Es en la causa por la multimillonaria evasión de impuestos de la firma Oil Combustibles.

Tal como había anunciado, el fiscal general Germán Moldes pidió hoy la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y también la de los socios de la petrolera Oil Combustibles, Cristóbal López y de Fabián De Sousa. Moldes incluyó esos requerimientos en su apelación de la decisión de excarcelar a ambos empresarios en la causa por la retención de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles, informaron fuentes judiciales.

El 16 de marzo pasado, en una controvertida decisión y con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la Sala I de la Cámara Federal decidió liberar a los dueños del Grupo Indalo, que estaban detenidos desde el 19 de diciembre por orden del juez Julián Ercolini.

Su fallo quedó teñido de sospechas luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, pidiera investigar antes el Consejo ce la Magistratura un presunto pago de coimas. La Corte Suprema de Justicia también le ordenó a ese organismo que investigara cómo había sido seleccionado Farah para desempatar los votos enfrentados de Ballestero y el otro miembro de la sala I, Leopoldo Bruglia, quien se había opuesto a la excarcelación de López y De Sousa. Ballestero le envió el expediente a Farah, quien votó igual que sólo veinte horas después de haber recibido el caso.

En su descargo escrito, Ballestero explicó que Farah ya había actuado en otras causas conexas a ese expediente, y que por eso lo convocó directamente, sin sorteo previo. El otro juez que podría haber desempatado es Martín Irurzun, históricamente más estricto tanto con las prisiones preventivas como con las excarcelaciones.

Además de pedir que tanto los empresarios como el ex funcionario K sean detenidos, la apelación de Moldes apunta a recuperar la calificación del delito investigado como una “defraudación al Estado agravada”, que atenuada por Ballestero y Farah en su sentencia, por la de “apropiación indebida de tributos”. Si esta última calificación se mantuviera, Oil podría seguir tramitando el caso ante la justicia Penal Económica como un caso de evasión, y -según admitió la AFIP ante el juez comercial Javier Cosentino- podría acceder a moratorias y planes de cuotas para pagar un monto sensiblemente menor a los 17.000 millones de pesos que hoy reclama el ente recaudador.

El planteo del fiscal busca reconstruir la lógica de la acusación original que viene investigando el juez Ercolini, según la cual el organizador de la maniobra fraudulenta fue Echegaray, quien tenía la responsabilidad de cobrar el impuesto adeudado, y de hacer cumplir el medio centenar de planes especiales de pago que él decidió brindarle a Oil y que la petrolera tampoco pagó. López y De Sousa, entonces, serían partícipes de ese fraude, agravado por cometerse contra la administración pública. Al invertir las responsabilidades, la Cámara Federal alivió la situación de Echegaray y puso a los empresarios como protagonistas de un simple caso de evasión.

La apelación de Moldes, junto con la que el lunes pasado presentó el abogado Ricardo Gil Lavedra en nombre de la AFIP, será analizada ahora por el fiscal ante la Casación Ricardo Wechsler, quien decidirá si mantiene o no ese pedido ante el tribunal. Recién entonces llegará a manos de los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, que deberán convocar a una audiencia para que las partes expliquen su posición antes de que ellos resuelvan. Cuando llegue ese momento, una mayoría conformada por Hornos y Riggi podría darle la razón a Moldes y a la AFIP, mantener el caso en el fuero federal y eventualmente ordenar detenciones u otras medidas en la causa.

fuente. clarín

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