El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió ayer a explicar el alcance y el origen de los fondos que recibió la provincia en las últimas semanas, en medio del debate parlamentario del Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.
De acuerdo con las planillas oficiales, Tucumán percibió alrededor de $ 20.000 millones en concepto de ATN, una cifra importante que pone al mandatario tucumano en el centro de la discusión pública por su vínculo con la Casa Rosada.
Jaldo sostuvo que esos recursos no constituyen un beneficio excepcional ni un premio político, sino que se trata de dinero que pertenece a las provincias y que es administrado transitoriamente por el Estado nacional.
El mandatario remarcó que los ATN están contemplados en la Ley de Coparticipación Federal y tienen como finalidad atender emergencias o desequilibrios financieros provinciales.
Explicó además que, cuando la recaudación nacional no se distribuye en su totalidad durante el ejercicio fiscal, esos fondos no pueden destinarse a otros fines y terminan impactando en el resultado fiscal nacional, incrementando el superávit o reduciendo el déficit.
El gobernador puntualizó que la decisión de asignar ATN es política y recae en el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, pero insistió en que, al concretarse la transferencia, la Nación está devolviendo recursos que corresponden a las provincias.
En ese marco, señaló que los $ 20.000 millones recibidos por Tucumán representan apenas una parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia, estimada en una cifra que triplica ese monto.
Para obras de emergencia
Jaldo recordó que la normativa es explícita: los ATN deben utilizarse para obras de emergencia hídrica, canalización y limpieza, programas prelluvia, trazas camineras y otras intervenciones de carácter urgente.
Frente a las suspicacias generadas por el momento político en el que se realizaron los giros, fue enfático al señalar que no existe una contraprestación encubierta ni una compra de voluntades legislativas.
En ese sentido, aclaró que el acompañamiento de Tucumán a determinadas iniciativas nacionales se da en el marco del consenso institucional, pero con límites claros, al advertir que la provincia no respaldará medidas que afecten a las personas con discapacidad ni al financiamiento de la educación universitaria.
Un informe privado
Según el informe privado, la gestión de Javier Milei introdujo un quiebre respecto del patrón histórico, ya que la provincia de Buenos Aires dejó de ser la principal beneficiaria. En el nuevo escenario político, los ATN pasaron a funcionar como una herramienta para construir alianzas con los gobernadores, compensando de manera parcial el recorte de otras transferencias presupuestarias.
En ese sentido, Jaldo despejó sospechas: “Los ATN -sostuvo-, no deben analizarse desde la lógica del favor político sino como parte de un sistema imperfecto de reparto federal, en el que las provincias reclaman recursos propios administrados por la Nación”.