La Justicia avanzó con una investigación iniciada luego de una manifestación realizada frente a la municipalidad. Las mujeres habían reclamado asistencia tras los daños provocados por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad.
Denuncia de la intendenta
Diez vecinas de la ciudad de Graneros fueron imputadas por la Justicia luego de participar en una protesta realizada para reclamar ayuda ante las inundaciones que afectaron a numerosas familias de la zona.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la intendenta municipal, Raquel Graneros, y su madre, María Alejandra Cejas, quien aseguró haber recibido amenazas durante la manifestación.
El episodio ocurrió después de las intensas precipitaciones que provocaron anegamientos y daños materiales en distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, un grupo de mujeres se concentró frente al edificio municipal para exigir respuestas y asistencia para las familias damnificadas.
Investigación judicial
Según trascendió, la denuncia presentada por la jefa municipal derivó en una investigación judicial que avanzó durante las últimas semanas y que ahora tiene a diez vecinas formalmente imputadas.
De acuerdo con la acusación, las manifestantes habrían protagonizado hechos considerados intimidatorios durante la protesta. La Justicia resolvió formular cargos y continuar con la investigación para determinar las responsabilidades de cada una de las involucradas.
Reclamo por la asistencia a familias afectadas
Las mujeres imputadas sostienen que la movilización se produjo en medio de una situación crítica generada por las inundaciones y que el objetivo era reclamar ayuda para vecinos que habían sufrido pérdidas materiales a raíz del temporal.
El caso generó repercusiones en Graneros y en distintos sectores políticos y sociales de Tucumán. Diversas organizaciones cuestionaron el avance judicial al considerar que se trata de vecinas que se manifestaban en busca de soluciones frente a una emergencia.
Reclamaban asistencia
Desde esos espacios señalaron que las mujeres reclamaban asistencia para familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y por los daños ocasionados en barrios de la ciudad tras las lluvias.
Por su parte, la investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente. La Justicia deberá analizar testimonios, registros y demás elementos probatorios para establecer si durante la manifestación existieron amenazas o conductas que constituyan un delito.
Mientras tanto, las diez vecinas permanecen imputadas en una causa que mantiene abierta la discusión sobre los límites entre la protesta social y las denuncias por presuntas intimidaciones a funcionarios públicos.