El crimen de Érika Álvarez, la joven de 25 años de Manantial Sur, se perfila como un hecho atravesado por vínculos con el narcotráfico y no con el femicidio. La víctima habría sido asesinada a golpes el martes 6 en un lugar que aún no fue determinado (posiblemente Yerba Buena), y su cuerpo arrojado dos días después cerca de su domicilio.
El principal sospechoso es Felipe “El Militar” Sosa, un empresario del sector de la seguridad privada, que ya fue detenido. Los pesquisas ahora intentan entablar la relación con un presunto y peligroso narcotraficante de origen extranjero, identificado como “Carlos”.
Familiares, amigos y otros testigos, coincidieron en describir a este hombre como alguien peligroso y con antecedentes vinculados al tráfico de drogas en distintos países.
Medidas de allanamiento
La fiscal María del Carmen Reuter dispuso una batería de allanamientos y medidas investigativas para reconstruir el entramado de relaciones de la víctima.
Se identificaron distintas personas que formaron parte de la vida de Érika: el primer novio que la habría introducido en el consumo de drogas, una ex pareja con antecedentes de violencia; un hombre adinerado con quien mantenía contacto frecuente y este narco extranjero, quien se habría refugiado en Tucumán para evadir pedidos de captura.
Mucha marihuana
Érika habría recibido grandes cantidades de marihuana de parte de dicho sujeto, tanto para consumo como para su comercialización. Según los datos incorporados a la causa, se trataría de entregas superiores al medio kilo, una cantidad que representa una suma millonaria.
Una casa en El Cadillal
La familia de la víctima aportó información sobre el narco y dijeron que le había prestado una vivienda en El Cadillal para festejar su último cumpleaños, un dato que, para los investigadores, confirma el vínculo.
A esto se sumó la declaración de un amigo de la víctima, quien aseguró que Érika se mostraba cada vez más paranoica en los meses previos al crimen, al punto de fotografiar patentes de autos y motos que utilizaba a través de aplicaciones de transporte.
El empresario de la seguridad
En uno de los allanamientos ordenados por la fiscal, surgieron elementos que permitieron vincular a Felipe Sosa con la causa. Al intentar localizarlo, los investigadores descubrieron que había abandonado Tucumán de manera repentina, lo que incrementó las sospechas.
El ex integrante del Ejército y de la Legión Extranjera francesa, propietario de una empresa de seguridad privada muy conocida, cuenta con antecedentes judiciales.
Violencia de género
En la Justicia provincial, Sosa enfrentó causas por violencia de género, con denuncias de su ex pareja por lesiones y amenazas, además de una restricción de contacto con sus hijos.
En el ámbito federal, fue investigado por el cultivo de marihuana, causa en la que finalmente resultó sobreseído, aunque su nombre volvió a aparecer más tarde en una investigación vinculada a la provisión de drogas sintéticas para fiestas clandestinas.
Se define la imputación
Mientras se aguarda una audiencia clave en la que el fiscal Carlos Picón definirá la imputación provisoria contra Sosa, la causa avanza sobre tres hipótesis principales: un homicidio ocurrido durante una fiesta privada con personas de alto poder adquisitivo; una represalia o un ajuste vinculado a una deuda o a la apropiación de estupefacientes ajenos.