.

La justificación es que las compañías cambiaron recientemente de dueños, pese a que la vida jurídica no sufrió alteraciones. Ambas firmas mantienen sus razones sociales, números de CUIT y hasta ubicaciones geográficas de sus plantas y locales.

“No hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar”, reconoció este jueves Moroni ante una pregunta de la periodista María O’Donnell en Urbana Play.

Si bien aseguró que los conflictos de intereses son “legítimos”, el funcionario del gobierno de Alberto Fernández confirmó que no existe norma alguna que convalide este avance de Camioneros sobre compañías privadas que generó preocupación a otros empresarios y fue calificado como una extorsión.

El caso Walmart

La cadena Walmart fue adquirida recientemente por el Grupo De Narváez, quien expuso la problemática en una solicitada publicada la semana pasada en Infobae.

“En las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país. Somos una compañía que siempre cumple la ley”, describió Walmart.

“Invitamos al Sindicato de Choferes de Camiones y a aquellos colaboradores de nuestro Centro de Distribución que hoy no están cumpliendo con el normal desarrollo de la operación a dejar sin efecto las medidas y solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar los medios con miras a garantizar el abastecimiento de todos los hogares argentinos”, aseguraron.

La empresa detalló en la solicitada que adquirieron la cadena “con el firme propósito de invertir, desarrollar, crecer y asegurar los más de 10.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Un compromiso que, en un contexto adverso para la inversión, buscó hacer de nuestra estrategia de crecimiento una opción para todos”.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para que las partes busquen una solución consensuada.

 

 

 

fuente: infobae

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