La tecnología, esa fenomenal herramienta que crece exponencialmente y se perfecciona minuto a minuto, puede ser usada para el delito. Pero también ofrece la posibilidad de desenmascarar a quienes lo hacen, dejando rastros que revelan su accionar ilegal y permiten descubrirlos.
Es lo que sucedió con el policía que días atrás quedó vinculado a una causa por robo, sospechado de encubrimiento por haber sido descubierto manejando un automóvil que había sido utilizado durante el asalto.
Sin embargo, al avanzar con la pesquisa, los investigadores sumaron indicios para sospechar que el uniformado también estaba involucrado en la venta ilegal de armas y municiones, venta de dominios y documentos para poder transitar sin problema.
El 22 de octubre, desconocidos ingresaron a un domicilio de Los Ceibos al 300, en Yerba Buena. Luego de violentar el acceso a la vivienda, los delincuentes se apoderaron de $300.000, computadores, celulares, un televisor y una camioneta VW Amarok.
Las cámaras de seguridad identificaron el vehículo que habían utilizado los sospechosos. Días después, personal del Centro de Monitoreo de esa ciudad, informó a los hombres de la Brigada de Investigaciones de ese municipio sobre la presencia del automóvil sospechoso de haber sido usado en el robo. Lograron detenerlo en avenida Aconquija al 1.300. Su conductor fue identificado como César Maximiliano Pacheco, agente de policía.
El uniformado fue procesado por encubrimiento. Por pedido del fiscal Diego López Ávila le dictaron la preventiva por 15 días, pero una jueza de impugnación decidió que la medida cautelar la cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Este viernes, día en el que vencía esa medida, en una audiencia se ventilaron los ilícitos en los que habría estado involucrado y la posibilidad cierta de que sólo sea el eslabón de una organización.
El fiscal López Ávila informó que cuando el sospechoso fue detenido, se le incautó el celular personal. Explicó que el aparato fue analizado por el Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). “En un informe parcial descubrimos que el imputado ofrecía para la venta proyectiles y un cargador y después una pistola calibre 45 y 49 municiones. Además, también se habría dedicado a la comercialización de títulos de dominios y de documentación para que personas puedan transitar libremente”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
López Ávila indicó además que, al analizar el celular del acusado, encontraron que había bajado diferentes aplicaciones para poder realizar la falsificación de los documentos. “Los peritos también encontraron que desde ese aparato se habrían enviado unos 100 documentos falsos, lo que habla a las claras la cantidad de maniobras ilegales que realizó entre octubre y noviembre”, detalló. “También ubicaron intercambio de mensajes con las personas a las que les vendía las armas y la otra documentación”, indicó.
El titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I pidió que se mantuviera la acusación de encubrimiento del robo y que se le endilgaran los delitos de venta ilegal de armas y de documentación. “Es importante destacar que esta persona fue instruida para luchar contra el delito, no para que los cometiera”, argumentó. “Esta es una investigación que recién comienza. Tenemos que determinar de dónde conseguía las armas y si formaba parte de alguna organización más importante”, indicó al pedir que le dictaran la prisión preventiva por cinco meses.
Pacheco, que fue puesto a disponibilidad por las autoridades, no quiso declarar en la audiencia, pero su defensor Humberto Castaldo rechazó la acusación. “No existen pruebas de que realmente haya concretado las ventas. Esta es una investigación que recién comienza y no hay pruebas suficientes para que se le dicte una medida cautelar en su contra”, argumentó durante la audiencia.
El juez Bernardo L’Erario Babot avaló en for parcial las demandas de López Ávila, ya que aceptó la formulación de cargos y aplicó la prisión preventiva, aunque por un plazo de cuatro meses.