La Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró el natatorio del Instituto Nacional de Deportes (IND), ubicado en calle Congreso 669, en barrio Sur, donde en noviembre de 2025 murió ahogado Gabriel Sebastián Palavecino, un joven de 32 años con retraso madurativo. La medida fue dispuesta por falta de habilitación municipal, requisito obligatorio para el funcionamiento de este tipo de establecimientos.
La pileta operaba sin contar con la autorización correspondiente, pese a que sobre el lugar pesa una investigación judicial por el fallecimiento ocurrido durante una clase de natación. La clausura se produjo casi dos meses después del trágico episodio y mientras la causa avanza en la Justicia provincial.
Cinco minutos bajo el agua
Palavecino murió por asfixia por inmersión luego de permanecer sumergido durante aproximadamente cinco minutos sin recibir asistencia. Testigos indicaron que ninguno de los profesores a cargo advirtió la situación a tiempo, lo que motivó a la familia a presentar una denuncia penal para que se determinen responsabilidades.
De acuerdo con la investigación, el joven fue retirado de la pileta cuando ya no presentaba signos vitales. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, incorporadas al expediente, muestran que durante ese lapso no hubo intervención del personal del natatorio ni presencia de un guardavidas en el sector donde se encontraba Gabriel.
Por recomendación médica
La familia sostuvo que el joven había comenzado a asistir a clases por recomendación médica y que incluso habían contratado a un acompañante profesional. Sin embargo, denunciaron que el establecimiento no solicitó estudios médicos previos ni evaluó su condición física, pese a que no sabía nadar con soltura.
El abogado de la familia, Marco Rossi, denunció graves irregularidades en el funcionamiento del natatorio y afirmó que se trató de un caso de abandono de persona. “La muerte de Gabriel se podría haber evitado. No hubo asistencia, no hubo control y no hubo protocolos mínimos de seguridad”, sostuvo.
Investigación judicial
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I. Hasta el momento no hay imputados, aunque la familia adelantó que avanzará también con acciones civiles contra los responsables del lugar.