El Gobierno de Tucumán puso en marcha un plan de prevención de inundaciones que contempla una inversión de al menos $ 10.000 millones y la ejecución de más de 40 frentes de obras en distintos puntos de la provincia, ante la proximidad de la temporada de lluvias y las advertencias sobre posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño.
Mientras el Poder Ejecutivo aseguró que trabaja para reducir los riesgos de desbordes y anegamientos, dirigentes opositores cuestionaron la falta de soluciones estructurales y reclamaron información sobre el avance de los trabajos y la utilización de los recursos públicos.
Plan Integral de Prevención Hídrica
El programa, denominado Plan Integral de Prevención Hídrica, es coordinado por los ministerios de Obras Públicas, encabezado por Marcelo Nazur, y del Interior, a cargo de Darío Monteros. También participan la Dirección Provincial del Agua, Vialidad Provincial y distintas administraciones municipales y comunales.
Según la información oficial, las intervenciones se desarrollan mediante contrataciones con empresas privadas y trabajos ejecutados directamente con personal y equipamiento del Estado.
Nazur explicó que, para ampliar la capacidad de respuesta, la Provincia contrató más de 15.000 horas de utilización de maquinaria pesada, distribuida en diferentes localidades.
Las tareas incluyen limpieza de canales, extracción de sedimentos, ensanchamiento de cauces, construcción de defensas y mejoramiento de los sistemas de drenaje en sectores considerados vulnerables frente a las crecidas.
Uno de los principales focos de intervención se encuentra en el Gran San Miguel de Tucumán, donde las cuadrillas realizan trabajos de limpieza y desmalezamiento en Canal Norte y Canal Sur, además de retirar barro, residuos y vegetación acumulada en otros desagües de la Capital.
Sobre el río Salí
También se desplegaron equipos sobre el río Salí, especialmente en sectores comprendidos entre Banda del Río Salí y Alderetes, donde las autoridades buscan disminuir el riesgo de erosión y desbordes que puedan afectar viviendas cercanas.
En Los Vallistos, el Ministerio de Obras Públicas acordó con vecinos y autoridades municipales la ejecución de trabajos destinados a proteger los barrios 140, 80 y 200 Viviendas.
El proyecto contempla la construcción de un terraplén de contención con suelo cemento, el ensanchamiento y la limpieza del cauce, la protección de barrancas y la elevación de determinados sectores próximos al río.
Además, se ejecuta un canal de alivio de 24 metros de ancho y se trabaja en la recuperación del recorrido original del Salí, con la finalidad de facilitar el escurrimiento del agua y disminuir el desgaste de sus márgenes.
En Yerba Buena, las intervenciones se concentran en el canal Cainzo, mientras que en Tafí Viejo se realizan tareas de limpieza y acondicionamiento de desagües en calle Marco Avellaneda y el barrio 10 de Agosto.
Hacia el este provincial, el programa comprende distintos sectores del río Salí, tanto en Cruz Alta como en Los Gómez, departamento Leales, además del canal Virginia, en Burruyacu.
Ordenar cauces de ríos
En Famaillá, los equipos trabajan sobre el arroyo Maravilla, mientras que en Lules se desarrollan tareas para ordenar el cauce del río y reforzar sus márgenes, afectados por la extracción de áridos.
Uno de los puntos que concentra especial atención es La Madrid, en el departamento Graneros, una localidad que sufrió reiteradas inundaciones durante temporadas anteriores.
Allí se ejecutan trabajos para ampliar la capacidad del río Marapa, particularmente en el tramo comprendido entre el puente de la ruta nacional 157 y el puente ferroviario.
El Gobierno también informó sobre inversiones destinadas a instalar alcantarillas en distintos sectores de la ruta 157, así como en la ruta nacional 38, a la altura de Rumi Punco, y en la ruta provincial 323.
En el sur tucumano, el plan incluye la protección de barrancas del río Chirimayo, en Concepción, y la remoción de sedimentos, ramas y residuos acumulados debajo del puente sobre el río Medina, en Simoca.
En Monteros y Arcadia
Otras intervenciones alcanzan al río Seco, en Monteros; la zona de La Tala; el arroyo Achera, en Arcadia; y los ríos Chico, El Polear y Los Córdoba.
En los Valles Calchaquíes, las tareas comprenden el encauce del río Santa María en Colalao del Valle y El Bañado, además de trabajos previstos en Amaicha del Valle.
Pese al despliegue anunciado, la oposición provincial insistió en que las medidas deben acompañarse con información precisa sobre su ejecución y resultados.
El legislador radical Agustín Romano Norri presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo un informe actualizado sobre las intervenciones realizadas en sectores críticos de San Miguel de Tucumán.
El pedido pone especial atención en los 31 puntos identificados en el Plan de Contingencia de 2025, considerados vulnerables frente a anegamientos e inundaciones urbanas.
Obras puntuales
Romano Norri sostuvo que, además de proyectar obras de largo plazo, resulta indispensable conocer qué medidas concretas se están aplicando en los lugares donde los vecinos enfrentan mayores riesgos.
Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez volvió a cuestionar la falta de tratamiento de una iniciativa presentada a comienzos de año para convocar al ministro Nazur a la Legislatura.
La propuesta buscaba que el funcionario explicara el estado de los trabajos de limpieza, dragado y ampliación de los cauces de los ríos Chico, Marapa y Salí, entre otros, además del mantenimiento de canales y sistemas de drenaje en las ciudades y el área metropolitana.
La parlamentaria también reclamó información sobre el destino de los fondos asignados mediante la Ley de Emergencia Hídrica, el porcentaje efectivamente ejecutado y las contrataciones realizadas bajo ese régimen.
Elías de Pérez consideró que la reiteración de inundaciones demuestra deficiencias en la planificación y capacidad de respuesta del Estado provincial, con consecuencias directas sobre las familias afectadas.
Mientras el Gobierno provincial apuesta a los trabajos preventivos actualmente desplegados, la oposición exige mayores controles sobre la inversión y reclama un programa de infraestructura que permita superar las intervenciones de emergencia.
Con más de 40 obras en ejecución y una inversión anunciada de al menos $10.000 millones, el principal desafío de la Provincia será comprobar si las tareas realizadas resultan suficientes para reducir los daños cuando comiencen las precipitaciones más intensas de la temporada.