El manejo irregular de planes sociales por parte del municipio de Yerba Buena derivó en una presentación ante la Justicia Federal, en Comodoro Py, en donde están acusados una funcionaria de la “Ciudad Jardín”, el propio intendente Mariano Campero y funcionarios nacionales.
Cuando Matías Kelly, director de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social, dependiente de la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, visitó Tucumán para comunicarle al gobierno de la provincia que el manejo del Plan Argentina Trabaja – Ellas Hacen, pasaba al manejo del municipio de Yerba Buena, nada hacía presagiar que surgirían irregularidades que llevarían a la presentación de una denuncia ante la Justicia Federal.
Sin embargo, una queja del dirigente del Frente Renovador, Sebastián Luna, llegó a Comodoro Py en contra de los mencionados funcionarios nacionales, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, y una funcionaria de su gabinete, Silvia Iramain, por los presuntos delitos de Tráfico de influencias, administración fraudulenta, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falsificación de instrumento público, uso de instrumento público falso y cohecho.
La citada denuncia se ratificará en los próximos días y tiene como finalidad deslindar las responsabilidades que les cupo a cada uno de los denunciados, en el caso de los funcionarios nacionales y el propio intendente yerbabuenense, la falta de control en torno a la persona responsable del manejo de los citados planes sociales, Silvia Iramain. Según Luna, la mujer fue exonerada en 2008 de la administración pública por reclamar supuestos haberes adeudados adjuntando un decreto apócrifo; tiene dos documentos de identidad a su nombre, uno de ellos sería del ciudadano Eduardo Luis Rodríguez; también consideró llamativo que para la AFIP Iramain se encuentra trabajando, mientras que para la ANSES no se desempeña laboralmente en ningún lado.
“Este fallido cruce de datos es llamativo y hace suponer que una mano negra neutraliza el sistema que funciona aceitadamente para cualquier ciudadano”, subrayó Luna en diálogo con Diario Cuarto Poder.
Respecto a su designación, el denunciante sostiene que Mariano Campero no pudo estar ajeno a ello, porque Iramain se desempeñó como colaboradora ad honorem en tiempos en que él era concejal en Yerba Buena. En ese sentido, Luna señala una denuncia realizada en 2012 por Carlos Augusto Monteros, quien había sido contratado por el entonces edil Campero y al que supuestamente se le exigía la mitad de sus haberes, contando que había una serie de recaudadores entre los que figuraba la actual encargada de los planes sociales Argentina Trabaja – Ellas Hacen.
“La queja fue presentada por Monteros ante el entonces presidente del Concejo Deliberante, Antonio Caferro, quien no hizo nada. Posteriormente, se desestimó la realización de investigación”, indica Luna.
Recaudadora o no
En la presentación judicial el dirigente sostiene que “lo que se debe dilucidar es si Iramain continúa siendo recaudadora de Campero al día de la fecha, pues al encontrarse a cargo (ya que es la jefa del Plan Nacional Argentina Trabaja – Ellas Hacen) y teniendo en cuenta que los beneficiarios de dicho plan, ascienden al friolero número de 1.200 personas, para el caso de que ello fuese de la manera en que se presume, si a cada beneficiario se le exigiera la mitad de lo percibido en virtud del Plan Nacional mencionado, la “recaudación por mes” sería de $3.600.000.- mensuales aproximadamente, hablando de un haber de $6.000.- mensuales. Es decir $43.000.000.- al año, o $172.000.000.- en una gestión de 4 (cuatro) años”.
La proyección expuesta por Luna genera preocupación, teniendo en cuenta que muchos vecinos consideran que la totalidad de las cuadrillas que se observan en las calles de Yerba Buena no alcanzan a los 300 beneficiarios, por lo que se preguntan cuáles son las contraprestaciones del resto del universo de integrantes de los mencionados planes sociales.
Pregunta sin respuesta
También se preguntó Luna “con qué sentido o razón, Mariano Campero, Carolina Stanley, Matías Kelly, mantienen en un área estratégica y de manejo de fondos nacionales millonarios, a una persona exonerada de la administración pública, con dos indentidades diferentes, con múltiples domicilios, con diferentes números de CUIT y CUIL, que para AFIP se encuentra trabajando y para ANSES no posee trabajo, que tiene fuertes contactos con los funcionarios nacionales José Cano y Domingo Amaya; el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro; el funcionario municipal Enrique Romero, todos ellos pertenecientes al espacio político Acuerdo para el Bicentenario, del que Iramain también forma parte”.
La mujer figura en el gabinete actual del municipio de YB
La acusada Silvia Iramain se desempeña en el equipo de trabajo del actual intendente Mariano Campero quien, según las propias palabras de la mujer, habría hecho las gestiones para ponerla a cargo del manejo de los planes sociales mencionados. Para ello le cedió las oficinas del Ente Ejecutor del Programa, que también tiene a su cargo el manejo de fondos destinados a mujeres que son víctimas de violencia.
Iramain también tiene celular corporativo del municipio de Yerba Buena, aunque figura como perteneciente al gobierno provincial. “Es el intendente de Yerba Buena quien participó necesariamente en la maniobra antes descripta, a fin de que la exonerada Iramain pueda cubrir un cargo y función pública (contrario a la ley). Y que depende directamente de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, y de quien recibe los fondos para las supuestas asistencias a las víctimas de violencia, previo pasar por las manos del intendente Mariano Campero”.
También sostiene Luna que como abogado, Campero no puede desconocer la situación de Iramain, porque fue publicada en el Boletín Oficial.