Luego del creciente conflicto entre la Policía provincial y la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por representantes docentes, no docentes y estudiantiles. La medida judicial determinó que el accionar de la Policía provincial constituyó una violación directa a la autonomía universitaria y al principio de inmunidad jurisdiccional, según comunicó la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt).
Tras valorar las pruebas presentadas por los denunciantes y advertir “fisuras en la documentación enviada por el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía de Tucumán”, el juez dictó una orden estricta contra las fuerzas de seguridad.
La resolución establece expresamente lo siguiente: “Ordenar la prohibición de acercamiento, hostigamiento o ingreso no autorizado de efectivos policiales provinciales a los predios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, sin orden legítima, ordenando el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y no docentes”.
En sus fundamentos, el juez planteó la protección constitucional del derecho a la protesta y el principio de proporcionalidad. “La protesta social en defensa de la educación pública y el presupuesto universitario constituye un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, peticionar a las autoridades y reunión pacífica”, argumentó en el fallo.
La presentación judicial
En la misma línea, el magistrado advirtió que “las fuerzas de seguridad del Estado no pueden utilizar métodos coactivos intimidatorios para disuadir el ejercicio de derechos políticos, sociales o de manifestación”. Así, remarcó que los agentes estatales deben actuar bajo un estricto escrutinio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El fallo también recuerda que las fuerzas de seguridad locales “carecen de atribuciones para irrumpir, patrullar, requisar o realizar operaciones preventivas sin previa orden emanada de autoridad judicial federal competente o en estricta sujeción a los recaudos legales que protegen el ámbito universitario”.
“La intromisión policial sin justificación legítima en el marco de protestas por el presupuesto universitario vulnera la intangibilidad del campus y constituye una vía de hecho ilegítima”, reitera.
Tras conocerse el dictamen, Adiunt emitió un comunicado celebrando la decisión judicial y reafirmando la importancia de “organizarse frente a la violencia institucional y no dejar pasar las acciones intimidatorias de la policía”. “Seguimos denunciando la responsabilidad del gobierno provincial y exigiendo que se investigue a los responsables”, concluyó el gremio.
El origen del conflicto
La presentación judicial realizada por la comunidad universitaria señala a dos hechos como la génesis del conflicto. Ambos ocurrieron en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
Según la denuncia, el primero de ellos ocurrió el 15 de octubre, durante las protestas por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese día, un agente policial habría ingresado al edificio y acorralado a un estudiante en los baños. “Tras cerrar la puerta, lo amedrentó expresando: ‘Vos sos el macho de ayer, parate de manos ahora’, y realizó ademanes de agresión física”, señala el texto.
El segundo hecho se registró el 16 de octubre. En esa oportunidad, cuatro efectivos de Infantería ingresaron al establecimiento “portando escudos y armas de fuego”. Los uniformados solo se retiraron tras el reclamo de una docente, según el escrito.
Reunión clave
Luego de ambos episodios, Sergio Robin, decano de la institución, y Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, mantuvieron una reunión para aclarar lo sucedido. Allí, el gobierno provincial se comprometió a investigar los hechos. Sin embargo, un grupo de representantes de distintos estamentos universitarios decidió avanzar con la presentación del habeas corpus colectivo, al que la Justicia Federal finalmente hizo lugar.
fuente. tendenciadenoticias