En su nuevo libro “Los secretos de la Corte”, la reconocida periodista Silvana Boschi indaga sobre las “presiones, operaciones e internas” del máximo tribunal de Justicia. Infobae publica un adelanto que retrata al controvertido ex juez y actual asesor de Cristina Kirchner.
Eugenio Raúl Zaffaroni llegó a la Corte por su prestigio como penalista, aunque su orientación al llamado “garantismo” le valió críticas no sólo durante el proceso de impugnaciones a su nombramiento sino a lo largo de su gestión de once años en el tribunal. El dirigente peronista Fernando “Chino” Navarro se lo presentó a Kirchner en 2002 en la Casa de Santa Cruz. Aunque su postulación contó con el apoyo de Julio De Vido, ministro influyente y gestor de los grandes negocios del kirchnerismo, en un primer momento tanto Alberto Fernández, entonces Jefe de Gabinete, como el ministro Béliz desaconsejaron su nominación. Ambos conocían la trayectoria y el reconocimiento jurídico de Zaffaroni pero descreían de su criterio político, algo imprescindible en un juez de la Corte. Sin embargo, ante el entusiasmo de Kirchner con esta candidatura, finalmente motorizaron su designación.
El nuevo juez había estado en la Justicia mucho tiempo. Nacido en el barrio porteño de La Paternal y criado en Flores, fue designado juez en San Luis en 1969, a los 29 años, y estuvo en el Poder Judicial hasta 1990, atravesando allí todos los años de la dictadura militar. También vivió un tiempo en México, dos años en Costa Rica —donde dirigió el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito— y un año en Alemania. Fue Convencional Constituyente y titular del Inadi en la presidencia de Fernando De la Rúa. Convertido en un reconocido abogado penalista, llegó a la Corte a los 63 años para cubrir la vacante que dejó Nazareno tras su renuncia.
Durante el proceso de impugnaciones le cuestionaron algunas deudas con el fisco e irregularidades en la declaración de cuentas en el extranjero. Ingresó a la Corte con 43 apoyos y 16 rechazos. Como a todos los candidatos, Kirchner le había preguntado antes de su designación qué pensaba de las causas por violaciones a los derechos humanos y de los planteos por la pesificación de los depósitos bancarios.
Su currículum en el sitio oficial de la Corte ocupaba 200 páginas. Sus libros sobre derecho penal son un clásico en las universidades argentinas. Lo reclaman para impartir clase desde varios países. Pero en el tribunal le cuestionaron su cercanía con la gestión K —invitaba a su cumpleaños al exvicepresidente Amado Boudou y se sacaba fotos que escandalizaban a sus colegas— y algunos jueces y empleados de tribunales se quejaban de que su despacho había sido convertido en una suerte de unidad básica del kirchnerismo.
En 2011 atravesó la parte más polémica de su carrera cuando la ONG La Alameda denunció que poseía cuatro prostíbulos. Zaffaroni reconoció ser el dueño de los cuatro departamentos pero alegó que desconocía la actividad que se ejercía en ellos porque tenía quince propiedades inmobiliarias y delegaba la misión de buscar inquilinos y administrar los alquileres en una agencia y en un apoderado. Aunque sus colegas de la Corte salieron públicamente a respaldarlo o se mantuvieron en silencio, a puertas cerradas algunos de ellos sostenían que un escándalo de esa naturaleza era insostenible y que el juez debería haber pensado en renunciar. Lorenzetti declaró que había que diferenciar el comportamiento privado y el público, y que en la Corte no había ninguna causa de mal desempeño de Zaffaroni.
Entre sus colegas tampoco veían con buenos ojos la relación personal que este juez tenía con De Vido. “La política partidaria hacela afuera, en la Corte no podemos tolerarla”, le dijeron. Optó entonces por moderar sus declaraciones y preservó así la relación con el grupo.
Zaffaroni se jubiló a fines de 2014, a días de cumplir los 75 años. En su carta de despedida aseguró discrepar con el carácter vitalicio de los cargos, al que considera más propio de una monarquía que de un sistema republicano. Después pasó a ser asesor jurídico de Cristina Kirchner en varios de los casos de corrupción que enfrenta en los tribunales, aunque formalmente no la representó como abogado.
En los primeros tiempos de su gestión fue un juez dispuesto a dialogar con la prensa, antes de que la llamada “grieta” lo llevara a recibir en su despacho sólo a los medios alineados con el gobierno de Cristina Kirchner. En un reportaje publicado en Clarín el 6 de julio de 2003, antes de que el Senado aprobara su designación, Zaffaroni señaló: “La postulación me sorprendió, pero lo que el presidente me dijo y que me pareció honesto, y además políticamente correcto, es que quiere una Corte de juristas. Y en ese sentido creo que el principal capital político de Kirchner es la transparencia y la innovación”.
