Los empresarios del transporte de colectivos volvieron a la carga por el aumento de la tarifa en San Miguel de Tucumán, en plena crisis económica. La cámara del sector reiteró el pedido para llevar el boleto de los $ 12,50 actuales hasta $ 21,22 y realizó una advertencia: si no reciben una respuesta, realizarán restricciones en los servicios o suspenderán empleados.
La Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), presentó por nota en el Concejo y en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la solicitud: “han pasado más de 50 días y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Nuestro pedido ha sido soslayado, inclusive generando la instalación de nuestra problemática en los medios ofreciendo respuestas políticas, que no tienen que ver con la responsabilidad que les cabe para preservar un servicio público fundamental. De no tener una solución urgente, no estamos en condiciones económicas de una prestación normal”, expresaron en la misiva firmada por el presidente y el secretario de Aetat, Daniel Orell y César Atim.
Si bien el último incremento en la Capital se había aprobado en febrero (pasó de $ 9,35 a $ 12,50), los empresarios alertaron que la crisis económica significó una embestida para el sector. “Frente a esta coyuntura económica, como con cualquier producto de la canasta familiar o facturas de servicios, nuestros costos tuvieron incrementos en algunos casos superiores al 100%. Nuestra responsabilidad nos llevó a respetar nuestro compromiso de una prestación más que razonable, acorde a los ingresos que nos daban las tarifas deficitarias que vienen fijándose hace años”, continúa el escrito. Los empresarios habían solicitado llevar la tarifa primero a $ 16 y luego otorgar subas mensuales hasta llegar a fin de año con la tarifa urbana en $ 21.
La devaluación del peso y la escalada del dólar habían sido advertidas por los empresarios de colectivos provinciales. En mayo, habían solicitado exenciones impositivas. Ese mismo mes, el gobernador Juan Manzur había remitido un proyecto de ley a la Legislatura para declarar el sector en emergencia y que el Poder Ejecutivo (PE) pueda destinar subsidios a las firmas tucumanas. La condición era el compromiso de los empresarios de mantener la planta de trabajadores. Los legisladores sancionaron prestos la emergencia. Los primeros $ 20 millones llegaron a las empresas que otorgan los servicios interurbanos, de media distancia y rurales en junio. La ayuda económica, sin embargo, no incluye a las empresas que explotan las 14 líneas urbanas.
fuente. lagaceta