En El Cadillal, el centro turístico de Tucumán, apenas 200 ocupantes de tierras fiscales han completado los requisitos para adquirir legalmente sus propiedades, representando menos del 10% de las miles de usurpaciones detectadas. Este progreso parcial surge de un plan estatal impulsado por leyes provinciales, pero deja pendiente la resolución para la mayoría, en medio de un caos dominial que incluye estafas y zonas protegidas.
Las autoridades han calificado la situación como una “ensalada dominial” debido a la proliferación de irregularidades en el área. Para abordarla, se promulgaron dos normativas clave: la Ley 9.179 en mayo de 2015, modificada por la 9.591 en 2022. Estas disposiciones permitían al Ejecutivo provincial disponer de terrenos fiscales ocupados hasta el 30 de noviembre de 2018, mediante subastas públicas dirigidas a los actuales poseedores.
Identificación de áreas
Además, mandataban un estudio de zonificación para identificar áreas vendibles y aquellas reservadas para protección ambiental o fines científicos.
El relevamiento reveló que más de 3.000 hectáreas podrían regularizarse en teoría, distribuidas en 85 padrones. Sin embargo, solo 15 se ubicaban en sectores aptos para la enajenación gubernamental, mientras que dos estaban en reservas estrictas y los 58 restantes en zonas destinadas a preservación por su valor investigativo.
Fecha límite
Los interesados debían someter documentación y propuestas económicas antes de julio de 2023, tras lo cual se verificaba si el predio era transferible. En caso afirmativo, el beneficiario podía optar por un pago único o financiado; una vez saldada la deuda, se habilitaba la escrituración, con una restricción de cinco años para cualquier venta, transferencia o subdivisión.
Los resultados fueron decepcionantes: solo 400 individuos iniciaron trámites válidos, equivalente a poco más del 10% de las aproximadamente 3.000 construcciones ilegales identificadas por la Dirección General de Catastro. De ellos, 200 superaron todas las etapas, incluyendo ajustes territoriales como reducir superficies para adecuar viales o corregir límites excedidos.
Actualmente, este grupo aguarda la valuación oficial para formalizar la compra, ya sea al contado o en plazos. No obstante, el grueso de los ocupantes enfrenta incertidumbre, ya que muchos recurrieron a la extinta oficina de Regularización Dominial y Hábitat, no habilitada para estos procesos. Investigaciones oficiales apuntan a que personal de esa dependencia, algunos procesados por subdivisiones ilícitas en El Mollar, exigieron pagos indebidos a cambio de supuestas gestiones.
Engaños y estafas
Luciana Castro, una afectada, denunció haber sido víctima de engaño por parte de funcionarios estatales que promocionaron servicios pagos, pese a que las leyes no contemplaban cobros extras. “Nadie puede negar que fuimos estafados por el mismo Estado. Los trabajadores de esa repartición vinieron a ofrecer realizar todos los trámites a cambio de dinero. ¿Cómo íbamos a saber que eran unos estafadores?”, expresó.
Por su parte, Esteban Reyna lamentó su incredulidad inicial: “Me equivoqué. Pensé que eso era un verso. Que era humo para hacer creer que todo cambiaría. Jamás me imaginé que alguien intentaría solucionar este problema. La verdad es que ahora me arrepiento porque no sé qué ocurrirá y por gil puedo perder lo que hice con mucho esfuerzo”.
El desenlace permanece indefinido. Fuentes gubernamentales confirmaron que no se planean desalojos forzosos a gran escala en el corto plazo, priorizando opciones alternativas. Entre ellas, se evalúa una nueva legislación para extender beneficios, aunque limitada exclusivamente a edificaciones en áreas autorizadas.