La madre del menor denunció primero a la abuela, por abuso; luego al padre, fabulando un secuestro. La Justicia Penal confirmó la inexistencia de ambos hechos y los absolvió, pero el fuero de Familia apañó con su inacción el falso testimonio.
Además de kafkiano, el caso Foster-Abduch es emblemático de una práctica que está arraigada en muchos juzgados de familia: la justicia penal absuelve pero el fuero civil se muestra incapaz de reparar el daño y recomponer los vínculos rotos por separaciones -generadas por sus propias medidas cautelares y prohibiciones de acercamiento- que se prolongan en el tiempo.
J.G. tenía 4 años cuando su madre denunció a la abuela paterna, Rosario Abduch, por abuso. A los 9 meses, la justicia la sobreseyó. Entonces la progenitora denunció al padre, Juan Foster, aunque éste llevaba todo ese tiempo sin ver al niño…
Esta segunda denuncia -evidentemente fabulada- también se cayó. El sobreseimiento no fue por falta de pruebas sino porque se demostró que “no existieron los hechos”. La prueba la aportó principalmente el mismo menor: “Papá no me hizo nada”, “la abuela no me hizo nada”, “quiero ver a papá”, “le digo pero mamá no entiende”, etcétera.
Transcurrieron casi tres años hasta el sobreseimiento definitivo y cuando todo debía enderezarse, repararse, por el contrario, se torció. Ya estamos en 2017 cuando se dispone la revinculación de J.G. con su padre en el Centro de Salud Mental n°1 “Dr. Hugo Rosarios”, y ahí es cuando por primera vez el niño dice que no quiere ver al padre sin poder dar una razón. El informe dice: “En el último encuentro dijo que ‘como era la última vez que venía, tenía que contarme todo’ y que el papá le había hecho cosas feas de las cuales solo hablaba con su mamá porque le daba vergüenza. Se lo veía presionado a contarme todo porque le dijeron que faltaba que me cuente un montón de cosas”. Tenía que, le dijeron, presionado… Los indicios de manipulación abundan pero, increíblemente, este equipo de profesionales recomienda no revincularlo aún con su padre, lo que en la práctica significa dejarlo más tiempo aún a merced de la progenitora denunciante que así tiene la vía libre para seguir inoculando un discurso que el niño finalmente hará suyo.
Se suceden años de sabotaje por parte de la madre de todos los intentos de un abordaje terapéutico que deconstruya el relato implantado en el niño, pese a la recomendación en ese sentido, entre otros, del Ministerio Público Tutelar.
Consultado por Infobae, Atilio Álvarez, que actuó como Defensor de Menores en esta causa, argumentó que el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le había “atado las manos”, en este caso [N.de la R: al pie de esta nota, más aclaraciones del defensor]. Cabe señalar que este informe es de marzo de 2024, 11 años después de iniciada la causa.
Es un documento para la historia nacional de la infamia. Luego de nuevas entrevistas con el niño y sus padres, los peritos del CIF –Claudia Faganel, psicóloga, Esteban Martin, trabajador social, y Muriel Naymark, médica psiquiatra- evalúan el caso como si éste hubiera empezado el día que les llegó a ellos.
¡Entrevistan a una familia sin conocer el expediente! O, peor, conociéndolo y haciendo caso omiso de todo lo realizado por la justicia. Basan sus conclusiones en la versión de la madre (falsa denunciante reincidente). Dan por sentado que los abusos ocurrieron. “Atento al principio de no revictimización…”, dicen, pero para hablar de revictimización tiene que haber una víctima.
La madre de J.G. aprovecha la impunidad con que la ha favorecido el sistema para lanzar, más de una década después, nuevas acusaciones contra Foster, todas incomprobables. En cambio, lo que dice sobre su hijo está demostrado que es falso: la revisión hecha al niño en el Hospital Durand en 2013 la contradice. El chico jamás dio los detalles que da recién ahora, 12 años después, sobre los abusos que ella inventó; al contrario, el sobreseimiento de la familia paterna se basó en buena medida en el relato del niño. Sin que a los “peritos” oficiales se les mueva un pelo, ella vuelve a calumniar y a acusar sin pruebas. Todo lo que dice es tomado al pie de la letra por el trío de expertos.
Para muestra, este párrafo: “Las manifestaciones verbales y comportamiento de la Sra. C. son compatibles con el perfil de una madre protectora (sic) ante el develamiento de lo que consideró una sospecha de exposición de su hijo a situaciones de desprotección infantil, y en particular ante la sospecha de abuso sexual intrafamiliar por parte de su expareja, y fundada en indicadores específicos como relatos e indicadores comportamentales y físicos presentados por el niño a la edad de 4 años. La Sra. C. ha abordado la sospecha desde una posición de resguardo para su hijo y ha seguido los pasos que los profesionales e instituciones intervinientes le han indicado.” Una madre ejemplar.
Llamativo el nivel de desconocimiento del caso que están evaluando. Los relatos e indicadores comportamentales del niño a los 4 años desmintieron todo lo que la madre protectora fabula hasta hoy.
Un informe como éste hubiera ameritado por parte de la jueza del caso, María Celia García Zubillaga, como mínimo un apercibimiento a los tres “peritos”. Sin embargo, la magistrada, que sí conoce el expediente, utilizó este informe del CIF para consumar la injusticia sentenciando que no se puede “abrir un espacio vincular como lo solicita el Sr. Foster, máxime teniendo en cuenta que el joven ya ha cumplido 15 años”. Se completa así la denegación de justicia y la impunidad de una falsa denuncia y de la manipulación de un menor, que ya creció separado de su padre sin que exista motivo alguno para ello.
Ninguna de las infamias, mentiras y calumnias reiteradas en el informe, y tomadas como ciertas por Faganel, Martín y Naymark, son rebatidas por esta representante del fuero que debe proteger a las familias y especialmente a los menores.