A casi dos décadas del asesinato de Paulina Alejandra Lebbos, la causa finalmente llegará a juicio oral y público por el delito de homicidio agravado por alevosía. Desde el 2 de marzo, César Soto, ex pareja de la joven y padre de su hija, se sentará en el banquillo acusado de ser el autor del crimen que conmocionó a Tucumán y marcó un antes y un después en la historia judicial de la provincia.
Años de encubrimientos
El proceso se presenta como un punto de inflexión en una investigación atravesada por años de desvíos, encubrimientos y responsabilidades institucionales. Hasta ahora, Soto nunca había sido juzgado directamente por la muerte de la estudiante universitaria, pese a que su nombre estuvo desde el inicio vinculado a la causa.
El fiscal de Cámara Carlos Sale sostuvo al formular la acusación que la prueba reunida permite afirmar, con el grado de certeza requerido para esta etapa, que Soto es penalmente responsable del homicidio. En el requerimiento de elevación a juicio señaló que la acusación no surge de una hipótesis tardía, sino de un análisis integral de toda la causa y, especialmente, de lo que dejó establecido la sentencia dictada en el juicio por encubrimiento, que ordenó profundizar la investigación sobre el imputado.
Los pasos del crimen
Según la acusación fiscal, el crimen ocurrió en la madrugada del 26 de febrero de 2006, entre las 6.30 y las 7, en el departamento de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos al 1.200, en San Miguel de Tucumán. Allí, Paulina —quien tenía llave del lugar y solía quedarse en el inmueble— habría mantenido una discusión con su pareja. El fiscal describió que, aprovechando su superioridad física y con clara intención homicida, Soto la tomó del cuello y la asfixió hasta provocarle la muerte.
Pidió ayuda
La imputación también abarca lo sucedido después del ataque. Para el Ministerio Público, el acusado no actuó solo al momento de deshacerse del cuerpo. La hipótesis fiscal sostiene que pidió ayuda y que, junto a Sergio Hernán Kaleñuk, trasladó el cadáver hasta la zona de Tapia, donde fue abandonado a la vera de la ruta 341. El ocultamiento, según la acusación, formó parte de la misma secuencia criminal destinada a garantizar la impunidad.
Gran parte de las pruebas que sostienen la acusación provienen del juicio por encubrimiento, conocido como “Causa Gómez”, en el que se investigaron maniobras policiales y políticas destinadas a desviar la pesquisa. Testimonios de familiares y amigos, informes telefónicos, pericias forenses, estudios psicológicos y reconstrucciones de las últimas horas de Paulina fueron analizados en conjunto para sostener la hipótesis acusatoria.
Antecedentes de violencia
Entre los elementos que comprometen especialmente a Soto, la fiscalía remarca antecedentes de violencia en la relación. Durante el juicio anterior surgieron referencias a discusiones, escenas de control y episodios de celos que, para el Ministerio Público, permiten comprender la dinámica previa al hecho y encuadrar el crimen como el desenlace de un proceso de violencia sostenida.
Otro punto clave es la conducta posterior del imputado. Según el fiscal, Soto mostró una actitud distante tras la desaparición de Paulina, no participó activamente de su búsqueda y ofreció versiones contradictorias. Para la acusación, esos comportamientos adquieren relevancia cuando se los analiza junto al resto de la prueba.
Varios policías condenados
Paulina fue vista con vida por última vez la noche del 25 de febrero de 2006, cuando salió con amigos y luego se dirigió al departamento de Soto. Al no regresar, su familia denunció la desaparición. El cuerpo fue hallado el 11 de marzo en circunstancias que luego quedaron bajo sospecha por las irregularidades detectadas en la investigación inicial. Esas maniobras derivaron en condenas contra ex jefes policiales y ex funcionarios, pero la autoría material del homicidio nunca había sido debatida en un juicio oral.
Recién en 2019, el tribunal que juzgó el encubrimiento ordenó remitir actuaciones para investigar la posible responsabilidad penal de Soto. Esa decisión quedó firme en 2021, consolidando el camino hacia el proceso que comenzará ahora.
Una instancia histórica
El debate estará a cargo de los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli. Para la fiscalía, se trata de una instancia histórica: por primera vez se discutirá en un juicio oral y público quién mató a Paulina Lebbos. A veinte años del crimen, la expectativa social es alta y el proceso promete reabrir una de las heridas más profundas de Tucumán, con la posibilidad de alcanzar finalmente una verdad judicial sobre el caso.