Respecto de los jueces del tribunal que había removido el expresidente, Zaffaroni señaló: “la imagen que se proyectó desde la Corte fue de docilidad al Ejecutivo. Verdadera o falsa, esa es la imagen que hay en la opinión pública”. “El Poder Judicial es poder, es político, es un poder del Estado, de la polis. Pero la partidización sí es un defecto. En cierto sentido, pese a que la terminología pueda sonar rara, diría que hay que aumentar la politización y disminuir la partidización. Ser más política y menos partidista. En el seno de la Corte de los Estados Unidos y en los tribunales constitucionales europeos hay debates políticos ideológicos, que se trasuntan en visiones jurídicas diferentes”, agregó en esa ocasión. “Pero el conflicto que planteó Nazareno (por el que Kirchner pidió al Congreso su destitución) me parece que no tenía estas características. No fue una cuestión ideológica, fue un planteamiento casi de tipo partidista, de una interna del PJ. De todas formas, debo decir en beneficio de Nazareno que me parece correcto que haya decidido dar un paso al costado antes de llegar al juicio político, porque hubiera sido un desgaste mucho mayor; el juicio político es una especie de show, un desgaste para la institución”.
Más allá de sus múltiples méritos académicos, con un record de treinta y ocho doctorados honoris causa otorgados por universidades nacionales y extranjeras, en sus once años como juez de la Corte Suprema fue uno de los más criticados por sus colegas, especialmente por las reiteradas ausencias de su despacho.
Según recuerdan dos de ellos, en los primeros años de su gestión, Raúl —como pedía que lo llamaran— prácticamente no iba a la Corte, aparecía de vez en cuando y firmaba por dos días seguidos quinientos o mil expedientes; pedía licencia por dos meses para ir a Europa todos los años y cuando estaba en Buenos Aires hacía declaraciones fuertes a los medios de comunicación para demostrar que tenía presencia.
Esta conducta hacia enojar a todos los demás —recuerda uno de ellos—. Fayt lo atacaba en todos los acuerdos, le preguntaba cómo era posible que viajara tanto. “Usted busca títulos académicos para hacer doscientas páginas de currículum pero no tiene ninguna sentencia propia”, le decía.
Zaffaroni, lejos de dejarse intimidar, redoblaba la apuesta. Fumaba en los acuerdos o iba en camisa guayabera, lo que provocaba la ira de los otros jueces, siempre de riguroso traje y corbata. También tenía puesta una guayabera y un par de shorts la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando se presentó en la morgue judicial para hacerse cargo de la emergencia tras la tragedia de Cromañón, el incendio del boliche de Once en el que perdieron la vida 193 personas.
Zaffaroni se había quedado como juez de turno en la feria judicial y justamente fue por esa vestimenta informal que al principio los funcionarios de esa dependencia, que pertenece a la Corte, no lo reconocieron ni lo dejaron pasar. Pero superado el malentendido, el juez se puso al frente de la tarea de organizar al personal y de tratar de contener a los familiares. “Estaba en mi casa y cuando me enteré de lo que estaba pasando, fui inmediatamente para la morgue, así como estaba. Porque me imaginé que eso iba a colapsar y había muchas cosas que hacer, como llamar a los juzgados para pedir personal extra y esas cosas”, aseguró el juez en los días posteriores a la tragedia.
En la Corte le critican también que cuando viajaba dejaba su vocalía a cargo del chofer y le daba permiso a todos los empleados para que no fueran a trabajar. Uno de sus excolegas recuerda: “Raúl se negó incluso a aplicar la medida que dispuso Lorenzetti de que todos los empleados ficharan antes de entrar y presentó una nota oponiéndose. Además, nunca hizo un voto propio, ni siquiera en materia penal, sino que firmaba lo que otros hacían y le agregaba algún párrafo. El colmo fue en la Ley de Medios Audiovisuales, porque no participó en las audiencias públicas, no hizo un voto propio y al final firmó la propuesta de Petracchi, quien se quejó abiertamente de esta situación. Al día siguiente salió por todos los medios a hablar de ese fallo: Petracchi se molestó muchísimo con él”.
Durante los últimos años, la relación directa que tenía con miembros de la agrupación kirchnerista La Cámpora también provocó dolores de cabeza a varios de sus colegas. Los jueces más antiguos del tribunal le recriminaron que, apenas entró a la Corte, fue lobbista principal para la excarcelación de Francisco Trusso, según consignó el diario La Nación, el 21 de noviembre de 2003. Se trató del fraude del Banco de Crédito Provincial cuya estafa afectó a mucha gente en La Plata. Trusso fue juzgado y encarcelado, pero cuando la causa llegó a la Corte fue excarcelado. Zaffaroni votó a favor de esta medida, que contó con la oposición de Belluscio y de Maqueda. En la Corte sostienen que monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata y líder del sector más conservador de la iglesia argentina, estuvo en contacto con Zaffaroni y pagó la fianza. Este sector era enemigo del entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, lo que habría influido en que el Sumo Pontífice apoyara la denuncia de La Alameda cuando estalló el escándalo por los departamentos alquilados de Zaffaroni.
En una nota publicada el 30 de junio de 2013 en Clarín, el escritor y político Rodolfo Terragno señaló: “Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró «observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.
No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público. Él no lo desmiente.
Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”. Desde enero de 2016, el juez más polémico y premiado de la Corte, que supo sembrar por igual simpatías y rechazos, se desempeña como uno de los siete integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Infobae