El Gobierno dispuso un aumento en las tarifas del gas que promedia el 203% desde el 1° de octubre. El incremento será transitorio, por 6 meses, y diferente según los consumos de los hogares. Representa una disminución con respecto a la suba anulada por la Corte Suprema de Justicia, que andaba por el 330%, según expresó el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Los hogares R1-R2 (los de menor consumo) conforman la categoría más grande del país: son el 56% de los hogares. Ellos tendrán una suba del 237% en relación a los precios vigentes en 2015, llevando su factura mensual a alrededor de $ 107 más impuestos. En lo anulado por la justicia, esa suba era del 297%.

La categoría R3 (clase media, un 31% del total) abonará un promedio de $ 371 por mes, según estimaciones del ministerio de Energía, lo que representa un incremento del 176%. Antes, el alza era del 235%, según los datos del Gobierno.

El 13% de las viviendas que más consumen (categoría R3-4) tendrá un impacto del 122%, con una boleta promedio de $ 953 mensuales. Son los sectores más pudientes, a los que el Gobierno buscó aplicarles un alza de 174% en abril.

Para los hogares que logren reducir su consumo, habrá premios. Los usuarios R1 y R2 tendrán un 50% de descuento si demandan un 15% menos de gas que en el período anterior. Los R3 obtendrán un beneficio del 30% si ahorran, mientras que los R3-4 irán a una rebaja de 20% si se cuidan.

En todos los casos, los impuestos representan entre un 20% y 25% adicional de las facturas. En una boleta de $ 200 bimestrales, los impuestos pueden ser de $ 50, pero en una de $ 1.800, hay que añadir otros $ 600 de carga impositiva.

El ente regulador del gas (Enargas) llevará a la audiencia pública el precio del gas “en boca de pozo” que se aplicará desde el 1° de octubre de 2016 hasta octubre de 2019. Pero la parte de los consumidores tendrá que esperar a la revisión tarifaria integral (RTI), cuya audiencia pública se realizará en octubre. Allí se determinará el precio que le cobrarán las distribuidoras (las empresas que llevan el gas a las viviendas) desde el 1° de abril de 2017 y por cinco años.

“En la audiencia pública se hacen propuestas y se escuchan a los expositores, pero no hay que contestarles. La decisión no es vinculante. Se toman los reclamos y se contestan a través de un informe”, manifestó Aranguren.

La propuesta del Gobierno es que las tarifas de gas tengan una actualización semestral. El Estado destina más de US$ 4.100 millones anuales (más de $ 60.000 millones) para calefaccionarse. Los consumidores solo pagan un 19% de esa cuenta y el resto (81%) es subsidio estatal. Con el aumento transitorio, los hogares abonarán la mitad de lo que cuesta tener gas y el otro 50% saldrá de las cajas públicas.

El objetivo del Gobierno es eliminar los subsidios al gas para 2019. Cuando termine el mandato de Mauricio Macri, el Estado nacional no tendría que estar subvencionando a la industria. Ese camino implica que el Poder Ejecutivo vaya destinando cada vez menos dinero y crezca la parte que pagan los consumidores.

Fuente: Clarín

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