Una condena por usurpación contra un ex integrante de la Policía Federal se convirtió en un nuevo respaldo judicial para el proceso de recuperación de tierras fiscales que impulsa el Gobierno de Tucumán en El Cadillal y otras villas turísticas de la provincia. El fallo, considerado emblemático por las autoridades, forma parte de una serie de causas iniciadas el año pasado para recuperar inmuebles públicos ocupados de manera irregular.
El condenado es Víctor Hugo Arroyo, quien recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional tras ser hallado responsable de usurpar un terreno fiscal de casi 450 metros cuadrados en El Cadillal. Además de la condena, el juez le impuso el pago de las costas y demás accesorias legales del proceso, y le prohibió acercarse al inmueble o realizar cualquier acción que altere su posesión.
En 2023
Según la acusación, Arroyo ocupó el predio entre mayo y agosto de 2023. Ese mismo año, técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaron la ocupación irregular y, con la intervención de especialistas de la Dirección General de Catastro, comprobaron que el terreno pertenecía al Estado provincial y había sido concesionado a una empresa para desarrollar un complejo turístico.
A partir de esa constatación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó iniciar el procedimiento administrativo para recuperar el inmueble y promover una denuncia penal contra el ocupante.
La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Saltor y, con la participación de la Fiscalía de Estado como querellante, en abril de 2025 se solicitó formalmente la restitución del terreno a favor de la Provincia.
Un herencia
Durante el proceso, Arroyo sostuvo que había heredado el inmueble y que desde hacía años abonaba los tributos correspondientes. Sin embargo, el juez Guillermo Taylor rechazó esos argumentos, hizo lugar al planteo de la acusación, convalidó la imputación por usurpación y cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera percibido impuestos sobre un terreno perteneciente al patrimonio provincial.
A diferencia de la mayoría de las causas similares, que se resolvieron mediante juicios abreviados, este expediente avanzó hasta el debate oral. En esa instancia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomaz, por instrucciones del fiscal Fernando Blanno, mantuvo la acusación original.
La defensa solicitó la absolución al insistir en que Arroyo no había ocupado un inmueble ajeno porque consideraba que era de su propiedad. Por su parte, la querella, integrada por Santiago Xamena en representación de la Fiscalía de Estado, Ariel Llabra por la Dirección General de Catastro y Gerónimo Musso por el Ente Tucumán Turismo, acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal.
Prohibición de acercamiento
Finalmente, el juez Guido Buldurini dictó la condena que dio por acreditado el delito de usurpación y dispuso, además de la pena condicional, la prohibición de acercamiento al predio como regla de conducta.
Tras conocerse el fallo, la fiscal de Estado destacó el alcance institucional de la resolución. “El terreno recuperado no es un lote cualquiera. Se trata de un bien público protegido por leyes históricas de la provincia, destinado exclusivamente a la preservación ambiental y al desarrollo turístico”, afirmó Pedicone.
Agregó que la sentencia ratifica que las tierras públicas pertenecen a toda la comunidad y no pueden ser apropiadas por particulares para beneficio propio.
La funcionaria recordó que durante años El Cadillal fue escenario de numerosas irregularidades dominiales, una situación que se profundizó especialmente durante la pandemia. En ese contexto, explicó que el proceso de regularización continúa avanzando, aunque reconoció que se trata de un mecanismo complejo debido a la cantidad de organismos involucrados y de situaciones que deben analizarse.
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