Se trata de una zona de más de 400 hectáreas cuya disputa data desde hace varios años. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) avaló a la comunidad Lof Che Buenuleo Mapuche y la publicó en el Boletín Oficial.

Frente al avance de la usurpación de tierras que se desató en medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno Nacional reconoció la ocupación actual de un territorio a una comunidad del pueblo Mapuche en Bariloche.

Tomas de tierras

Los focos de las tomas ocurren en el conurbano bonaerense y en Río Negro. En la provincia de Buenos Aires, la situación más preocupante ocurre en Guernica (Presidente Perón), donde alrededor de dos mil personas se encuentran ocupando un predio de cien hectáreas. El desalojo que estaba previsto para este miércoles fue postergado hasta el 1 de octubre por pedido del Gobierno de Axel Kicillof que apuesta a encontrar una solución pacífica y el futuro destino de estas familias que viven en carpas y precarias casillas de madera y chapa.

En la Patagonia

Mientras que en la Patagonia, a lo largo de los últimos meses aumentaron las usurpaciones de tierras tanto privadas, como fiscales, y hasta de áreas protegidas. El conflicto desató distintas miradas entre dirigentes, el rechazo de los vecinos de la zona que exigen el desalojo y que contrasta con el reclamo de las comunidades indígenas que argumentan la propiedad histórica -de carácter “ancestral”- de los lugares en disputa.

Este miércoles, a través de la Resolución 90/2020 que fue publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) amparado en un “relevamiento técnico, jurídico y catastral” en la provincia de Río Negro reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de la comunidad Lof Che Buenuleo -perteneciente al pueblo Mapuche- en una tierra de 481 hectáreas en San Carlos de Bariloche.

Política indígena

“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, justificó el Gobierno amparando la decisión en el Artículo 75 -inciso 17- de la Constitución Nacional.

 

fuente: infobae

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