La situación dominial de cientos de inmuebles en la villa turística de El Cadillal continúa sin una definición concreta y mantiene abierto uno de los conflictos territoriales más prolongados de Tucumán. Mientras el Gobierno provincial y la Legislatura analizan alternativas para reabrir el proceso de regularización de tierras, todavía no existe una respuesta oficial para quienes quedaron fuera del plan implementado por la Provincia.
La discusión volvió a cobrar fuerza luego de que trascendiera que las autoridades buscan acelerar la resolución de los expedientes de quienes cumplieron con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, al tiempo que intentan frenar el crecimiento de operaciones de compraventa sobre terrenos que aún carecen de regularización.
Operativos y desalojos
El debate se intensificó tras la intervención que, a comienzos de 2024, realizaron funcionarios de la Fiscalía de Estado junto con distintas áreas del Gobierno provincial en El Cadillal.
Durante ese operativo fueron desalojados terrenos ocupados de manera ilegal o cuyas concesiones habían vencido, además de clausurarse clubes que funcionaban sin la habilitación correspondiente. Sin embargo, uno de los datos que mayor preocupación generó fue el escaso alcance que tuvo el programa de regularización dominial impulsado por la Provincia.
Según un informe oficial, de aproximadamente 2.000 viviendas existentes en la villa, solo unos 1.300 propietarios iniciaron el trámite previsto por la ley. De ese universo, únicamente alrededor de 130 reunieron las condiciones necesarias para avanzar hacia la segunda etapa del proceso, consistente en la compra de las tierras que actualmente ocupan al Estado provincial.
Nueva ley
La posibilidad de destrabar el conflicto pasa, según coinciden distintos sectores del oficialismo, por la sanción de una nueva ley que permita reabrir el proceso de regularización.
No obstante, la futura normativa contemplaría mayores restricciones que la anterior. De acuerdo con el análisis que realizan funcionarios provinciales, quedarían excluidos quienes construyeron en zonas de reserva ambiental, en sectores que incumplen normas de seguridad o aquellos que ocupan grandes extensiones de terreno.
Desde Casa de Gobierno reconocen que el paso del tiempo volvió más complejo el problema y consideran que resulta necesario diferenciar situaciones muy distintas entre sí.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que no puede recibir el mismo tratamiento quien construyó una vivienda para residir de manera permanente que quien adquirió un predio de varias hectáreas destinado exclusivamente a una casa de fin de semana.
Conflicto dominial
En el ámbito legislativo existe coincidencia en que una nueva norma aparece como la única herramienta capaz de encauzar definitivamente el conflicto dominial.
Sin embargo, los parlamentarios también analizan el impacto político que podría tener una iniciativa de estas características, especialmente en un escenario marcado por el inicio del proceso electoral.
Desde la Legislatura sostienen que la futura ley debería contemplar determinadas situaciones particulares, pero al mismo tiempo permitir ordenar el complejo escenario jurídico que presenta actualmente El Cadillal.
En paralelo, dentro del Gobierno también existen interrogantes sobre las consecuencias de una eventual reapertura del régimen de regularización. Aun así, consideran que avanzar en la resolución de un problema que lleva décadas podría representar un resultado positivo para la gestión provincial.
Mientras se analizan las alternativas legislativas, el Ejecutivo provincial buscaría agilizar la situación de aquellos propietarios que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por el plan vigente.
Operaciones de ventas
La decisión también responde a otra preocupación detectada en los últimos meses: el incremento de operaciones de compraventa sobre propiedades que aún no cuentan con la correspondiente regularización dominial, una práctica que las autoridades consideran riesgosa porque podría profundizar los conflictos legales existentes.
El debate también genera inquietud entre los residentes de la villa turística. Uno de los ocupantes afincado en la zona, lamentó que El Cadillal vuelva a ocupar la agenda pública por cuestiones vinculadas con las tierras, justo cuando —según señaló— el lugar comenzó a recuperar el atractivo que había perdido en años anteriores.
El vecino destacó que el lago volvió a encontrarse completamente lleno de agua, una situación que consideró fundamental para la recuperación ambiental y turística de una reserva natural de esas características.
Otra habitante en la misma situación, en diálogo con un medio local, sostuvo que muchas personas optaron por no regularizar sus propiedades creyendo que nunca habría consecuencias, aunque ahora, ante el avance de las actuaciones oficiales, existe preocupación entre quienes temen perder los inmuebles.
También advirtió que continúan concretándose ventas de terrenos sin regularización, una situación que, a su entender, puede generar nuevos conflictos para futuros compradores.
Finalmente, afirmó que el crecimiento sostenido de El Cadillal, ubicado a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, dependerá de que las autoridades logren ordenar definitivamente la situación dominial de la villa, al considerar que esa es la única alternativa para brindar seguridad jurídica y consolidar su desarrollo.