El Gobierno de Tucumán oficializó el otorgamiento de un subsidio de $120 millones a la Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Providencia – Pequeño Cottolengo Don Orione para contribuir al pago de los sueldos del personal que presta servicios en la institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 649/14 (MGyJ), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 31 de marzo y publicado este lunes 20 en el Boletín Oficial.
Para el pago de sueldos
Según el texto oficial, el aporte económico responde a un pedido realizado por la institución, ubicada en avenida República del Líbano al 2100, en la capital tucumana, y estará destinado a afrontar los salarios del personal que asiste a residentes con diversas necesidades.
El decreto señala que el Cottolengo brinda alimentos, atención médica, terapias y contención integral a personas que, en muchos casos, no cuentan con un grupo familiar que pueda asistirlas. En ese marco, el Ejecutivo provincial consideró procedente otorgar la asistencia económica solicitada, en la medida de las posibilidades financieras del Estado, para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Con rendición de cuenta
La solicitud fue analizada previamente por la Dirección General de Presupuesto de la Provincia y por la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno y Justicia, organismos que intervinieron en el trámite administrativo.
El subsidio será transferido con cargo de oportuna rendición de cuentas y se financiará con recursos del Tesoro General de la Provincia, según lo establecido en la normativa.
La ayuda provincial se otorga en un contexto de dificultades presupuestarias que atraviesan distintas instituciones sociales y de atención a personas con discapacidad, en parte vinculadas a demoras o interrupciones en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional, lo que llevó a varias organizaciones a solicitar asistencia estatal.
La importancia del Cottolengo
En Tucumán, el Cottolengo Don Orione alberga a unas 90 personas. A nivel nacional, la cifra asciende a 1.200, y si se suman las obras vinculadas en Uruguay y Paraguay, el número alcanza aproximadamente 1.500, todas dependientes de un sistema que actualmente no garantiza su financiamiento.