El presidente de la Corte Suprema lo afirmó al presentar en el Palacio de Tribunales una base de datos de libre acceso que permitirá seguir el curso de las causas por corrupción.
La base de datos ya está disponible y da cuenta en tiempo real del estado procesal de 487 investigaciones en trámite y 18 concluídas, de su estado tanto en los 12 juzgados federales como en las dos salas de la Cámara Federal porteña y con actualizaciones diarias y automáticas a medida que los jueces firmen resoluciones.
“La lucha contra la corrupción es una política de Estado donde lo que está en juego es la eficacia en la administración de Justicia”, afirmó Lorenzetti, durante el acto de presentación de la base disponible en el sitio www.cij.gov.ar de la Corte Suprema.
En la presentación, el presidente de la Corte aludió a “una clara voluntad de jueces y juezas que tienen a cargo estas causas y de los fiscales” para dar “transparencia” a su accionar.
La política de lucha contra la corrupción “no debe cambiar según los tiempos o las circunstancias. Lo que está en juego es la eficacia pero el problema es que los jueces deben dictar medidas pero para eso hay que tener la prueba”, explicó.
“La función judicial no es fácil para nadie. No es sencillo ser juez y nosotros estamos en la lucha contra el narcotrafico”, continuó Lorenzetti al hablar sobre la necesidad de una “política integral en la zona de frontera”, algo que “no pueden hacer los jueces y requiere cooperación”.
El titular de la Corte estuvo acompañado por el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Ururzun.
La presentación de la base fue en el cierre de la séptima Conferencia Nacional de Jueces que tuvo lugar desde ayer en La Plata y en el Palacio de Justicia porteño, con disertaciones sobre corrupción, nuevo Código Civil y federalismo judicial, entre otras.
“Todos sabrán dónde está cada causa, los principales datos procesales”, explicó el titular de la Corte y aludió a la garantía de “transparencia” que demanda la sociedad.
Las causas judiciales en trámite aparecerán en el sistema siempre que haya involucrado un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que se trate de un delito vinculado a la actividad de una repartición pública, que lo ocurrido se refiera a obra o servicio público y que afecte algún interés público.
En una primera etapa se comenzará con las causas de Comodoro Py pero el proyecto prevé ampliarlo a tribunales federales de otras jurisdicciones donde también se ventilan casos de corrupción de funcionarios públicos.
Durante el encuentro al que asistieron magistrados de todo el país, se expuso por ejemplo sobre impunidad y corrupción, en una mesa a la que asistieron los jueces federales Claudio Bonadio y Ariel Lijo, el miembro del Tribunal Oral FEdera 2 que juzgó la tragedia de Once Jorge Gorini y el camarista de Casación Mariano Borinsky, entre otros.
“La sociedad pide a gritos que los jueces muestren lo que hacen”, afirmó Borinsky.
Mientras que Gorini consideró que a partir de la tragedia del tren de Once, se empezó a tomar conciencia “de que la corrupción mata”.
Y llamó a los jueces a “no ser funcionales a la impunidad porque nos corresponde garantizar la no impunidad”.
Mientras que Lijo llamó a “generar acciones reales y no meras puestas en escenas” al reclamar participación “en la confección de nuevas herramientas” legales y advirtió que “no es real” la sensación de que las causas por corrupción “se paran”.