Los Sauces, la lujosa propiedad de los Kirchner.

La defensa de la ex presidenta, pidió apartar por enemistad manifiesta al juez federal en la investigación por la sociedad familiar “Los Sauces” y además rechazó los cargos y reclamó ser sobreseída en Hotesur, la otra causa penal en su contra, a cargo de Julián Ercolini.En la causa que investiga alquileres ficticios por parte de la sociedad Los Sauces a empresarios beneficiados con la obra pública, la ex presidenta calificó de “utopía” pensar que puede ser juzgada de manera imparcial por Bonadío, a quien criticó en duros términos, según el escrito al que accedió Télam.

En tanto, en la presentación realizada en la causa Hotesur, aludió a denuncias “absurdas” y a “malicia”, con fuertes críticas a la denunciante diputada Margarita Stolbizer y aseguró que los alquileres de los hoteles “no fueron ficticios”.

Cristina pidió apartar a Bonadió en la causa por el alquiler de propiedades en la sociedad “Los Sauces”, algo que si el juez rechaza y deberá ser resuelto por la Cámara Federal.

“En los últimos días siguió haciendo vaticinios sobre si voy a ir o no presa, mostrando una vez más el nivel de descomposición al que ha llegado”, agregó la ex Presidenta en el escrito presentado por su defensor Carlos Beraldi.

Cristina está imputada por supuesto cohecho y enriquecimiento ilícito junto a su hijo Mäximo y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez y reclamó que Bonadío no ordene más medidas hasta que se decida si sigue o no al frente del caso.

“¿Es posible que usted pueda desempeñar su rol con ecuanimidad respecto a mi persona?”, le preguntó al juez tras hacer un raconto de las causas en las que el magistrado fue apartado por la Cámara Federal en los últimos años y sus dichos a la prensa luego que sus superiores le quitaron la causa Hotesur.

“La decisión de la Cámara generó una violentísima reacción de su parte, lanzándose a los medios de comunicación para así manifestarlo, en particular ante aquellos medios hegemónicos que ahora orquestan la incesante campaña de hostigamiento que vengo padeciendo”, agregó.

“El derecho a ser juzgada por un juez imparcial resultan una verdadera utopía” si la causa Los Sauces permaneciera en el juzgado de Bonadío, arremetió la ex Presidenta.

Y acotó: “Usted mantiene una clara animosidad en mi contra que, surge no sólo de las numerosas y graves arbitrariedades cometidas en mi contra en causas a su conocimiento, sino igualmente con motivo de su propia conducta extraprocesal”

También le recordó haber sido nombrado como uno de los “jueces de la servilleta” en el menemismo, recordó que le sacaron la causa por irregularidades en el atentado a la AMIA a raíz de sus vínculos con el ex ministro de Interior Carlos Corach y apuntó que ella lo tiene denunciado por “prevaricato” por lo que hizo en la causa Dolar Futuro donde la procesó.

Y sobre esa causa, a estudio ahora en la Cámara Federal, la calificó de “un verdadero leading case en materia no sólo de arbitrariedad, sino también de prevaricato”.

En tanto, ante el juez Ercolini, la ex jefa del Estado pidió ser sobreseída en la causa Hotesur, donde se investiga el falso alquiler de unidades hoteleras a empresas beneficiadas con la obra pública en un descargo en el que rechazó los cargos.

“No se trata de alquileres ficticios”, dijo sobre los alquileres de sus hoteles a los empresarios Baéz y López y a la empresa Aerolíneas Argentinas.

La ex presidenta dijo que por los alquileres se pagaba un “canon fijo mensual” y no se cobraba por cada habitación rentada.

“En lo que hace a los reiterados y mediáticos intentos de vincular simples contratos de locación de inmuebles de nuestra propiedad, con presuntos “retornos” provenientes de la obra pública, las cifras de unos y otras muestran palmariamente el absurdo y la malicia de las denuncias”, agregó ante Ercolini.

Y detalló que “durante los períodos de gobierno que van del 2003 al 2015 -tres períodos presidenciales- se realizó obra pública por un total de USD 107.825 millones, que fueron ejecutados por decenas de empresas contratistas del Estado donde, resulta importante señalar que, las dos empresas denunciadas en forma permanente no encabezan precisamente el ranking por montos ejecutados”.

Esta causa está delegada en el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ordenó medidas y prepara un dictamen en el que pediría la indagotoria de la ex Presidenta y los demás imputados, como su hijo Máximo, su sobrina Romina Mercado y los empresarios Báez y López.

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