En Casa Rosada consideran urgente activar el Congreso para ganar impronta en la agenda mediática y aprovechar la ventana en la que los aliados están dispuestos ayudar. El contacto inesperado de una provincia enfrentada con Nación.
La Casa Rosada busca alejar los ruidos mediáticos que atormentan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una reactivación de las gestiones políticas. Si bien el ministro coordinador se encargará de mostrar dinamismo en el frente gubernamental, muchos al interior del Gabinete afirman que serán otros los que encabecen el proceso para generar agenda desde afuera: esto se dará en el Congreso de la Nación a través del tratamiento de distintas iniciativas que buscarán ocupar la tapa de los medios de comunicación.
El proyecto impulsado por el Gobierno tiene el apoyo de las provincias mineras, ya que permitirá la incursión de explotaciones de diferentes minerales en áreas que actualmente son consideradas periglaciares. “Con el apoyo de esos gobernadores, otros aliados de las provincias y los bloques afines sentimos que vamos a tener los votos para poder aprobarla”, afirma una fuente de alto rango en la Cámara de Diputados.
El vínculo que Nación pueda seguir estableciendo con un grupo de gobernadores se presagia vital para que el Gobierno pueda mantener una agenda positiva en materia de reformas. Sin ellos, al oficialismo le resultaría imposible poder aprobar proyectos en el Congreso.
En la toma de decisiones políticas del Gobierno consideran que las alianzas con los distintos gobernadores que le han brindado apoyo a La Libertad Avanza siguen intactas. “Creemos que tenemos hasta agosto para poder continuar con la dinámica que tuvimos desde las sesiones extraordinarias”, afirman en ese círculo.
Pese a que el presidente Javier Milei consignó que el 2026 sería el año más reformista de su gestión, durante el mes de marzo el Congreso permaneció prácticamente sin actividad.
Para retomar los vínculos con los gobernadores, Milei adoptó una postura concesiva y firmó ayer un decreto en el que autoriza un desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de adelantamiento de fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones. Este saldrá el próximo lunes en el Boletín Oficial.
El paquete de adelanto autorizado por el Ejecutivo tiene como destinatarias a provincias alineadas o en diálogo frecuente con el oficialismo, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también a distritos con fuerte oposición al gobierno central, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego, junto a Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
Las gestiones políticas detrás de estos acuerdos son atribuidas internamente al ministro del Interior, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Uno desde el lado político y otro desde el punto de vista del cuidado fiscal.
“Fue una buena jugada la del adelanto financiero a las provincias. Le sirve al Gobierno para ordenar la relación fiscal y financiera con los gobernadores que todos los meses les piden adelanto de copa (sic). Fija un límite, lo cual es bueno. La mala es que las provincias están para atrás. No hay ninguna provincia que esté bien”, afirma una fuente que trabaja en esta materia junto al Gobierno.
Y es que la medida se adopta luego de que, en marzo, el reparto automático de impuestos registrara una baja del 11,3% respecto a febrero, agravando la situación de las cuentas provinciales y forzando a los gobernadores a buscar alternativas para evitar un mayor endeudamiento. La aprobación de este mecanismo anticipado es la respuesta a ocho meses consecutivos de deterioro en la recaudación y busca contener la crisis fiscal que se profundiza a nivel subnacional. En las provincias se quejan de que la recaudación total es de 1 billón de pesos menos en el trimestre si se la compara con la del año anterior.
“Eso se ve en la recaudación provincial. La situación es dramática, están todos preocupados sean del color que sea. Están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman. El adelanto de coparticipación es uno de los pocos recursos que tenía a disposición el Gobierno como para aliviar el estado de ciertos gobernadores. En rigor, busca evitar que la crisis provincial derive en un incremento de la deuda externa subnacional.
El mecanismo, que ya había sido instrumentado para Entre Ríos en enero de 2026, responde a la evaluación puntual de la situación fiscal de cada provincia y establece la devolución del monto recibido antes de finalizar el año, con una tasa de interés del 15%. La política busca impedir que las administraciones locales acudan al crédito externo, donde el costo financiero oscila entre 30% y 45%.
Transferencia a provincias
El hundimiento de los recursos coparticipables tuvo un impacto transversal e inmediato. De acuerdo con los cálculos de Politikón Chaco que obtuvo Clarín, durante marzo las transferencias sumaron $5,05 billones, cifra que en términos constantes implica una pérdida superior a $1,15 billones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en el primer trimestre de 2026. Estas cifras sitúan al actual comienzo de año como el segundo más bajo, solo superado por el resultado de 2024.
Pese a todo, ni Nación ni las provincias tienen un margen fiscal suficiente como para reclamarse mutuamente. “Las vacas flacas son para todos”, dice un funcionario del Gobierno Nacional.
El nivel de desesperación de ciertos gobernadores es tal que hasta los más lejanos al mileísmo han debido ceder en algunos aspectos de su política pública. Infobae adelantó el mes pasado que el fueguino Gustavo Melella impulsaría la adhesión de su provincia al RIGI -una de las políticas insignia impulsadas por Milei- para buscar mayores inversiones a su provincia en medio de una difícil situación financiera que atraviesa su gestión.
También para La Rioja
La flexibilización en los vínculos con Nación también alcanza a la gobernación de La Rioja que comanda Ricardo Quintela. Días atrás, uno de sus hombres de mayor confianza y secretario general, Ricardo Herrera, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las versiones son disímiles según el caso. En la provincia afirman que fue una reunión cuasi protocolar entre dos personas que se conocen desde hace décadas, mientras que los libertarios afirman que se solicitó para reclamar por fondos para su provincia.
Circuló por estas horas que Nación se habría dispuesto a dar partidas presupuestarias a cambio de que Quintela implemente la Boleta Única Papel, se adhiriera al RIGI y aplique una normativa de transparencia en el manejo de los fondos públicos para su administración. El representante riojano no habría garantizado ninguna de estas opciones. Pese a todo, La Rioja fue una de las provincias que recibirán adelantos de coparticipación. Mientras tanto, en la gobernación esperan una resolución de la Corte Suprema respecto a un reclamo por USD 1.200 millones de fondos retenidos de manera presuntamente indebida por el Estado Nacional.
fuente: infobae