Una nueva pericia puede complicar la situación judicial de Cristina Kirchner. Una firma tapada y corregida puede ser clave para el avance de la investigación sobre la ex presidente.
Si los primeros seis meses del año fueron agitados para la situación judicial de la ex presidente, el segundo semestre parece traerle más problemas en ese ambito.
El fiscal Gerardo Pollicita ya tiene firmado un escrito en el que solicita una pericia sobre los libros contables de la sociedad Hotesur S.A. por irregularidades denunciadas por la diputada Margarita Stolbizer a través de su abogada Silvina Martínez.
Esta causa se inició por una denuncia de la diputada del GEN y es una de las que más compromete a la familia Kirchner. Hotesur es propietaria del Hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
Según la primera presentación judicial que hizo Stolbizer existen sospechas de que se trata de un alojamiento “fantasma” que usó el ex matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el empresario más beneficiado con la obra pública: Lázaro Báez.
A través de una firma vinculada a Báez, Hotesur recibió en concepto de alquiler diez millones cien mil pesos entre 2010 y 2011. “Mientras conseguía contratos millonarios para realizar obras financiadas por la Nación, Báez les alquilaba cientos de habitaciones en hoteles a los Kirchner, plazas que casi nunca eran ocupadas”, dice la denuncia. Valle Mitre, una firma de Lázaro Báez, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y alquiló durante años en el Alto Calafate, más de 1.100 habitaciones por mes. Esos cuartos no siempre estaban ocupados, pese al millonario costo que representaba para la empresa de Báez, y que significaba una importante ganancia para la familia Kirchner.
Para entender por qué el fiscal Pollicita solicita esta pericia es necesario hacer una breve enumeración de lo ocurrido hasta el momento en esta causa y prestar mucha atención a la secuencia cronológica de los hechos.
Luego de la denuncia de Stolbizer, el juez a cargo de la investigación en ese momento, Claudio Bonadio -entre otras medidas- el 13 de julio de 2014 requirió los libros de Hotesur en la sede de la sociedad y en el hotel del que era titular. En ninguno de los dos lugares pudieron encontrarlos. Recién al día siguiente fueron aportados por Romina Mercado, presidenta de la sociedad comercial y sobrina de Cristina Elisabet Kirchner.
El 30 de octubre de 2015 el defensor de Mercado, el abogado Carlos Beraldi, pidió al juzgado copia certificada de los libros societarios. Quien entendía en la causa en esa fecha era el Juez Federal Daniel Rafecas ya que Bonadio había sido apartado por la Sala I de la Cámara Federal. El magistrado autorizó el pedido indicando que después de su extracción serían certificadas las copias y que se dejara constancia de que fueron entregadas.
Los libros de Hotesur estaban en la sala de conferencia del Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura.
El 3 de noviembre de 2015, el personal del juzgado de Rafecas y de Prefectura retiraron los libros. La fuerza de seguridad labró un acta para dejar constancia del hecho, pero en ese documento no se indica que los libros se encuentren tachados ni enmendados.
El 5 de noviembre, Rafecas dejó constancia de que recibió los libros en el juzgado y le pidió al secretario que certifique el estado en que se encuentran. Además le ordenó que se le entreguen copias certificadas al abogado de Hotesur. Ese mismo día, el secretario del juzgado certificó que se recibieron seis libros de Hotesur. Dejó constancia que los libros de actas de asamblea y acta de directorio se encuentraban tachados, enmendados y con manuscritos. En el libro de Actas de Asambleas, las fojas 11 y 27 tiene enmendados en varios renglones, lo mismo que la 28 y la 30. Las fojas 3, 15, 21, 25 y 26 tienen distintos textos agregados en lápiz. Peor aún es lo que se encuentra en la foja 29, que directamente tenía sobre el texto impreso letras “X” en todos sus renglones sobreimpresas.
En el libro de Actas de Directorio también encontraron numerosas irregularidades, pero una de ellas es la que llamó más la atención del fiscal.
Ante esta circunstancia, Rafecas -que mantuvo prácticamente “dormida” esta causa desde agosto del año pasado- hizo un descargo indicando que los libros no fueron adulterados mientras estuvieron en su juzgado sino que fueron entregados así. Lo llamativo es que no hay certificación previa a la entrega y sí posterior, tampoco hay constancia acerca de qué empleado del juzgado acompañó a Beraldi a sacar copias de los libros, las constancias sobre la entrega de los mismos y las certificaciones no están ordenadas cronológicamente. El fiscal de ese momento, Carlos Stornelli pidió una pericia sobre los libros frente a tal cantidad de anomalías. ¿Cuál fue la respuesta de Rafecas? No hizo lugar a la solicitud del fiscal.
Las sospechas de maniobras tendientes a dificultar la investigación no se agotan ahí. El 1ro. de diciembre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial un nuevo cambio de autoridades de la sociedad comercial Hotesur. Entre la documentación que aportó a la Inspección General de Justicia para la inscripción pertinente Víctor Manzanares -el contador de los Kirchner- es la transcripción del acta de asamblea del 18 de marzo de 2015 que se encuentra en la foja 30, es decir la hoja adulterada según la certificación que hizo el juzgado.
Los inspectores de la IGJ detectaron, entre otros errores, que había diferencias en el registro de asistencia a la asamblea.
Frente a esta situación, la denunciante Stolbizer pidió al Ministro de Justicia, Germán Garavano que ordene a la IGJ que suspenda la inscripción de las nuevas autoridades de Hotesur S.A.
A raíz de todas estas irregularidades, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Julián Ercolini que ordene una pericia completa sobre los libros para determinar la fecha de las adulteraciones, qué había debajo de las marcas de corrector encontradas, y por qué las firmas son diferentes en todas las actas pese a que se indican que firmaron las mismas personas.
El dictamen del representante del Ministerio Público ya está firmado y los resultados de las pericia se conocerían cuando termine la feria judicial. Pero hay algo que llamó la atención de Pollicita por sobre el resto de las anomalías detectadas. En una de las actas el nombre y la firma de Cristina Elisabet Kirchner está tapada con corrector blanco del tipo “liquid paper” y escritos encima el nombre y la firma de su hijo Máximo Kirchner.