Apenas terminó el almuerzo y la disertación del fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, varios de los comensales se pararon y repitieron una frase que dijo y que les causó alto impacto. “El sistema judicial debe explotar por los aires, no lo podemos sostener más de esta manera”, dijo luego de analizar el rol de fiscales y jueces, reivindicar la Ley del Arrepentido, instar a avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal y pedir cambios para la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Rívolo planteó un escenario apocalíptico si, según su visión, no se transforma el Poder Judicial. “Este es un país ezquizofrénico en el que el fiscal investiga y el juez investiga también”, señaló y propuso, en cambio, que los fiscales recolecten pruebas, “evidencia suficiente” y luego los jueces “balanceen” para definir si la defensa o la parte acusatoria tienen razón.

“Proponemos reglas más claras, que sepan quién es su fiscal que recolecta pruebas y la acusación, dese el principio hasta el final”, consideró sobre el actual sistema en el que la instrucción la lleva adelante un fiscal y un juez y un tribunal diferente juzga. Incluso remarcó que “es más económico” si se unifica el proceso, al tiempo que cuestionó que el actual “es un sistema escrito que se presta para la oscuridad”, razón por la que propuso avanzar hacia la oralidad.

En el Rotary Club de Buenos Aires, cada mediodía de miércoles, han disertado este semestre referentes de los distintos poderes del Estado y de importantes sectores, como el periodismo y el empresarial. En este caso al responder a la consigna “Qué pretendo para la Argentina”, el fiscal Rívolo reivindicó como un logro la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, aunque criticó que “el delito por excelencia no está, la defraudación a la administración pública voló, estaba y se fue”.

Sin embargo, propuso a futuro “mejorarla” mientra que calificó como “altamante positivo” que sí se haya incluido “el arrepentido empresario”. En ese sentido, recordó que “los que hemos sufrido los embates de investigar el poder sabemos que es difícil” en referencia a las causas que involucran al Estado, pero se expresó a favor de “ir a un sistema penal premial” y la aplicación de la figura del arrepentido que ya se usó en el caso de Leonardo Fariña y de Alejandro Vanderbroele. Eso sí, remarcó que el éxito de ese pacto con un imputado “depende cien por ciento de los fiscales porque el acuerdo se hace con nosotros, los fiscales deberemos ir a hacer estudios, posgrados de negociaciones, porque el arrepentido se juega su libertad, entonces si hay una reducción de un tercio de la pena yo quiero pruebas contundentes”.

“A mí me gusta hacia donde vamos”, cambió la perspectiva Rívolo, quien fuera fiscal del caso Ciccone hasta que en mayo del 2012 el juez Ariel Lijo lo apartó aunque “el apartamiento fue bastante elegante, había una causa anterior”, ironizó. De hecho dijo que “no existió política de persecución de la corrupción en la última gestión” y mencionó varias veces que “después de que un vicepresidente gritara en una conferencia (por Boudou) un procurador como Esteban Righi tuvo que irse porque eligió ser procurador de la Nación y no de un Gobierno”. Por contraste, apuntó a quien hasta diciembre será su jefa, Alejandra Gils Carbó,”una procuradora que nos ha hundido en una crisis porque eligió ser la Procuradora de un Gobierno y no de la Nación” .

La periodista Clara Mariño, moderadora habitual del evento, hizo sus preguntas y compartió las de rotarios presentes. La cuestionada detención del ex vicepresidente Amado Boudou fue la primera. “La regla de la Constitución es la libertad, nadie puede ir preso sin una condena firme”, sorprendió el fiscal, que, en cambio, reveló que durante 52 días, entre el 10 de diciembre del 2011 y el 1 de febrero del 2012, fecha en que arrancó en forma oficial la causa contra el Vicepresidente de Cristina Kirchner, “nadie nos prestó atención” y “hoy se ve el reflejo de aquellos elementos importantes, antes de los embates que sufrimos”. Y repitió que “no importaba mi apartamiento pero un fiscal general fue apartado y por eso estamos tan pendientes hoy del proyecto que reforma nuestro sistema”, en referencia al Ministerio Público Oficial y la ley en debate en el Congreso para su modificación.

Sin embargo, sobre la detención de Boudou, aclaró que “en el sistema actual hay que equilibrar derechos y garantías” y que en libertad hay quienes “rompen reglas”, por lo que justificó la medida cuando hay “una semiplena prueba de su culpabilidad” y cuando, como ocurrió con el contador Víctor Manzanares, conocido como el contador de los Kirchner, “creó una cuenta donde desviaba fondos” mientras permanecía en auto de procesamiento sin prisión preventiva.

También lo consultaron sobre el pago del Impuesto a las Ganancias y volvió a plantear la discusión general sobre si el salario es o no ganancia aunque, en este contexto, contestó que sí, que “jueces y fiscales deben pagar” aunque pidió reconsiderar “injusticias” como que la Nación pague jueces de Capital y debatir quién pondría la alícuota a los miembros del Poder Judicial.

Como ocurrió con otros disertantes, hubo quien quiso saber qué piensa de los ex militares detenidos en causas por delitos de lesa humanidad que aún no tienen condena. Al responder despertó un murmullo generalizado en las mesas: “No hay una política del Ministerio Público que determine la libertad de estas personas, con lo cual va a seguir siendo así”. Luego agregó que cree que deberían “acelerar los juicios” (para los casos de corrupción pidió lo mismo, con el argumento de que si se cambia el sistema por uno similar al de Brasil, Estados Unidos y otros países, los procesos serán más veloces) aunque abogó porque “la figura de la desaparición de una persona” y “la apropiación de menores”, con fiscalías especiales en la Procuraduría, se mantengan bajo investigación.

Cuando requirieron su opinión sobre la agrupación Justicia Legítima contó su participación en la primera reunión. “Salí espantado” (esta vez más que murmullos se oyeron risas) porque, apuntó, “en el primer panel dijeron que la Corte tenía que acompañar con sus fallos al gobierno y se desató una enorme cooptación de cargos dentro del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial y de la Defensoría”. Sin embargo elogió lo que siguió: “Nos sacudió a muchos”.

Finalmente, le preguntaron si tiene esperanzas respecto a la resolución judicial de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman. “No quiero tener ninguna esperanza, quiero tener certezas”, respondió sin dudar y también planteó que no cree en la hipótesis del suicidio. “Si no podemos descubrir la muerte de un colega daremos una muestra de ser inservibles”, se molestó y subrayó que “se ha hecho mucho para que esto quedara en la nada, tardamos dos años en empezar a tener alguna certeza”.

Fuente: Infobae

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