El gobierno de Tucumán presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue una presunta maniobra de comercialización ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal, identifique a los responsables de los loteos irregulares promocionados a través de redes sociales y adopte medidas urgentes para proteger los inmuebles de dominio público provincial y preservar las pruebas de la investigación.
La presentación fue realizada por el abogado Santiago Luis Xamena, en representación del Superior Gobierno de la Provincia, luego de una serie de averiguaciones impulsadas por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.
La denuncia fue dirigida contra autores desconocidos por la presunta comisión de los delitos de usurpación y tentativa de estelionato, con el objetivo de esclarecer una supuesta maniobra destinada a apropiarse y comercializar de manera fraudulenta terrenos pertenecientes al Estado en la villa turística.
Publicaciones de ventas
La investigación se originó a partir de publicaciones detectadas en la red social Facebook, donde un perfil identificado como “Viví el Cadillal MIS Dulces Tentaciones” ofrecía lotes ubicados en el sector denominado Ampliación Villa del Parque.
Según la denuncia, personas aún no identificadas promocionaban terrenos emplazados sobre tierras que integran el dominio público provincial y se presentaban como supuestos propietarios con facultades para venderlas, pese a tratarse de bienes inalienables que no pueden ser objeto de operaciones comerciales.
La presentación judicial sostiene además que los inmuebles ofrecidos se encuentran en un área que las autoridades consideran de especial protección debido a su relevancia ambiental y arqueológica, por lo que debe permanecer al margen de desarrollos inmobiliarios.
Fines paisajísticos, turísticos, recreativos y ambientales
En el escrito, Xamena recordó que El Cadillal integra el dominio público del Estado provincial y que esos espacios fueron destinados al uso y disfrute de toda la comunidad con fines paisajísticos, turísticos, recreativos y ambientales. También advirtió que los loteos clandestinos y las intervenciones denunciadas generan desmontes con fines inmobiliarios que afectan seriamente la masa boscosa y alteran el uso del suelo.
El representante de la Fiscalía de Estado subrayó además que la zona está alcanzada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán, establecido por la Ley Provincial Nº 8.304, que la clasifica como un área de muy alto valor de conservación y prohíbe expresamente cualquier transformación del terreno.
Junto con la denuncia, el Gobierno solicitó que la causa sea remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, y requirió la producción de diversas medidas probatorias destinadas tanto a identificar a los responsables como a resguardar los inmuebles fiscales.
Ocupantes ilegales
Entre las diligencias solicitadas figura una inspección ocular a cargo de la Dirección General de Catastro y de la División Ingenieros de la Policía, con el propósito de detectar eventuales ocupantes, elaborar una planimetría georreferenciada y determinar la situación dominial de los terrenos.
Asimismo, pidió que se libren oficios a las empresas de telefonía para identificar a los titulares de los números publicados en los anuncios de venta, que intervenga la Unidad de Investigación de Delitos Telemáticos para preservar las publicaciones realizadas en Facebook e individualizar a sus responsables y que, en caso de comprobarse ocupaciones ilegales, se disponga la restitución provisoria de los inmuebles al Estado provincial.
Durante las averiguaciones preliminares, uno de los presuntos vendedores informó que los terrenos ofrecidos tendrían superficies de 600, 820 y 1.200 metros cuadrados. Según esa versión, los dos primeros eran comercializados por $ 15 millones cada uno, mientras que el lote de mayor extensión tenía un valor de $ 40 millones.
Boleto de compraventa con cesión de posesión
El mismo hombre manifestó además que, al concretar la operación, entregaba a los compradores un boleto de compraventa con cesión de posesión, ya que los terrenos no contaban con escritura.
De acuerdo con las primeras investigaciones desarrolladas por las autoridades provinciales, la presunta maniobra habría comenzado en 2010, cuando los responsables empezaron a ofrecer tierras en El Cadillal asegurando contar con documentación que acreditaba supuestos derechos hereditarios sobre esos inmuebles.
Finalmente, Xamena solicitó que la denuncia sea tramitada como Asunto de Feria, con habilitación de días y horas inhábiles. Fundamentó ese pedido en que las publicaciones de venta continúan activas en redes sociales y advirtió que cualquier demora podría favorecer nuevas operaciones ilegales, incrementar el perjuicio patrimonial para la Provincia y comprometer el éxito de las medidas de prueba solicitadas en la investigación.
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