El fiscal ante la Cámara Federal cuestionó al juez Rafecas por volver a impedir la reapertura de la denuncia contra Cristina Kirchner.
El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, presentó un escrito en el que respaldó la apelación del fiscal Gerardo Pollicita a la decisión del juez Daniel Rafecas de rechazar la reapertura de la denuncia que hizo Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza.
En el recurso, al que tuvo acceso Infobae, Moldes también solicitó que se incorporen los delitos de “traición a la patria” y de “omisión funcional de perseguir los delincuentes”.
“El viernes, antes del cierre de la actividad, presenté un escrito con tres cosas: sostuve el recurso de apelación que interpuso Pollicita contra esta decisión de Rafecas, que insiste sin motivos en no hacer lugar a esa reapertura y mantener la causa cerrada”, destacó Moldes en Radio Mitre, y agregó: “También pedí la nulidad de aquella resolución de la Sala I de la Cámara Federal del 26 de marzo de 2015, porque había convalidado la insensata resolución de Rafecas.
Además, adelantó que agregó “dos posibles interpretaciones o alternativas” a la figura penal del encubrimiento que presentó Nisman, que en enero de 2015 denunció a Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros, por supuesto encubrimiento a los acusados por el atentado a la AMIA.
“Ratifico y amplío, pero digo que también podrían haberse dado otros delitos, como traición a la patria, o la omisión funcional de perseguir a los delincuentes”, detalló el fiscal Moldes, y añadió: “Los fiscales no estamos diciendo que los delitos se cometieron, estamos pidiendo que nos dejen trabajar, investigar, hacer nuestro trabajo”.
A casi un año y medio de la muerte violenta de de Nisman sólo hay hipótesis y ninguna certeza (NA) A casi un año y medio de la muerte violenta de de Nisman sólo hay hipótesis y ninguna certeza (NA)
Traición a la Patria
En su presentación, Moldes indicó que esta figura se configuraría “en caso de llegar a acreditarse que argentinos que ejercían cargos públicos relevantes y otros que no lo son, pero que tan sólo eran parte del desafinado coro de lacayos y cortesanos que suele acompañar los antojos y caprichos del poderoso, se habrían unido a los enemigos de la República para prestarles su ayuda”.
Entre los argumentos, asegura que “el cambio copernicano en la política exterior del Estado entre 2005 (cuando fue firmado el Decreto 812/2005, por el presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete Aníbal Fernández y ministros Rafael Bielsa y Horacio Rosatti) y 2013, época de la gestión y suscripción del “memorándum” con todas sus consecuencias (presidencia de CFK –sic-, ministro Timerman), merece la atención de los jueces con el fin de desentrañar si su negociación, elaboración y suscripción, además de inconstitucional, fue el resultado y producto de una acción criminal. Lo que hasta hoy se sabe, que no es todo, ni suficiente, indicaría que sí. La propuesta del Ministerio Público tiende a que estas incógnitas se desvelen. Por eso debe ser atendida”.
Además, el fiscal recordó que “en 2005 el presidente Néstor Kirchner, en el marco del acuerdo a que se llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció la responsabilidad del Estado argentino en la desviación de la investigación del atentado a la AMIA y el ocultamiento de los que se suponen sus verdaderos autores”.
Por último, planteó un interrogante: “¿Cómo entender por qué en 2012/2013 Cristina Fernández llegó a un acuerdo con el Estado que representaba a los prófugos? (Algunos de ellos siguen desempeñando relevantes responsabilidades políticas en Irán). Así se habría explorado la posibilidad de que lograran impunidad”.
Según indicó Moldes, podría acusarse con este delito a los ex funcionarios nacionales porque “sin siquiera una explicación mínimamente verosímil, de manera inmotivada o fundada en motivos inconfesables o espurios, se ha pospuesto o evitado la realización de aquellas medidas necesarias que competían a los sindicados por el fiscal Nisman en la denuncia, con el objetivo de consagrar la impunidad de los imputados en la causa AMIA y lograr que evadieran las decisiones de la Justicia argentina”.
En este sentido, detalló que “los alcances del ‘memorándum’ y las decisiones que de él podían surgir conducían, según Nisman, derecha y únicamente a un entorpecimiento a la persecución penal; para disimularlo se echó mano a una defensa férrea de difusas ideas, amparadas en una ‘cuestión de Estado’, tan enredada y falaz que, si no hubiera de por medio ochenta y cinco vidas segadas, causaría hasta un poco de gracia”.
“Para que las explicaciones de esa transformación nos permitan conocer sus contornos a quienes estamos llamados por la Constitución y la ley a investigar, para que podamos evaluar si fueron o no delictivas esas decisiones y su instrumentación, sólo queda viabilizar la investigación que reclamamos hace ya 16 meses”, expuso el fiscal en la presentación ante la Justicia.