El tope funcionará para los pagos hechos en base a “Transferencias 3.0″, tras un acuerdo de Visa con los bancos. También hay límites para pagar facturas y retirar efectivo en las redes de cobranza.

El comienzo del nuevo sistema Transferencias 3.0, lanzado por el Banco Central para potenciar los pagos con QR, atraviesa su primer escollo. Para adaptarse a su funcionamiento, entre Visa y un grupo de bancos se establecieron límites para hacer pagos a través de transferencias, lo que generó algunas sorpresas entre los consumidores. Si los comerciantes eligen cobrar bajo el nuevo mecanismo, hay un tope de $5.000 para pagar en comercios, de $8.000 para pagar facturas en redes de cobranza y de $15.000 para extraer efectivo en esos locales. Los topes rigen por día y por cuenta y, por supuesto, no aplican a los comercios que cobren por la vía tradicional.

Esos límites se pusieron en marcha la semana pasada. En las últimas horas, Visa acordó con los bancos elevar el tope de $8.000 para los pagos con débito en redes de cobranza hasta $20.000, algo más cercano a los montos que se pagan en locales como Rapipago o Pagofácil.

Según explicaron en la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS), hasta ayer no era posible ir a un local de cobranza y pagar una factura mayor a $8.000 con tarjeta de débito. Tampoco lo era hacerlo a través de las apps y la web de esas empresas. Se espera que en breve comience a aplicarse el nuevo límite de $20.000, ya que las empresas de cobranza se ven perjudicadas con la situación. Muchas de ellas permitían extracciones de efectivo de $30.000; ahora, solo pueden entregar la mitad de ese monto.

En algunos bancos, la decisión de aplicar límites a las compras con tarjetas de débito incluyó también a los pagos con Maestro, la tarjeta de débito de Mastercard, de participación minoritaria en el segmento de pagos con débito.

¿Cómo puede saber el consumidor antes de pagar con tarjeta de débito si van a aplicarle el límite o no? Es prácticamente imposible. Ocurre que para concretar algunos pagos con QR, la red utiliza los datos de la tarjeta de débito para identificar al cliente, aún cuando el pago se procese como una transferencia de cuenta a cuenta (bancaria o de una fintech).

Por ello, una vez que el cliente entregó su tarjeta de débito (o que dio los datos de ella a través del código QR) solo el comerciante sabe cómo se va a hacer el pago: si como una operación convencional con tarjeta de débito o como una transferencia, en base a la nueva norma del BCRA. Es allí donde nace la decisión de la principal tarjeta del país contra la nueva normativa, ya que hay transacciones que se inician con una tarjeta Visa, pero no son procesadas por Visa.

A este problema, se sumaron algunas picardías. El sistema Transferencias 3.0 está orientado a que muchos pequeños comercios o cuentapropistas que hoy viven en el mundo del “solo efectivo” empiecen a recibir pagos electrónicos, tanto con débito como con QR. Para ello, cuentan con condiciones ventajosas, como la acreditación inmediata de los fondos y un arancel de 0,8 por ciento.

No obstante ello, en el mercado se dice que hay grandes comercios, como alguna cadena de supermercados, que buscan sumarse al nuevo sistema para pagar comisiones más bajas. Allí, los consumidores también podrían encontrarse con la sorpresa del límite a la hora de pagar con tarjeta de débito. Y al momento de llegar a la caja, con su plástico o con su celular, no sabrán qué tipo de pago están haciendo.

Al conocerse que la normativa de Transferencias 3.0 permitía que los pagos por transferencia puedan iniciarse con una tarjeta de débito, Visa envió el pasado 30 de octubre una dura carta al titular del BCRA, Miguel Pesce, tal como consignó Infobae. En ella, se quejó de que el nuevo sistema dispone “la utilización de las credenciales de Visa para instrumentar un mecanismo de pago que se aprovecha deslealmente de la infraestructura ya existente”.

La principal emisora de tarjetas del país alega que no puede garantizar las operaciones por encima de los límites mencionados porque las transacciones se hacen a través de “una red ajena”. Esos límites, como el de $5.000 por día para cobrar a través de transferencias, fueron dispuestos “debido a cuestiones de estándares de seguridad de Visa relacionados con los riesgos de fraude”, explicaron en la empresa. También aseguran que el sistema adolece de “falta de transparencia” para el consumidor, quien nunca sabrá si cuando usa su tarjeta de débito el comerciante hace una operación de compra convencional o una del nuevo sistema. En este último caso, el cliente podría perder la posibilidad de acceder a una promoción, solo reservada a los pagos tradicionales, o a exigir que se le revierta el pago si existiera una causa para ello. Los pagos de “Transferencias 3.0″, a diferencia de los pagos convencionales con tarjeta, son irreversibles: una vez que el dinero pasó de la cuenta del cliente a la del comerciante, no puede retornar en ningún caso.

“Las tarjetas son emitidas por los bancos y pertenecen a los clientes, no a Visa ni a ninguna otra marca”, explica una fuente oficial, que admite que es probable que en algunos de los pagos con QR hechos con el sistema “Transferencias 3.0″ no ganen nada: es decir, pondrán su red para que se pueda hacer la transacción y no recibirán nada del 0,8% de comisión. “Las tarjetas de débito también se usan para extraer efectivo de los cajeros y Visa o Mastercard tampoco ganan nada cada vez que el cliente las usa para eso”, ejemplificó la misma fuente.

La solución alcanzada entre los bancos, Visa y el BCRA de ningún modo soluciona el problema en forma definitiva. Muchos actores del sistema financiero ven en este acuerdo una vía para poner en marcha el nuevo sistema y seguir negociando sobre él. Ocurre que el sistema Transferencias 3.0, con el que el BCRA espera ganarle al efectivo con la expansión de los pagos QR, recién comienza. Su ingrediente esencial es la interoperabilidad, es decir, que todos los lectores de QR reciban pagos de todas las billeteras electrónicas, de bancos o de fintech. Y eso será obligatorio recién el 30 de noviembre de 2021. Tarjetas, bancos, fintech y procesadores, junto al propio Banco Central, tienen por delante un largo año para transformar su negocio.

 

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