El proceso se realiza en la Legislatura de La Pampa. La magistrada Ana Clara Pérez Ballester enfrenta la chance de perder su cargo junto a la asesora Elisa Catán.
Hoy a las 8 de la mañana comenzó el juicio contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán en la Legislatura de Santa Rosa, La Pampa. Ambas funcionarias están acusadas de mal desempeño en sus funciones por haberle entregado a su madre y a su madrastra a Lucio Dupuy, abusado sexualmente y asesinado en noviembre de 2021. Por el crimen, ambas mujeres fueron condenadas a prisión perpetua en febrero de este año.
El proceso debía comenzar ayer, pero fue postergado. Ballester, ex titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1, intervino en 2020 junto a Catán en el expediente por la tenencia del chico, en medio de la pandemia y en medio de un conflicto con el padre del menor.
El jury, que podrá terminar con la destitución de ambas funcionarias, será breve. A lo largo de esta semana está previsto que declaren 40 testigos. La semana próxima, el martes 19, se escucharán los alegatos de cierre. El viernes 22 se dictará la sentencia y se sabrá si ambas permanecen o no en su cargo, confirmaron fuentes cercanas al proceso a Infobae.
La acusación en su contra, según las mismas fuentes, apunta a que “omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño”.
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El reclamo de justicia por Lucio en el juicio a sus asesinas (Gastón Taylor)El jurado de enjuiciamiento está conformado por su presidente, y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, que fueron designadas por sorteo.
En el juicio también intervienen el procurador general subrogante, Guillermo Sancho –que reemplaza a Mario Oscar Bongianino, quien se excusó tras una recusación planteada por Catán–; el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto; y las defensoras oficiales de Catán, la defensora general Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz.
En la audiencia de hoy, Sancho acusó a Pérez Ballester y a Catán, suspendidas preventivamente por el jurado mientras dure el juicio político en su contra. Las acusadas, por lo pronto, prefirieron no declarar.
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Lucio y las mujeres condenadas por su violenta muerteEl expediente por la tenencia de Lucio y la acusación
Pérez Ballester y Catán fueron quienes intervinieron en el expediente sobre el cuidado del niño y avalaron darle la tenencia a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien, junto a su pareja, Abigail Páez, lo asesinó a golpes tras abusar sexualmente de él.
Hasta ese momento, Lucio residía con una tía paterna y, de acuerdo a la acusación, las funcionarias le dieron la tutela a la madresin realizar las correspondientes averiguaciones y trámites de rigor y sin consultar al padre del niño, Cristian Dupuy. Sin embargo, la tía fue quien avaló el traspaso, tras un largo desgaste de trámites institucionales en medio de la pandemia del coronavirus.
El expediente sobre Lucio en el juzgado de Pérez Ballester se creó a mediados de 2020, plena pandemia, en el marco del aislamiento obligatorio. Fue llamado “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.
Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio y quien, por esos días, tenía la tenencia de Lucio, la que había recibido a fines de 2019. Del otro lado estaba Magdalena, la madre de Lucio, que reclamaba por su hijo. El chico vivía con los tíos por un acuerdo entre los padres y era feliz. Pero la madre quería llevárselo a Santa Rosa, por eso comenzó un litigio en la Justicia. Los tíos se negaron a entregarlo en un primer momento.
El 4 de noviembre de ese 2020, la tía de Lucio cedió la tenencia, cansada de las denuncias en su contra, de los escándalos que hacía la madre en la puerta de su casa cada vez que lo visitaba y preocupada por el estrés que vivía el niño por esas situaciones.
En esta causa, la Procuración le objetó a Pérez Ballester y Catán conductas como “no escuchar la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia” porque “se presumió que no estaba condiciones de declarar, afectando presuntamente los derechos del niño”, expresó Sancho en la audiencia de hoy.
“No se escuchó al niño pese a que (en ese momento) era aún más importante, ya que Lucio tenía cuatro años, y se avizoraba una conflictividad familiar, aunque no hubiera indicadores de violencia”, sostuvo Sancho.