En Mesa chica, el nuevo programa económico de LN+, el periodista Pablo Fernández Blanco contó los detalles del posible acuerdo por el que el empresario kirchnerista obtendría la cobertura de la actividad presidencial.
La política y los negocios dibujaron algunos cruces curiosos en la gestión de Mauricio Macri, como la polémica por el Correo Argentino y la aerolínea Avianca. Aunque de otro tipo, es posible que ese entrelazamiento vuelva a arrojar una rareza en las próximas semanas.
Sucede que una empresa de Cristóbal López, dueño del grupo de medios en el que se destaca la señal de cable C5N, habitualmente muy crítica del Gobierno, y enfrentado con la Casa Rosada por una deuda millonaria debido a la retención de impuestos a los combustibles, está a punto de quedarse con un contrato millonario para producir contenidos audiovisuales y transmitir toda la actividad presidencial por los próximos 12 meses, según se desprende de documentos oficiales que vio LA NACION.
La administración de Mauricio Macri lanzó hace semanas una licitación para contratar un servicio integral de seguimiento de la actividad de la Presidencia y los Ministerios. La empresa ganadora deberá proveer el equipamiento, la infraestructura y el personal que “permitan la permanente generación, transmisión, compaginación, producción, coordinación y distribución de todas las señales audiovisuales que sean solicitadas por la Secretaría de Comunicación Pública”. Ofrece un contrato de un año, con opción a prórroga por un período igual.
El presupuesto original establecido por el Gobierno superaba los $ 64 millones, pero se presentaron a la compulsa dos compañías que ofrecieron un precio menor: BVS TV, que cotizó el servicio en $ 63 millones, y Prensa Satelital, que pide $ 58 millones. La última de las compañías forma parte de La Corte, una productora que está bajo el control del Grupo Indalo, que pertenece al empresario patagónico y a Fabián De Sousa, su socio minoritario y el principal gestor de los negocios no vinculados con el juego.
La Corte, que produjo y transmitió partidos del programa Fútbol Para Todos, fue creada en 1987 por los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo. En marzo del año pasado le vendieron el 51% de ese paquete a López. Pese a mantener la mayoría, fuentes cercanas a Cristóbal López sostienen que no participa de la gestión cotidiana de la empresa, que aún recae en sus fundadores.
Además de los argumentos económicos, como el hecho de presentar la oferta más baja, la empresa de López tiene motivos técnicos para quedarse con el negocio, según reconocen en el mercado y en despachos oficiales. Por caso, viene prestando el servicio desde el año 2003 para los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, de manera que ninguna otra empresa radicada en el país tiene su experiencia en el tema.
Presidencia exige una prestación compleja. El pliego de la licitación, redactado con un alto detalle técnico, pide la generación de contenidos, entre otras cosas, para streaming, distribución para su posicionamiento en páginas y portales web y distribución en TV abierta, TV por cable, TV satelital y radios.
Ante la consulta, fuentes oficiales explicaron que la licitación contempla toda la actividad de Macri, sumada a la de la Jefatura de Gabinete y eventualmente los ministerios. Eso incluye la transmisión de la reunión del World Economic Forum que se hará el mes próximo en Buenos Aires, los viajes fuera del país, la transmisión de la reunión del G20, la Asamblea General de la ONU y las visitas de Estado que haga el Presidente.
También incluye las notas realizadas en vivo con los canales del interior del país -el año pasado se hicieron más de 400- de Macri y otros funcionarios.
El Gobierno incluyó en la misma boleta la cobertura y televisación de las audiencias públicas previas a los aumentos en las tarifas de luz y gas que se aplicarán este año.
El pliego pone un límite tajante a los interesados: no podrán presentarse licenciatarios de medios. El motivo: “Dicha capacidad ocasionaría la deslealtad entre los restantes licenciatarios en la comunicación, como así podría ocasionar inconvenientes en la calificación y resguardo de la información”, sostiene el documento. En la práctica, Prensa Satelital no es dueña de una señal, sino los socios que la controlan. Es un escollo que la empresa de López deberá superar, pero no el más importante. Sucede que el Gobierno no descarta anular la licitación y hacer un nuevo llamado debido a la poca cantidad de ofertas.
Pese a la cifra abultada, el contrato en juego implica un recorte en términos reales. Por ejemplo, recibió $ 52,2 millones por la transmisión de las actividades de Cristina Kirchner en 2014. Si se tiene en cuenta la inflación, los $ 58 millones que ofertó Prensa Satelital parecen un premio mucho más chico.
Fuente: La Nación