Propietarios de discotecas, a través de la cámara empresaria que los contiene, solicitaron a la Legislatura provincial la revisión del proyecto de ley de Régimen especial de seguridad de espectáculo públicos y actividades recreativas ya que generaría serios perjuicios no sólo al sector sino también a los trabajadores.
A través de una nota, la Cámara de Propietarios de Discotecas de Tucumán, solicitó al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, que se devuelva a comisión el proyecto de ley sobre “Régimen especial de espectáculos públicos y actividades recreativas”, debido a que coarta la libertad de trabajo de los empleados de seguridad nocturna.
El presidente de la entidad empresaria, Rodolfo Di Pinto, explicó al respecto que se está pasando por alto la sanción de la Ley Provincial 9220 (de agosto de 2019) que adhiere a la Ley Nacional 26370 y que fuera promulgada el pasado 27 de Enero de 2020 con la firma de Carolina Vargas Aignasse, a cargo del Ministerio de Seguridad y del Gobernador Juan Manzur.
Di Pinto recordó que durante el desarrollo del Consejo de Seguridad Interior, donde fueron invitados por el Ministerio de Seguridad de la Nación como Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina (FEDRA), escucharon la exposición de Oscar Castellucci, de la Asociación Martín Castelluci, cuyo hijo perdió la vida en el boliche La Casona de Lanús en Diciembre de 2006 y entonces impulsó la sanción de una ley de seguridad nocturna.
Castellucci fue coautor de la Ley Nacional 26370 de Espectáculos Públicos, donde también trabajaron profesionales del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina, presentes en el Consejo. En la oportunidad dijo que de haberse adherido todas las provincias y no solo 11, muchos hechos fatales no habrían ocurrido.
“Ante lo que el Ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley, le respondió públicamente que su ministerio estaba trabajando fuertemente junto a nuestra cámara en la reglamentación de la Ley provincial 9220 de adhesión a la suya”, apuntó Di Pinto quien remarcó su sorpresa cuando por información de medios de prensa se enteró del nuevo proyecto. “En el Art 33 se deroga la Ley 9220 de adhesión a la 26370 y en el Art 34 se adhiere nuevamente”.
Para los empresarios del sector, el proyecto de ley contiene numerosos artículos que perjudican a los trabajadores, obligando a las empresas a reemplazarlos inclusive por monotributistas, cuando su gremio los contiene y les brinda los servicios aparte de estar en plena campaña de registrarlos e insertarlos en el sistema laboral.
Los puntos más contradictorios tienen que ver que con la nueva ley se crearía un nuevo organismo, lo que significará más burocracia y mayor costo para la provincia; se prohíbe el cobro de entradas en eventos realizados en salones de fiesta, lo que perjudica a la actividad hotelera y gastronómica cuando sus locales están en perfectas condiciones y cumplen todas normas de seguridad, pero se permitirán los eventos en clubes que ni siquiera cumplen con las normas básicas de seguridad e higiene; se recarga la tarea del IPLA, que nació como un ente de control del alcoholismo y actualmente tiene la suma del horario, de menores, de las adicciones y de fumadores; se aplicarán más multas a pagar a través del banco oficial de la provincia sin saber el destino de esos fondos, un negocio correctamente establecido y habilitado cumpliendo las normas de habilitación municipales será nuevamente habilitado por la policía de la Provincia.
Di Pinto se quejó de la manera en que se quiere aprobar la ley. “No fuimos informados ni llamados a participar de un proyecto de ley en el que somos parte, y la parte más importante del mismo ya que generamos fuentes de trabajo y participamos activamente en la actividad turística, debido a que somos negocios y empresas permanentes, no organizadores eventuales como se pretende tratarnos a través de este nuevo proyecto de ley, con el que manifestamos nuestra total disconformidad y rechazo”.
Explicó que debido a la Ley Provincial 9220 de adhesión a la ley nacional, la CAPRODYATUC inició gestiones a través de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina para celebrar un convenio colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (el que actualmente está homologado y en funcionamiento para todas las cámaras provinciales del sector) y ahora se pretende cambiar las normativas, lo que dejará sin trabajo al personal ya capacitados y en formación.
“Como Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán, afiliados a la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina, nos ponemos a su disposición para trabajar en la reglamentación de la Ley Provincial 9220 de adhesión a la Ley Nacional 26370 y, al mismo tiempo, aportar nuestro contacto con la Federación Europea de Discotecas y Dancings, quienes en diversas oportunidades nos colaboraron con documentación inherente a la problemática de nuestra actividad”, subrayó.